Los legisladores de América Latina aún reciben en promedio muy buenos salarios, pese a las sucesivas crisis económicas y el consecuente aumento de la pobreza, pero junto a su alto descrédito ya comienzan a perder privilegios.
Brasil, campeón latinoamericano en desigualdad social, también encabeza la lista de sueldos parlamentarios, con senadores que llegan a percibir hasta 27.000 dólares mensuales entre pago nominal y apoyos para vivienda, oficinas y pasajes de avión.
En segundo lugar se ubican sus colegas mexicanos, quienes reciben sueldos de 10.500 dólares al mes, más gastos de salud y gratificaciones de fin de año, y en el tercer puesto quedan los chilenos con percepciones que rondan los 5.000 dólares, según datos recogidos por IPS.
Los últimos de la tabla son los parlamentarios de Uruguay, con ingresos de 1.500 dólares mensuales cada uno. Atrás quedaron en ese país privilegios que llegaron hasta el golpe de Estado de 1973, como viáticos extras y la posibilidad de jubilarse con apenas un año de desempeño de esa función.
En Argentina también han sufrido algunos recortes, pero de más reciente data. Los diputados ya no cuentan con comida ni pasajes gratis para movilizarse en el país, por ejemplo.
No obstante, no fueron los más golpeados por el colapso económico que sufrió Argentina en diciembre de 2001, que barrió con el gobierno de Fernando de la Rúa y ayudó a llevar la pobreza hasta 54,7 por ciento de los 37 millones de habitantes.
Los senadores de ese país ganan al mes unos 3.500 dólares y reciben más de 10.000 para pago de sus empleados del despacho.
Pero los sueldos parlamentarios en América Latina, de medianos a muy altos, no están acordes muchas veces con la credibilidad de los legisladores.
La encuesta realizada el año pasado por Latinobarómetro, una firma radicada en Chile que realiza estudios sobre democracia en la región, indicó que apenas 23 por ciento de los consultados manifestó confianza en los congresos legislativos y sólo 14 por ciento cree en los partidos políticos.
Los politólogos recuerdan que el Poder Legislativo es parte nodal de la democracia, pues allí están representadas con derechos a voz y voto las distintas corrientes políticas y sociales de los países.
Sin embargo, los legisladores, que en América Latina tienen la potestad de designarse para sí sueldos, bonos y aguinaldos, parecen no tener buena fama en ninguna nación.
Si desean que la democracia prospere, políticos, legisladores y gobiernos deberían trabajar por dar prestigio al trabajo de senadores y diputados, señaló José Crespo, analista e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), de México.
Para Luis Ugalde, colega de Crespo en ese centro de estudios, los parlamentos viven una crisis de credibilidad, que debe evaluarse para buscar alguna forma de reinventarlos.
Sólo Cuba queda exceptuada de esta situación en la región, porque no existen encuestas para medir la imagen que tienen los representantes entre la población.
En esa isla del Caribe, el único país con régimen socialista de América Latina, el parlamento, llamado Asamblea Nacional del Poder Popular, está integrado por 559 miembros, designados en una elección en la que no compiten partidos políticos.
Los representantes cubanos en la Asamblea, cuyo costo de funcionamiento anual se desconoce, no reciben dieta parlamentaria y su único salario es el que tienen asignado por sus trabajos en otros ámbitos.
Es común en América Latina escuchar críticas de expertos sobre la falta de transparencia de los congresos legislativos en materia de sueldos de sus miembros y presupuestos de funcionamiento.
El Congreso no tiene transparencia en sus gastos. En la aplicación de su presupuesto, oculta información y no permite el acceso de la sociedad a sus datos, declaró a IPS Alvaro Geren, analista de la organización no gubernamental brasileña Instituto de Estudios Sociales y Económicos.
Si en Brasil, Argentina, México o Uruguay se pregunta a algún senador o diputado cuánto gana o cuál es el presupuesto de su cámara, las respuestas que se obtienen son casi siempre confusas y hasta contradictorias.
Los datos disponibles indican que el Congreso bicameral de Brasil le cuesta al fisco 1.130 millones de dólares al año, uno de los presupuestos más altos de la región. Con sus 513 diputados y 81 senadores, es también uno de los más numerosos.
En México, el Congreso también bicameral, pero conformado por 628 representantes, tiene este año un presupuesto anual de cerca de 500 millones de dólares.
En tanto, en Argentina, el trabajo de 333 legisladores cuesta 135 millones, y en Uruguay, con 129 representantes, el presupuesto asciende apenas a 35 millones de dólares.
Crespo recomendó a senadores y diputados delegar a una alguna instancia externa la designación de sus sueldos y presupuestos, para de ese modo atacar uno de los flancos que le hacen perder prestigio.
El experto del CIDE opinó que sería deseable que en desempeño de funciones públicas se introduzca el principio de que ningún órgano o funcionario pueda resolver sobre su propio salario.
Pero esa posibilidad no ha llegado a tomar forma en legislaturas como las de Argentina, Brasil, Uruguay o México, donde los diputados y senadores invierten gran parte de su tiempo en negociar acuerdos al respecto con su gobierno.
Además, en la mayoría de los países el Poder Ejecutivo se encuentra débil frente a estas negociaciones porque no cuenta con mayorías absolutas en el parlamento.
En Brasil, por ejemplo, el gobernante Partido de los Trabajadores mantiene acuerdos tambaleantes con los opositores Partido de la Social Democracia Brasileña y Partido Liberal.
En Uruguay, el Partido Colorado, del presidente Jorge Batlle, se aleja cada vez más del derechista Partido Nacional, que lo ayudó hasta el año pasado a conseguir la mayoría necesaria en el Congreso, ante el 40 por ciento de los escaños en manos del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio.
Mientras que en México, el gobierno de Vicente Fox intenta aún sin éxito concertar acuerdos entre su Partido Acción Nacional y los opositores Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, de izquierda.
* Con aportes de Mario Osava (Brasil), Marcela Valente (Argentina), Gustavo González (Chile) y Patricia Grogg (Cuba)
