– El tictac de un reloj que marca la cuenta regresiva parece estar en funcionamiento en la economía y la política bolivianas, mientras partidos y sindicatos buscan el mejor modo de hacer oposición, y la comunidad financiera internacional limita cautelosamente su respaldo al gobierno.
Una semana después de proponer un pacto social, el presidente Carlos Mesa sólo recibió promesas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que han gobernado en las últimas décadas, y una declarada oposición de Nueva Fuerza Republicana y del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que impulsó sus primeros cuatro meses de gobierno.
Mesa era vicepresidente y sustituyó a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya renuncia el 17 de octubre fue forzada por masivas protestas populares.
En el terreno social, la Central Obrera Boliviana anunció para este jueves una combativa marcha de protesta con antorchas, siete días después de protagonizar incidentes violentos con transeúntes de La Paz contrarios a las manifestaciones públicas.
El cinturón de las finanzas del Estado se ajusta lenta y dramáticamente. Una segunda gestión de los ministros del área económica en Washington, en busca de acuerdos multilaterales y bilaterales para acceder a 150 millones de dólares, sólo permitió la obtención de 54 millones de dólares.
La meta estuvo lejos de la capacidad negociadora del gobierno, y la embajada estadounidense en La Paz intervino para pedir al MNR y al MIR que respaldaran la aprobación de un impuesto a las transacciones bancarias en la Cámara de Diputados, que puede permitir la recaudación de unos 70 millones de dólares anuales y aliviar en forma temporal al debilitado fisco.
El respaldo del MNR y el MIR, que habían apoyado a Sánchez de Lozada, devolvió cierta confianza a los organismos financieros internacionales, que de todos modos demandaron del gobierno mayor efectividad en el cobro de impuestos.
Un informe de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, difundido por el experto Humberto Vacaflor, señala que del total de gastos del país durante 2004, sólo 37 por ciento será financiado por el pago de tributos.
Se calcula que la inversión pública en 2004 sumará unos 500 millones de dólares, financiados por completo con donaciones y créditos externos.
Durante 2003, Bolivia registró un déficit fiscal equivalente a 8,9 por ciento del producto interno bruto, el más alto desde que comenzó a aplicarse un modelo de ajuste estructural demandado por el Fondo Monetario Internacional, en agosto de 1985.
Entre fuentes gubernamentales consultadas por IPS hubo diferentes puntos de vista acerca de la disponibilidad actual de dinero para pagar salarios a empleados públicos. Los más pesimistas destacaron que esos fondos se agotarán a fin de este mes, pero otros expresaron su esperanza en que lleguen aportes solidarios de la comunidad internacional por valor de 54 millones de dólares.
Con esos recursos, el pago a empleados públicos, maestros, policías y soldados estaría garantizados hasta mitad de este año.
En medio de la incertidumbre sobre las finanzas públicas, el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco Flores, sostuvo el 17 de este mes que el proceso democrático se ha interrumpido por falta de concertación política y social.
Esa institución, que reúne a los obispos católicos, hizo una advertencia similar en mayo de 2003.
El embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenle, comentó este martes que no comparte la percepción de un riesgo para la democracia.
El líder del MAS, Evo Morales, denunció el jueves la gestación de un golpe de Estado y atribuyó el plan a la embajada estadounidense y a los partidos que gobernaron hasta octubre del pasado año.
Jamás, ni ahora ni nunca, vamos a involucrarnos en ningún tipo de aventura que no sea la correcta, replicó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda.
Mesa agregó motivos de inquietud el 17 de este mes, durante una conferencia en un centro académico de la ciudad central de Santa Cruz, al comentar: No me puedo dar el lujo de renunciar porque mi decisión afectaría al país. Obviamente, si llega un momento en que deba renunciar por Bolivia, estaría dispuesto, dijo.
Según la Constitución, la sucesión tras una renuncia de Mesa correspondería al presidente del senado, Hormando Vaca Diez, y en segunda instancia al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Sorpresivamente, la semana pasada el plenario de la Corte Suprema eligió al abogado Eduardo Rodríguez como presidente de ese organismo, y eso provocó la renuncia del ministro decano Kenny Prieto, quien por antigüedad y tradición era el señalado para ocupar el cargo.
El actual apoyo a Mesa del MNR y MIR es considerado por el parlamentario Gustavo Torrico, portavoz del MAS, como una estrategia para conducirlo a la aplicación de medidas antipopulares.
El proyecto de gobierno debe encauzarse en función de las demandas populares de octubre: una asamblea constituyente, un referéndum sobre la exportación de gas natural, una nueva ley de hidrocarburos, austeridad y lucha contra la corrupción, opinó.
Esas y otras demandas se sumaron para precipitar la renuncia de Sánchez de Lozada, el 17 de octubre, en el marco de protestas y tumultos que dejaron un saldo de 70 muertos, según organizaciones humanitarias.
El MAS, representante de los cultivadores de coca, aboga por recortes del gasto corriente del gobierno y de los gastos de representación de funcionarios jerárquicos. Los liderados por Morales aseguran que así sería posible ahorrar 344 millones de dólares anuales. (
