Mientras los diputados en Argentina anulaban las llamadas leyes de impunidad, en Chile el presidente Ricardo Lagos divulgaba su esperada propuesta sobre derechos humanos, que instituye la obediencia forzada como atenuante penal para autores de crímenes represivos.
Fue la estatal Televisión Nacional de Chile (TVN) la que acuñó esa expresión en su noticiero del martes por la noche, inmediatamente después de que Lagos hablara a sus conciudadanos a través de una red de canales y radioemisoras.
La televisión estatal chilena ignoró en su informativo central la decisión de los diputados en Argentina de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que alejaron de los tribunales desde fines de los años 80 a los responsables de delitos contra los derechos humanos cometidos en la dictadura en ese país de 1976 a 1983.
La decisión legislativa de Argentina fue, en cambio, noticia principal en los noticieros nocturnos de la Televisión Española y de otras señales de cable internacional.
No hay mañana sin ayer, se denomina la fórmula presentada por Lagos un mes antes de cumplirse el 30 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973) y en la víspera de la huelga general convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El paro de actividades que se lleva a cabo este miércoles en todo el país es el primero desde el restablecimiento de la democracia en 1990.
Según el diario conservador El Mercurio, el presidente y sus asesores escogieron el momento de descorrer el velo sobre su iniciativa de derechos humanos en una doble jugada política: restar trascendencia a la protesta sindical y lograr que la propia huelga neutralizara las reacciones contrarias a la iniciativa.
De hecho, fueron las organizaciones políticas y humanitarias situadas más a la izquierda, que la vez respaldan decididamente la movilización de la CUT, las primeras en impugnar la fórmula gubernamental, recibida al contrario con beneplácito en la coalición oficialista de centroizquierda y en la oposición de derecha.
La propuesta de Lagos establece que nunca podrá haber solución definitiva para unos 3.000 casos de desapariciones y asesinatos políticos cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien gobernó Chile desde el levantamiento militar del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.
Ese régimen militar expidió en marzo de 1978 una ley de amnistía que cubrió las violaciones contra los derechos humanos cometidas desde marzo de 1973 a esa fecha. Esta normativa continúa vigente, pese a que las agrupaciones de víctimas de la represión rechazan su legitimidad.
Ante la imposibilidad de una solución definitiva, Lagos planteó que se debe aspirar a un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima reparación, entendiendo que los objetivos de verdad y justicia son moralmente irrenunciables.
La ecuación no parece fácil de lograr, ya que el propio texto de la iniciativa privilegia mecanismos para alcanzar una verdad hasta ahora elusiva, sobre todo respecto de la suerte de 1.100 desaparecidos, a cambio de atenuantes en los grados de culpabilidad y, por ende, de condena penal para los implicados en actos de represión.
Con el fin de incentivar la entrega de información fidedigna a los tribunales para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, el presidente planteó diferenciar responsabilidades de los implicados en las violaciones de derechos humanos.
Así, el atenuante de la obediencia forzada se aplicaría a quienes actuaron bajo el temor de represalias que amenazaban a sus vidas, o en estado de ignorancia insuperable que anulaba prácticamente su capacidad de decisión.
Distinto debe ser el tratamiento judicial, en la óptica del actual mandatario socialista, para aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente, con pleno discernimiento.
En esta búsqueda de máxima verdad se dará inmunidad a quienes sin estar imputados se presenten voluntariamente ante los tribunales para entregar información, habrá penalidad menor para quienes obedecieron órdenes y cooperen ahora con la justicia y se rebajarán o conmutarán penas a quienes entreguen pruebas que aclaren el destino de los desaparecidos.
La necesidad de nuevas iniciativas en materia humanitaria se hizo evidente desde 2001, cuando se estableció la falsedad de la mayoría de los informes sobre el destino de los desaparecidos entregados por las Fuerzas Armadas, bajo una ley de secreto profesional acordada en una mesa de diálogo cívico militar que sesionó entre 1999 y 2000.
Así como la mesa de diálogo fue posibilitada por el prolongado arresto de Pinochet en Londres (desde octubre de 1998 a marzo de 2000), este nuevo paso fue en gran medida impulsado por la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), primera fuerza electoral del país desde los comicios parlamentarios de diciembre de 2000.
La UDI, empeñada en limpiar su pasado pinochetista, se hizo cargo de la demandas de algunos familiares de desaparecidos de aumento de las pensiones y otras ayudas que se les otorgaron en 1991, según el programa de reparaciones basado en el informe de la Comisión de Verdad y reconciliación, que documentó los crímenes represivos.
El viraje de la UDI abrió cauce a propuestas de otros partidos, así como de las agrupaciones de víctimas de la represión, tanto familiares de desaparecidos y asesinados, como de personas torturadas, cuyos casos nunca habían sido objeto de reparaciones del Estado.
Lagos abrió en junio un diálogo para recibir propuestas de esos sectores, de los partidos políticos y credos religiosos, mientras en el ejército su comandante en jefe, el general Luis Emilio Cheyre, lanzaba un mea culpa por la represión y abogaba por el retorno de las Fuerzas Armadas a la situación de obediencia al poder civil que rigió hasta 1973.
Al mismo tiempo volvió a cundir la inquietud en los mandos retirados por el avance de los procesos en los tribunales, que han implicado crecientes encausamientos de militares implicados en delitos de desapariciones, rotulados como secuestros que, en tal virtud, no son cubiertos por la amnistía de 1978, según la mayoría de los jueces.
Se desató así desde los partidos de derecha y de los círculos de generales y almirantes en retiro una campaña para terminar con lo que entienden es la aberración jurídica del secuestro permanente y aplicar así la amnistía para indultar a los militares procesados.
En la fórmula planteada en la noche del martes por Lagos no se acoge esta demanda, con lo cual continuará la interpretación de la ley de amnistía continuará en manos de los magistrados, los cuales tendrán mayores facultades para avanzar en sus investigaciones.
Lagos propuso, además, aumentos en torno a 50 por ciento de las reparaciones económicas para familiares de personas desaparecidas y asesinadas.
También los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en hechos de violencia durante la dictadura serán beneficiarios de esas reparaciones. Habrá asimismo una compensación austera y simbólica para los torturados.
La propuesta busca, por otra parte, posibilitar acuerdos políticos para una reforma constitucional que permita la ratificación del Tratado de Roma, que dio paso a la instalación de la Corte Penal Internacional, rechazada en el Congreso legislativo por senadores y diputados de derecha.
En la misma dirección se buscará ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada.
Bajo todos esos antecedentes, la fórmula que el gobierno elaboró no podía ser sino un esfuerzo de equilibrar las diversas demandas de un amplio espectro político y social, en cuyo trasfondo gravitaban igualmente los militares, tanto los renovados mandos constitucionalistas como los pinochetistas.
Para Mireya García, militante socialista y secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la propuesta de Lagos es frustrante y deficiente, en la medida de que mantiene en vigencia la ley de amnistía y de que coloca en un mismo nivel a víctimas y victimarios de los crímenes contra los derechos humanos.
La iniciativa del gobierno es claramente una vergüenza, dijo sin vueltas Patricia Silva, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. No existe la voluntad política de avanzar en la justicia, afirmó.
