No siempre los activistas están en contra de los gobiernos. El del argentino Néstor Kirchner mereció encendidos elogios en el foro europeo de Perugia, por su política de derechos humanos. Pero su par de Colombia, Alvaro Uribe, despertó iras por las razones opuestas.
La presidenta de la organización humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, efectuó una firme defensa del gobierno de su país, encabezado por Kirchner, en la tercera jornada de la Quinta Asamblea de los Pueblos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) – ”Europa y el mundo”, en la ciudad italiana de Perugia.
¿Por qué? ”Lo que más me motiva es que Kirchner pertenece a la generación de nuestros hijos y encarna sus mismos ideales de justicia”, dijo Carlotto, madre de una joven desaparecida durante la última dictadura militar (1976-1983).
”Es un reconocimiento a una gestión que en tan poco tiempo ha realizado actos fundamentales para recuperar la confianza y la justicia”, explicó a TerraViva. Kirchner asumió el cargo en mayo.
Carlotto se refería a la remoción de buena parte de la jerarquía de las Fuerzas Armadas y de la policía, por sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad o por vínculos con el delito organizado.
Pero, sobre todo, hablaba de la derogación y anulación de decretos y leyes que impedían juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar. ”Esto es algo que hemos pedido durante 20 años”, señaló.
La organización de Carlotto busca desde hace décadas el paradero de cientos de niñas y niños apropiados ilegalmente por los militares durante el cautiverio de sus madres. ”Hemos recuperado 75 niños, pero aún quedan 500 desaparecidos, nos resta una larga tarea”.
Las nuevas medidas del Poder Ejecutivo y del parlamento de Argentina allanan el camino para retomar los juicios a ex militares represores, congelados por el blindaje legal que crearon los gobiernos postdictatoriales.
La administración de Kirchner también envió al parlamento un proyecto sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, mientras están en marcha juicios políticos contra algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, acusados en la última década de venalidad y corrupción.
La activista señaló asimismo la intensa relación que las autoridades mantienen con las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno ”nos consulta permanentemente”, aseveró. ”Estamos esperanzados”, concluyó.
Las esperanzas están a prueba en Colombia, inmersa en una guerra de cuatro décadas entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y las Fuerzas Armadas, que el gobierno de Alvaro Uribe quiere terminar por la fuerza.
”Uribe está haciendo lo que prometió: acabar la guerra con más guerra. Se evidencia en el discurso contra las organizaciones sociales y en el recorte de los derechos humanos y las limitaciones a la justicia que está impulsando en el parlamento”, dijo a TerraViva la activista Lucía González, de la no gubernamental Viva la Ciudadanía.
Uribe, en el poder desde agosto del año pasado, impulsa una ley para asegurar que los miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que acepten desarmarse no pasen un solo día en prisión, aunque hayan cometido crímenes graves, además de un estatuto antiterrorista que recorta derechos y libertades de la Constitución de 1991.
Asimismo, hay iniciativas para impedir el control de la Corte Constitucional sobre la imposición del estado de excepción y para adjudicar al ejército facultades de la policía judicial.
”Esto es muy doloroso, porque evidencia que el pueblo, cansado de guerra, optó por la solución extrema. Y evidencia que la propuesta de negociación para lograr la paz y profundizar la democracia no fue atractiva”, estimó.
De acuerdo con encuestas, buena parte de los colombianos respalda la política de mano dura de Uribe. Pero la verdadera dimensión de ese apoyo está en duda, afirma González.
”La influencia oficial y de los sectores económicos más poderosos sobre los medios de comunicación es tan grande, que el único discurso que llega en forma coherente a la ciudadanía es el de Uribe”, explicó.
”Las razones del conflicto colombiano son muy profundas y complejas. La guerra no acabará con la derrota o el desarme de uno de los grupos”, sostuvo González.
El presidente impulsa una campaña para que la comunidad internacional declare terroristas a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y en busca de fondos para sostener la guerra.
Sin embargo, simultáneamente ha pedido a la ONU que actúe como mediadora en una negociación de paz con la guerrilla.
Por otra parte, pese a que el sector mayoritario de los paramilitares acordó un cese del fuego con el gobierno, entre diciembre del año pasado y agosto fueron asesinados 693 líderes sociales, indígenas y sindicales.
”Los paramilitares cambiaron su estrategia de masacres masivas a estos asesinatos selectivos de dirigentes opositores”, dijo González.
Por otra parte, en el proyecto para asegurar el desarme de los grupos armados ”no hay un solo indicio de que las tierras ocupadas por ellos (las mejores de Colombia) sean devueltas a la población desplazada”, apuntó.
Sólo en los últimos cinco años, un millón de personas fueron desplazadas por la guerra. (
