Unos 260.000 salvadoreños residentes en Estados Unidos pueden verse obligados a abandonar ese país si sus permisos de estadía no se prorrogan antes del 9 de julio, y viven en creciente incertidumbre.
A fines del mes pasado, las autoridades estadounidenses prorrogaron hasta enero de 2005 el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que permite permanecer en el país a unos 82.000 hondureños y unos 5.000 nicaragüenses, junto con esos salvadoreños.
El sistema del TPS, establecido en 1990 por el Congreso, permite al fiscal general otorgar documentos temporales de residencia, que son también permisos de trabajo, a extranjeros impedidos de regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres ambientales u otras situaciones extraordinarias.
Ese beneficio debe ser solicitado por el gobierno del país de origen, y dura en primera instancia 18 meses.
El documento correspondiente, que contiene nombre, fotografía, número de expediente, fecha de nacimiento y huella dactilar del beneficiado, se puede otorgar en la actualidad a ciudadanos de Burundi, El Salvador, Honduras, Liberia, Montserrat, Nicaragua, Sierra Leona, Somalia y Sudán.
Pero el permiso expira si el fiscal general decide que han cesado las condiciones extraordinarias en el país de origen.
Si no se anuncia una prórroga de los TPS para salvadoreños antes del 9 de julio, esos documentos perderán vigencia definitivamente el 9 de septiembre.
Grandes cantidades de salvadoreños han emigrado a Estados Unidos desde que comenzó en su país la guerra civil de 1980-1992, pero el TPS vigente para ellos fue otorgado el 2 de marzo de 2001, debido a terremotos a comienzos de ese año, y prorrogado por un año el 9 de septiembre de 2002.
Pero un funcionario gubernamental que pidió anonimato dijo a IPS que una nueva prórroga es improbable por varias razones, entre ellas el precario estado de la economía estadounidense.
Otra razón para el pesimismo es la política de seguridad nacional del presidente George W. Bush, profundizada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, que establece numerosas trabas a la inmigración.
Gran parte de los inmigrantes procedentes de El Salvador mantienen mediante remesas a familiares en su país de origen, y la incertidumbre pesa sobre todos nosotros, dijo a IPS un salvadoreño residente en Mt. Pleasant, un barrio de Washington donde predominan sus compatriotas.
Mi familia no sobreviviría si yo no trabajara aquí, aseguró.
Según un estudio divulgado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, los trabajadores inmigrantes salvadoreños envían a su país más de 2.000 millones de dólares anuales, equivalentes a 15,1 por ciento del producto interno bruto de El Salvador.
En ese informe se indicó que las remesas de latinoamericanos y caribeños residentes en Estados Unidos hacia sus países de origen sumaron por lo menos unos 25.000 millones de dólares en 2002, y la cifra puede ser bastante mayor si se cuentan los envíos realizados en forma irregular para evitar los altos costos de transferencia legal de dinero.
Los trabajadores centroamericanos en Estados Unidos aportan 4.000 millones de dólares por año a sus países de origen mediante remesas a sus familias, según la Unidad Hondureña, una de las mayores asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en la nación norteamericana.
De ese monto, unos 300 o 400 millones de dólares corresponden a envíos de trabajadores amparados por el sistema TPS.
La cancelación del TPS para los salvadoreños los expondría a la deportación, y a afrontar una crítica situación en su país de origen, donde el desempleo afectó en 2001 a 7,5 por ciento de la población económicamente activa, según el Banco Mundial.
Además, la mitad de los trabajadores de El Salvador son informales, con ingresos apenas suficientes para sobrevivir, según la salvadoreña Fundación Nacional para el Desarrollo.
San Salvador aboga con intensidad por una prórroga, para que masivos regresos o deportaciones no agraven el desempleo y las tensiones sociales en El Salvador, y su petición tiene probabilidades de éxito, según dijo al diario La Nación, que se edita en español el Washington, la embajadora estadounidense en El Salvador, Rose Likins.
La decisión sobre hondureños y nicaragüenses es una muy buena señal para los salvadoreños según el fiscal José Pertierra, residente en Washington y con amplia experiencia de trabajo en asuntos relacionados con las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
El TPS vigente para hondureños y nicaragüenses se otorgó tras la devastación causada en esos países por el huracán Mitch en 1998, y la prórroga del mes pasado lo extendió durante 18 meses, pero la mejor esperanza para los salvadoreños es una prórroga de 12 meses según Dan Kane, funcionario de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (BCIS, por sus siglas en inglés).
Cientos de miles de inmigrantes irregulares procedentes de América Central residen en Estados Unidos, además de los beneficiarios del TPS y de otros residentes legales.
Según cálculos tentativos de especialistas, viven en territorio estadounidense en forma irregular 100.000 guatemaltecos, otros tantos salvadoreños, 90.000 hondureños, 50.000 nicaragüenses y 30.000 costarricenses.
Pese a la magnitud de esas colonias y de la existencia de unos cuatro millones de mexicanos en la misma situación irregular, el sitio de la BCIS en Internet, la red mundial de computadoras, sólo contiene textos en inglés.
En ese sitio se informa a los visitantes sobre servicios de traducción disponibles en Internet, pero las autoridades advierten que los mismos pueden cometer errores.
Incluso una prórroga del TPS puede significar problemas para los salvadoreños, ya que las normas del sistema son extraordinariamente confusas, y muchos de los beneficiarios son analfabetos funcionales, a los cuales les cuesta mucho entender qué trámites deben realizar, alegó Pertierra.
Los salvadoreños no son una carga para Estados Unidos, sino que contribuyen a la economía del país, y en algunos casos incluso crean puestos de trabajo. Eso debería reconocerse mediante algo mayor que un simple Estatuto de Protección Temporal, añadió.
