Cerca de 15.000 personas huyeron de Colombia entre enero y septiembre, por la violencia de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, y buscaron refugio en Ecuador, Venezuela o Panamá, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Las cifras dadas a conocer por Codhes en su informe sobre el problema del desplazamiento en Colombia en 2003 señalan que sólo en Ecuador 8.000 colombianos pidieron asilo este año y que el número de refugiados en ese vecino país se multiplicó por 36 desde 2000.
Este año el desplazamiento en zonas fronterizas y su expresión en los países vecinos fue un tema de relevancia en la agenda de las relaciones exteriores de Colombia, pero infortunadamente el interés se articuló a la militarización como respuesta a la situación de desplazamiento y no al fortalecimiento de iniciativas de prevención y/o protección, dijo a IPS Moisés Medrano, encargado del tema en la organización colombiana Codhes.
El caso más notorio se dio en abril con un grupo de 109 colombianos que fueron deportados del territorio panameño.
Eso llevó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares para obligar a Panamá a brindar amparo a los colombianos que soliciten protección en la zona del Darién (que comparten los dos países, y que en Colombia corresponde a la región nororiental).
En esa oportunidad, las defensorías del pueblo de Colombia y Panamá concluyeron en un informe conjunto que el Estado panameño violó normas internacionales en materia de protección, respeto de la voluntad de los refugiados y separación de unidades familiares, al engañar a los colombianos para que pidiesen la repatriación.
En la zona del Darién se da un cóctel (para la violencia) muy fuerte , dijo a IPS una fuente de un organismo humanitario que realiza labores de acompañamiento a los repatriados desde Panamá.
Eso se debe a la coexistencia paramilitares de derecha que se disputan el control territorial con guerrilleros izquierdistas, narcotraficantes, contrabandistas de armas y grupos económicos interesados en la ejecución de megaproyectos, explicó.
Otra zona expulsora de potenciales refugiados es la del nordeste colombiano, limítrofe con Venezuela, que según la fuente es escenario de sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Esa extensa frontera de 2.219 kilómetros de la región del Catatumbo es epicentro de los operativos de fumigación de cultivos ilícitos y de disputa entre guerrilleros y paramilitares.
Según la Codhes, sólo en el primer semestre de 2003 se registraron 5.815 personas desplazadas y se fumigaron 6.734 hectáreas de coca.
La fumigación de los cultivos ilícitos ha sido considerada por algunos analistas un instrumento de guerra, ya que con ella se combate también a los llamados narcoterroristas (guerrilleros o paramilitares vinculados con el narcotráfico), pero afecta asimismo a la población civil, que debe abandonar las zonas fumigadas para proteger su salud y su seguridad.
Venezuela creó el pasado mes de agosto la Comisión Nacional de Refugiados y firmó con Colombia un memorando de entendimiento sobre el tratamiento de personas desplazadas que llegan a la frontera venezolana.
El documento se concentra en la protección temporal y la repatriación de las personas desplazadas, y pese a que reconoce la existencia de una crisis humanitaria, no prevé reconocer a esa población como refugiada o solicitante de asilo.
Según la Codhes, Ecuador ha recibido el impacto continuo del conflicto interno colombiano, con la llegada de desplazados que buscan escapar de la violencia sociopolítica o de las fumigaciones de los cultivos ilícitos de la sureña región de Putumayo.
Quito, y Guayaquil, las dos principales ciudades ecuatorianas, son las ciudades con mayor concentración de colombianos junto con Ibarra, Nueva Loja (también llamada Lago Agrio), Tulcán, Esmeraldas y Santo Domingo, al norte, y Cuenca, al sur.
Ecuador es el país en que los refugiados procedentes de Colombia han recibido mejor trato, pero allí hay cerca de 30.000 sin documentos que regulen su permanencia en el país.
La Codhes destaca que es difícil lograr un registro exacto de cuántos son y cómo viven los colombianos que han tenido que huir del país para afrontar otras culturas y otros retos.
La oficina para la región andina y Panamá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) inició este año un proyecto que procurará dibujar el rostro de las víctimas del conflicto armado colombiano que han traspasado la frontera con Venezuela.
El gobierno colombiano ha firmado acuerdos sobre desplazados con Panamá, Venezuela y Ecuador, pero según activistas humanitarios, tiene ante sí el desafío de diseñar políticas que, además de prevenir el desplazamiento a través de las fronteras, garanticen el retorno de la población a sus lugares de origen.
En la última década, el número de desplazados fue de 1,5 y tres millones de personas, de acuerdo con diversas fuentes.
Los datos de la Codhes indican que los nuevos desplazados de enero a septiembre de este año fueron 175.000, frente a 353.000 en el mismo periodo de 2002. Es decir que la tasa nacional de desplazamiento disminuyó de 807 a 394 personas por cada 100.000 habitantes.
Esa merma se puede explicar en parte por el bajo registro, relacionado a su vez con el temor de las víctimas a reportarse como desplazados y ser objeto de venganzas o discriminación, comentó la institución.
Además, la presión en algunas zonas ha disminuido desde diciembre de 2002, cuando los paramilitares iniciaron una tregua unilateral que cumplen parcialmente, antecedente de un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
En el marco de ese acuerdo, se desmovilizaron en lo que va de este mes unos 1.000 combatientes.
