Los argentinos tienen derecho a exigir información a los organismos del gobierno, y los funcionarios deben rendir cuentas de sus actos. Al menos eso dice un proyecto de ley para transparentar la acción gubernamental, que espera aprobación del Congreso desde hace casi un año.
La iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública, similar a las que existen en Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá o Perú, correspondió a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia.
Según numerosas encuestas, la corrupción es una de las principales preocupaciones de los argentinos, quienes manifiestan una casi total desconfianza en las instituciones debido al desprestigio de los dirigentes políticos.
La aprobación del proyecto, presentado en mayo de 2002, es de ”vital importancia” pues ”permitiría a la sociedad argentina monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de sus representantes”, dijo a IPS el director de Planificación de Políticas de Transparencia, Néstor Baragli.
”Los funcionarios deberían rendir cuentas por las decisiones que toman, y la ciudadanía debe acostumbrarse a controlar a sus representantes, con el previo conocimiento de las actividades que se realizan dentro del Estado”, explicó el funcionario, uno de los principales impulsores de la norma.
El proyecto, elaborado con la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG), fue avalado por el presidente Eduardo Duhalde y cuenta con aparente consenso en el sistema partidario, pero hace un año que su tratamiento es postergado por los legisladores, aunque fue aprobado por las comisiones técnicas del Congreso.
”No es una ley que les convenga a los dirigentes políticos, por eso es que dan su consenso de palabra pero no manifiestan voluntad de aprobarla, y menos ahora, en un período de elecciones”, dijo a IPS la abogada Carolina Vartsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las ONG participantes en la redacción.
Con la nueva norma, el Estado funcionaría como ”una caja transparente”, y los ciudadanos, en nombre de una asociación o de forma particular, sólo tendrían que escribir una carta con su pedido de información, para que les fuera respondida en no más de 20 días, explicó.
El derecho de acceder a información abarcaría a todas las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque en el último caso, la prerrogativa de los ciudadanos se limitaría a cuestiones administrativas, y no a los asuntos que se dirimen en tribunales de justicia.
En los fundamentos del proyecto se señala la necesidad de ”generar un espacio de participación ciudadana” en los asuntos públicos y ”combatir la corrupción estructural”, dos temas considerados como ”asignaturas pendientes” de la democracia reinstaurada hace 20 años.
”La libertad de acceso a la información es el mejor antídoto contra la corrupción en los gobiernos e indirectamente es una estrategia efectiva para mejorar su gestión”, según la iniciativa, avalado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
Para discutir el mejor diseño de ley, la Oficina Anticorrupción convocó a talleres de debate con periodistas, encargados de prensa de oficinas públicas, ONG que se ocupan de derechos civiles, dirigentes políticos y empresarios.
En un seminario convocado por la organización Diálogo Interamericano a fines de 2002, diputados y senadores discutieron sobre las resistencias políticas a la aprobación del proyecto, y los jefes de prensa expresaron sus temores a brindar información que sus superiores son reacios a entregar.
En ese encuentro, Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, sostuvo que ”las leyes de acceso a la información deben ser consideradas una herramienta útil para aumentar la transparencia de la gestión pública y combatir la corrupción”.
El proyecto prevé que toda la información en poder del Estado debe ser entregada a cualquier ciudadano que la solicite, en el formato en que se encuentre, con la sola excepción de asuntos sensibles que estén expresamente excluidos en la propia ley, como los de seguridad pública y de defensa, entre otros.
Tampoco se entregarían datos personales como teléfonos o domicilios de funcionarios. Los ciudadanos podrían tener acceso a las declaraciones juradas de bienes presentadas en forma obligatoria por funcionarios ante la Oficina Anticorrupción.
La información abarcada por el proyecto puede ser escrita, grabada o en fotos, y debería ser entregada en no más de 10 días salvo cuando medie una prórroga justificada por 10 días más. Si no hubiere respuesta en los plazos debidos, el funcionario responsable del área sería sancionado.
Las sanciones podrían ser las administrativas previstas en los reglamentos internos de la dependencia en cuestión, pero también penales, ya que los demandantes podrían iniciar acciones judiciales por ”incumplimiento de los deberes de funcionario público”, un delito ya tipificado en el Código Penal.
Vartsky explicó que ya existían normas de este tipo en dos de los 23 distritos del país, una en la meridional provincia de Chubut y otra en la ciudad de Buenos Aires, que sirvió de base a la redacción del proyecto de ley nacional a estudio del Congreso.
Pero ”para muchos es inconveniente (la aprobación de ese proyecto), porque implica aceptar que hay ciudadanos, pero sobre todo periodistas y organismos de la sociedad civil, que estarán observando su accionar con una lupa”, confesó a IPS una diputada que pidió no ser identificada.
