Sectores moderados de la oposición de Cuba presentaron esta semana una ”Carta de Derechos y Deberes Fundamentales de los Cubanos”, e intentarán promover un diálogo sobre ese documento que pueda abarcar a instituciones progubernamentales.
”Este es un movimiento cívico, no político”, aclaró a IPS Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, cuyo objetivo declarado es la ”institucionalización” de los derechos humanos en el país.
La Carta se dará a conocer mediante ”casas de promoción de los derechos”, algunas de las cuales ”ya están creadas”, explicó.
Ese documento, lanzado el martes, fue sometido antes de su redacción final a la consideración de cubanos residentes dentro y fuera del país. ”Es un texto hecho democráticamente desde la sociedad”, sostuvo Cuesta Morúa.
”Esa participación y retroalimentación ciudadana” elimina la posibilidad de que alguien intente calificarlo de proyecto creado por ”un grupúsculo, u orientado desde el extranjero”, alegó el activista.
En la consulta, llevada a cabo en cuatro meses, participaron 35.209 personas, de las cuales 30.727 aceptaron la propuesta sin modificaciones, aseguró.
”Queremos que las 'casas de promoción' logren una interacción con toda la comunidad y sus instituciones”, afirmó el activista, quien no descartó entre éstas a la Federación de Mujeres Cubanas y a los Comités de Defensa de la Revolución, ambos progubernamentales.
La Carta tiene 48 artículos, más un preámbulo y un artículo final sin número, que abarcan derechos de la persona humana del artículo 1 al 19, derechos sociales y culturales del 20 al 33, y derechos económicos del artículo 34 al 37.
Luego enumera deberes hacia la nación, del artículo 38 al 42, hacia la comunidad del 43 al 46, y hacia la persona en los artículos 47 y 48.
El artículo final aclara que los derechos y deberes recogidos en la Carta ”están limitados solamente por los derechos y deberes de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”.
El artículo 2 es contrario a la pena de muerte, que en Cuba puede ser aplicada para castigar alrededor de un centenar de delitos, incluidos los de terrorismo y secuestro.
Los autores del documento abogan por el derecho de cualquier ciudadano a la libertad de movimientos, ”lo que implica circular y residir en todo el territorio nacional, salir libremente del país y regresar cuando lo estime conveniente”.
Un decreto de 1997 regula de manera estricta las mudanzas del resto del país hacia La Habana, y toda persona de nacionalidad cubana requiere un ”permiso de salida” para viajar al exterior.
Entre los derechos sociales y culturales postulados están los de organizar huelgas, crear sindicatos, elegir libremente el trabajo, así como el de cualquier persona a escoger, para sí y para sus hijos ”el tipo de educación que corresponda a sus convicciones filosóficas, religiosas o pedagógicas”.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano reduce los derechos humanos a lo que ”el Estado hace para proteger la salud, la educación y la cultura”, y eso expresa una concepción ”paternalista” de la cuestión.
”El Estado tiene una agenda social fuerte, pero ésta podría ser complementada por la acción de la sociedad civil. Además, los derechos humanos también comprenden los de asociación, expresión, información, movimiento y otros, que el Estado cubano no provee ni protege”, sostuvo el activista.
Para promover la Carta fue creada la Coalición Diálogo pro Derechos, integrada por la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, Arco Progresista y otras pequeñas agrupaciones disidentes.
Cuesta Morúa reiteró que el nuevo agrupamiento no es un proyecto político, ”sino una propuesta cuyo único objetivo es promover e institucionalizar en Cuba, en su sociedad y en el Estado, los derechos humanos”.
En ese sentido, se diferenciaría claramente del Proyecto Varela, presentado sin éxito en 2002 a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la firma de unos 11.000 ciudadanos y la intención expresa de modificar el sistema socialista de la isla.
”Esa iniciativa es política y pretende la sustitución del poder político, mientras el proyecto Carta es de derechos humanos, y con él se pueden sentir identificados tanto los que quieren como los que no quieren el cambio político”, arguyó.
El opositor insistió en que la propuesta no pretende excluir a nadie y mantiene el diálogo como estrategia y principio. ”Para nosotros no hay otra alternativa que no sea el diálogo”, recalcó.
Cuesta Morúa reconoció que las autoridades no interrumpieron el trabajo de consulta sobre la Carta de derechos humanos, y dijo esperar que tampoco haya contratiempos ahora.
Documentos que acompañan la presentación del proyecto lamentan que ”alrededor de 400 compatriotas”, entre ellos 75 opositores encarcelados en marzo, estén en prisión ”por hacer uso y apología de los derechos”. (
