La Ley de Bases del Medio Ambiente, en vigencia en Chile desde el 9 de marzo de 1994, envejeció rápidamente, y es casi unánime la opinión de que debe ser reformada.
La encargada del programa de medio ambiente del no gubernamental Instituto Libertad y Desarrollo, Ana Luisa Covarrubias, fue la única de seis personas consultadas por Tierramérica que calificó de bastante buena a la ley.
Líderes de organizaciones ambientalistas no gubernamentales abogaron, en cambio, por crear un Ministerio de Asuntos Ambientales o dar rango ministerial a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), creada hace también 10 años.
El diputado Alejandro Navarro, del cogobernante Partido Socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de su cámara, propuso un ministerio o una superintendencia ambiental, con efectivo poder y capacidad fiscalizadora.
La Conama, dependiente de la Secretaría (ministerio) General de la Presidencia, es un organismo de tercera o quinta categoría, subordinado a otros ministerios y sin capacidad para desarrollar una política ambiental, señalaron ecologistas consultados.
La presidenta del Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora, Jenia Jofré, opinó que la falencia mayor de la ley es que no posibilita una efectiva participación ciudadana en la aprobación de proyectos de inversión ni en iniciativas nacionales o locales sobre el desarrollo sustentable y los problemas ambientales.
Sara Larraín, coordinadora de Chile Sustentable, Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política y Marcel Claude, director de la Fundación Oceana, coincidieron en que la norma no ha sido efectiva para promover la sustentabilidad del desarrollo.
Inspirada por la Cumbre de la Tierra de 1992, pero también aprobada, según Baquedano, bajo presión en la negociación de tratados comerciales, la ley vigente tuvo el mérito de unir alrededor de un millar de normas ambientales que estaban dispersas.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) consideró inapropiado crear un Ministerio de Ambiente, como los de otros países latinoamericanos, con el argumento de que las cuestiones ecológicas son transversales y deben interesar a todos los ministerios.
Larraín y Baquedano observaron que ese criterio llevó a la Conama al área de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuya esencia es la negociación política.
Ese espíritu se reprodujo en las ramificaciones de la Conama en las 13 regiones del país, donde intendentes designados por el gobierno central y representantes de los ministerios se pronuncian sobre proyectos de inversión con criterios políticos u objetivos locales de corto plazo, sin considerar la dimensión del desarrollo sustentable.
La ley adjudicó a la Conama la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión, y esa ha sido su tarea más controvertida, debido a los conflictos que surgen entre proyectos de lucro y el patrimonio ambiental o los derechos de comunidades y etnias.
La Conama ha tenido seis secretarios ejecutivos. Los cinco antecesores de la actual responsable, Paulina Saball, dejaron el cargo en situaciones críticas.
Corresponde a la comisión revisar proyectos, establecer normas sobre emisiones de contaminantes y calidad ambiental, y declarar que determinadas zonas están saturadas de contaminación, pero la Conama carece de instrumentos adecuados para cumplir esas funciones, opinó Larraín.
No hay un ordenamiento o planificación territorial que regule la instalación de proyectos de acuerdo con las características ecológicas o demográficas de una zona, y permita equilibrios en el desarrollo nacional, subrayó.
Otras tareas pendientes son las de reglamentar áreas privadas de conservación y armonizar la política ambiental con normas sectoriales, como la futura Ley del Bosque Nativo, un instrumento restringido que no permite asegurar el desarrollo sustentable, sostuvo la activista.
Claude alegó que en Chile existe sobreexplotación de recursos naturales, sin que las normas vigentes permitan protegerlos.
Necesitamos una institucionalidad capaz de ubicar la cuestión ambiental en la agenda pública como un tema relevante y prioritario, y no de tercer orden, como es hoy, comentó.
Para Baquedano, la nueva institucionalidad debe favorecer la gestión ambiental local, y ser eficaz para fiscalizar y castigar los delitos ambientales.
Pero Covarrubias destacó que la ley unificó y simplificó los trámites para inversiones productivas, además de establecer requisitos técnicos y económicos para empresarios y autoridades, aunque estimó que es posible acortar los plazos para aprobación de proyectos.
La experta reprobó el tipo de participación que ha posibilitado la Conama, y arguyó que la ciudadanía tiene derecho a opinar, pero no a vetar un proyecto.
La participación ciudadana tiene voz, pero no tiene voto, señaló Covarrubias, y deploró que a menudo los empresarios deban negociar con comunidades la aprobación de un proyecto a cambio de escuelas o dispensarios.
No corresponde plebiscitar un proyecto, si cumple con todas las regulaciones y los requisitos debe ser aprobado, insistió.
Covarrubias concluyó que la ley no necesita modificaciones, salvo hacer que las decisiones del consejo de ministros de la Conama sean obligatorias para los ministerios, lo cual haría más fácil evaluar y exigir resultados en las políticas ambientales. (
