La Corte Constitucional de Colombia decidió que el parlamento debe cambiar un proyecto de ley sobre ejercicio del periodismo que había aprobado, en un fallo que reavivó polémicas sobre un oficio jaqueado por muertes, intimidaciones, censuras y despidos.
El fallo de la Corte se conoce por ahora en forma parcial, y su divulgación completa se espera a más tardar en dos semanas, pero ya se sabe que la Corte objetó la constitucionalidad del requisito de un certificado de idoneidad para ejercer el oficio periodístico.
El proyecto sobre reglamentación del periodismo aprobado por el Congreso en diciembre no fue promulgado por el presidente Alvaro Uribe, quien ejerció su potestad de someterlo a revisión de la Corte porque lo consideró inconstitucional.
A su vez, la Corte no rechazó todo el contenido de ese proyecto, sino que resolvió devolverlo al Congreso para que éste lo modifique.
La iniciativa había recibido críticas de la asociación de empresarios periodísticos Andiarios, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), del Círculo de Periodistas de Bogotá, de la Corporación de Medios para la Paz y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Por distintas razones, esas instituciones coincidieron en que el proyecto limitaba la libertad de prensa.
La frustrada ley exigía un certificado de idoneidad otorgado por el Consejo Nacional de Periodismo para ejercer el oficio, con o sin título universitario.
Ese Consejo sería un organismo consultivo del gobierno, integrado por representantes del Ministerio de Educación y de Comunicaciones, del Instituto de Fomento para la Educación Superior, de las universidades, de las agremiaciones de periodistas y de los estudiantes universitarios de periodismo.
Críticos del proyecto consideraron que la creación del Consejo era violatoria de la Constitución, en la cual se establece que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.
Algunos de ellos rechazaron la exigencia de certificado de idoneidad por ser contraria a la libre competencia en el mercado de trabajo.
Para la coordinadora de periodismo de la privada Universidad Javeriana, Maryluz Vallejo, en Colombia hace falta, más que una ley que regule la profesión del periodista, ocuparse de problemas que restringen la libertad de información.
Entre esos problemas, mencionó la falta de protección con que trabajan los comunicadores, la escasez de oportunidades de capacitación, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y la falta de garantías laborales.
Vallejo dijo a IPS que lo más recomendable es que cualquier iniciativa relacionada con la libertad de prensa provenga de los periodistas, directores y propietarios de los medios de comunicación.
El periodista independiente Arturo Guerrero, de Medios para la Paz, dijo a IPS que son importantes la profesionalización del periodismo, su ejercicio por parte de graduados universitarios y la exigencia de calidad a las universidades que los educan, pero que es más importante, para la libertad de prensa, velar por que los comunicadores tengan seguridad para llevar a cabo su trabajo.
En opinión de Guerrero, quien dicta talleres a periodistas que cubren el conflicto armado, es desconsolador ver las condiciones en que los comunicadores deben realizar su tarea, especialmente en las zonas donde hay combates.
Muchos se preguntan si deben informar cuando la guerrilla o los paramilitares realizan un ataque, porque puede traerles complicaciones a ellos o sus familias, afirmó.
Según la FLIP, de enero de 2002 a mayo de 2003 fueron víctimas de alguna violación a la libertad de prensa 154 periodistas en Colombia, incluyendo a siete asesinados por sus informaciones, 98 amenazados, 21 secuestrados y 10 víctimas de atentados por parte de grupos armados ilegales.
La mayoría de esas violaciones a la libertad de prensa siguen impunes, destacó.
Para la FLIP, ejercer el periodismo en Colombia es una acción de valientes, porque informar sobre combates, masacres, tomas guerrilleras o casos de corrupción en este país es exponerse a amenazas, ataques, presiones e incluso a perder la vida.
Una comisión de la SIP que visitó el país en febrero concluyó que el derecho a la información está amenazado, y que los periodistas deber sortear numerosos peligros en su misión de buscar la verdad.
Según la SIP, en los últimos 14 años han muerto en Colombia de modo violento 114 periodistas.
Para Guerrero, las condiciones de contratación también son cada vez más desventajosas para quienes ejercen el oficio periodístico, en parte por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y en parte por la sobreabundancia de personas que ofrecen su trabajo en el sector.
Un periodista que pidió anonimato dijo a IPS que fue despedido del diario en que trabajaba cuando un grupo económico lo compró y reestructuró su equipo de redacción, junto con los de una revista y varias emisoras de radio que también poseía, lo cual dejó sin empleo a unas 50 personas, y obligó a las que quedaron a trabajar con el mismo sueldo para todos los medios de ese grupo.
Otro caso frecuente es el de periodistas de radio que no reciben sueldos ni tienen contrato de trabajo, sino que deben conseguir publicidad para las emisoras, para quedarse con una fracción del dinero correspondiente que va de 40 a 60 por ciento.
En Colombia hay cerca de 30 facultades de Comunicación Social que expiden títulos de periodista, pero no hay cifras oficiales sobre el promedio anual de egresados ni sobre el desempleo en el sector.
