Para los familiares de las víctimas parece que fue ayer. El edificio de siete pisos de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se desplomó en un estruendo, y mientras los socorristas sacaban los cuerpos de las 86 víctimas fatales, los investigadores apuntaban la mira al conflicto de Medio Oriente.
Pasaron casi 10 años de aquel grave atentado, cometido el 18 de julio de 1994, y el juicio a los argentinos acusados de dar apoyo logístico a los atacantes ingresó este martes en la recta final, con el comienzo de audiencias públicas.
Sin embargo, fiscales y abogados de las víctimas aseguran que lo que quedó a la vista es apenas la punta del hilo de una madeja muy enmarañada.
El juicio a los acusados de preparar la camioneta utilizada como coche-bomba ayuda a esclarecer una parte del atentado, pero es solo un eslabón en la larga cadena de complicidades. Quedan muchas preguntas sin respuesta, aseguró a IPS la abogada Marta Nercellas, una de las representantes de familiares de las víctimas.
Nercellas recordó que está pendiente la respuesta al pedido de captura de 14 funcionarios iraníes sospechosos de planear el ataque en Teherán y Buenos Aires; y que persisten dudas acerca de cómo se consiguió el explosivo y de posibles complicidades desde el gobierno que encabezaba Carlos Menem (1989-1999).
La abogada admitió que el presidente Néstor Kirchner abrió muchas puertas en los últimos meses, al ofrecer archivos de los servicios de inteligencia y permitir que los agentes rompieran el silencio. Pero lamentó que muchos de ellos no hayan colaborado, y que incluso hayan sembrado mayor confusión al mentir en el juicio.
Para Nercellas, en el proceso oral quedó claro que la Secretaría de Inteligencia del Estado no investigaba a la policía de la provincia de Buenos Aires, acusada de participar del ataque, aunque sus agentes sí admitieron haber pagado 400.000 dólares a uno de los acusados para que declarara en contra de policías.
Por ese episodio fue separado de la pesquisa en noviembre el juez federal Juan José Galeano, por órden de la Cámara Federal (tribunal de segunda instancia). El juez federal Rodolfo Canicoba Corral está ahora a cargo de los intentos de avanzar en el proceso sobre responsabilidades internacionales.
El juicio oral comenzó hace dos años y medio, y ante el tribunal desfilaron ex funcionarios, agentes de inteligencia, miembros de fuerzas de seguridad y muchos otros testigos, que aportaron datos centrados en los días previos al ataque y la camioneta que estalló contra el edificio, cargada con 300 kilogramos de explosivos.
La fiscalía comenzó el martes a desplegar detalles de un alegato acusatorio en el que se descuenta, mas allá de matices, que habrá coincidencias con el pedido de los abogados querellantes de exigir reclusión perpetua para los responsables de la conexión local.
Uno de los acusados es el mecánico Carlos Telleldín, quien se dedicaba al desguace y armado de automóviles robados, y tenía contactos con la policía bonaerense para encubrir esas actividades. Se ha probado que cuatro altos oficiales policiales le entregaron la camioneta usada para el ataque y le encomendaron prepararla para almacenar explosivos.
Esos cuatro acusados, que cumplían funciones en la policía de la provincia de Buenos Aires, son los ahora ex comisarios Juan José Ribelli y Raúl Ibarra, y los ahora ex subcomisarios Anastasio Leal y Mario Barreiro, todos detenidos desde hace siete años.
El destinatario del pago de 400.000 dólares fue Teilleldín, para que admitiera el involucramiento de esos policías en el ataque.
Los representantes legales de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelítas Argentinas consideraron a Telleldín y a los ex oficiales como partícipes necesarios del atentado y pidieron reclusión perpetua para todos con excepción de Barreiro, por considerar que su participación fue secundaria.
Otros abogados, de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, coincidieron con esos reclamos y también pidieron un juicio político al juez Galeano, por participar del pago a Telleldín.
El grupo Memoria Activa, que nuclea a otros familiares de víctimas, pidió reclusión perpetua para el mecánico Telleldín pero no para los ex policías.
Abogados y fiscales coincidieron en que este proceso sólo fue el comienzo de una investigación que estará lejos de concluir cuando se conozca el veredicto del tribunal, en marzo o abril.
A lo largo del proceso quedó clara la inoperancia de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y la propia justicia para avanzar en la causa, y por eso hubo acusaciones de complicidad y encubrimiento dirigidas a miembros del gobierno de Menem.
Los agentes de inteligencia resolvieron no colaborar, y el secretario de Inteligencia de Menem, Hugo Anzorregui, respondió a todas las preguntas con sentencias inconcebibles dada su responsabilidad, como 'no me acuerdo', 'no sé', o 'no pasó por mi área', protestó Nercellas.
Los fiscales admitieron que la investigación fue saboteada desde el comienzo por agentes de inteligencia y policías federales y de la provincia de Buenos Aires que construyeron pistas falsas, sobornaron a testigos y permitieron la sustracción de pruebas fundamentales, como 65 casetes con grabaciones de conversaciones telefónicas de los acusados.
Hubo además testigos falsos preparados por los detenidos para desorientar a los investigadores, y falta de colaboración al más alto nivel político.
La Oficina de Migraciones nunca respondió a los constantes pedidos judiciales de informes acerca de entradas y salidas del país en los días previos y posteriores al atentado.
Uno de los testimonios más importantes del proceso fue el de Abolghasem Mesbahi, llamado al comienzo Testigo C, un ex agente de inteligencia iraní en Europa protegido por el gobierno de Alemania luego de que brindara datos fundamentales para esclarecer el atentado perpetrado por Irán en 1993 contra cinco disidentes de ese país, en el bar Mykonos de Berlín.
Mesbahi declaró tres veces ante la justicia argentina y sostuvo que el atentado contra la AMIA fue decidido en Irán y que la camioneta usada fue conseguida por Moshe Rabbani, entonces agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, junto con funcionarios de inteligencia de su país.
También aseguró que el ex viceministro de Información de Irán, Saied Emami, le confió que Teherán había recibido a un enviado de Menem que pidió 10 millones de dólares para ocultar la participación iraní en el atentado.
La descripción de ese presunto enviado que Mesbahi realizó ante la justicia puede corresponder, según los investigadores, a Jorge Lelli, un allegado a Menem que fue agregado cultural de la embajada argentina en Irán.
Pero es difícil corroborar esa historia, porque Lelli falleció en un accidente automovilístico en Argentina dos meses después de la primera declaración del testigo C, y Emami murió en prisión tras su presunta confidencia a Mesbahi.
Nercellas consideró esencial averiguar si es cierto que Menem cobró para encubrir a Irán, y si desde Fabricaciones Militares, una dependencia del Ministerio de Defensa, se proveyó de explosivos al iraní John Pashai meses antes del ataque, como se ha sostenido durante el juicio.
La abogada se mostró pesimista acerca de la posibilidad de avanzar en esos terrenos, aunque dijo tener la certeza de que los explosivos utilizados en la AMIA fueron conseguidos y preparados en el país. (
