La clausura en Paraguay del juicio por el frustrado golpe de Estado de mayo de 2000 constituye un grave fracaso del sistema judicial, según políticos, militares y analistas.
El derrotero que siguió este proceso podría repetirse en la causa sobre la crisis institucional que estalló con el asesinato en 1999 del entonces vicepresidente Luis María Argaña, y que dejó cuatro muertos y un centenar de heridos, sostuvo un experto consultado por IPS.
Aunque criticado por sectores sociales y políticos, el fallo se ciñe al Código de Procedimiento Penal, en vigor desde julio de 1999, según el cual todo proceso que no cuente con una sentencia firme en tres años debe ser declarado extinguido, y los procesados liberados de culpa y cargo.
Se trata de un grupo de oficiales del ejército que el 18 de mayo de 2000 intentó sin éxito derrocar al gobierno de Luis González Macchi.
La causa fue declarada extinta el lunes por el juez Daniel Ferro, luego de rechazar una acción de inconstitucionalidad propiciada por los fiscales del caso.
De esta forma, 18 militares procesados por tomar parte del alzamiento fueron sobreseídos. Pero aún siete personas siguen inculpadas y podrían enfrentar un juicio oral, entre ellas cinco prófugos declarados reos rebeldes y contumaces, como el golpista ex general Lino César Oviedo, exiliado en Brasil.
La condición de prófugos les niega el beneficio de los tres años transcurridos sin sentencia, mientras los otros dos procesados podrían obtener su libertad en breve, pues sólo median cuestiones burocráticas, según fuentes judiciales.
Este es otro monumental fracaso del sistema jurídico paraguayo. Es agraviante para la sociedad, aunque era algo esperado y resulta poco sorpresivo, dijo a IPS el analista político Alfredo Boccia.
Es vergonzoso para la justicia paraguaya que el proceso de un caso tan flagrante tenga un final como éste, añadió.
A juicio de Boccia, este fracaso institucional es imputable a fiscales, jueces, camaristas y hasta incluso la Corte Suprema de Justicia. No se salva nadie en esta cadena de responsabilidades compartidas y de complicidades.
Boccia, periodista y activista de derechos humanos con varios libros publicados, estimó que la serie de chicanas e incidentes utilizados por los defensores de los acusados va a mostrar el camino a los abogados que, por ejemplo, defienden los casos del marzo paraguayo.
Boccia se refería así a los hechos de marzo de 1999, cuando tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, manifestantes jóvenes y campesinos se enfrentaron con simpatizantes de Oviedo que intentaban ingresar por la fuerza a la sede del Senado, reunido para votar la destitución del presidente oviedista Raúl Cubas Grau.
Los manifestantes resistieron una dura represión policial y el fuego de francotiradores. Finalmente cuatro personas murieron y un centenar resultaron heridas.
Cubas Grau renunció a fines de marzo y se asiló en Brasil, mientras Oviedo huía a Argentina, donde también obtuvo el beneficio del asilo político.
Cuanto más se alargue una causa, más posibilidades hay de que nunca se juzgue el ilícito, prosiguió Boccia.
Por ello, estimó el analista, es enorme el desafío que tiene frente a sí el presidente electo, Nicanor Duarte Frutos, del gobernante Partido Colorado, para convertir a este país en algo serio, porque todos los caminos cruzan el sistema de justicia.
Las dilaciones judiciales que llevaron a la extinción de la causa se deben a la inexperiencia de jueces y fiscales en la aplicación del Código Penal, estimó en diálogo con IPS el analista militar y jurista Horacio Galeano Perrone.
En este sistema el juez deja de ser el acusador, y la fiscalía no tiene todavía la experiencia y la capacidad para poder concluir un proceso. Eso es lo que mayormente sucedió en este caso, puntualizó Galeaono Perrone, rector de la Universidad del Pacífico.
Es muy importante que la ley se cumpla, aunque no podemos confundir impunidad con extinción, que es una forma de concluir un proceso. Creo que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente, opinó.
El de mayo de 2000 fue un golpe de Estado que fracasó porque no hubo conducción política ni militar, sostuvo.
Pero no era inesperado, pues desde hacía varios meses circulaban rumores sobre un inminente alzamiento militar contra las instituciones, añadió Galeano Perrone.
Cuando el 23 de abril de 1996 el entonces general Oviedo dejó las Fuerzas Armadas, no quedó un ambiente de tranquilidad en el sector castrense. Por ello, cuando se produjo el alzamiento de mayo de 2000 gran parte de los efectivos de las tres armas estaba de acuerdo con el golpe, continuó.
Tras la fallida acción militar ocurrieron muchas cosas, entre ellas la desintegración del arma de caballería, que desde el año 1938 era predominante en el ejército paraguayo, explicó.
La caballería mantenía en su base de operaciones de Campo Grande, en las afueras de Asunción, cuatro regimientos con baterías de artillería y unidades de caballería, entre las que había también dos regimientos blindados.
Al anularse esta unidad, prácticamente desaparece el corazón del ejército. (Este) quedó totalmente debilitado, lo que significó el fortalecimiento de la fuerza aérea y la marina, más que nada como una acción política tendente a castigar al ejército, que había intentado el golpe de Estado.
Como abogado, Galeano Perrone opina que fue un error procesar a todos los escalones que participaron del golpe.
Había subtenientes, tenientes, tenientes primeros y capitanes que no tenían por qué estar involucrados. El comandante del regimiento dispuso la salida de las unidades y los oficiales subalternos estaban desplazándose con sus unidades blindadas sin saber en verdad qué sucedía, indicó.
Si las Fuerzas Armadas no intentan hoy un golpe de Estado no es porque no quieren, sino porque no pueden ya que no poseen capacidad operativa para hacerlo, arguyó.
Ochenta por ciento del material bélico (está) obsoleto y casi en desuso. Hay apenas 8.700 hombres operativos y con ese contingente es muy difícil controlar a una población de casi seis millones de habitantes, indicó.
El fallo judicial provocó otras molestias. El comandante de la fuerza aérea, Carlos Alberto Ovando, aseguró sentir una profunda pena pues la justicia no pudo demostrar en tres años lo que es obvio a los ojos del pueblo paraguayo.
El ministro de Defensa Miguel Angel Candia evitó las referencias al Poder Judicial, pero ratificó que los sucesos de mayo de 2000 fueron una transgresión a las leyes y reglamentos militares.
Mientras, diez fiscales se reunieron en el Palacio de Justicia para protestar por el fallo y deslindar responsabilidades, pues estimaron que su trabajo es presentar la acusación, y no pueden cargar con la culpa si los jueces no fijan fechas para las audiencias correspondientes. (
