Centenares de reclusos en huelga de hambre en varias prisiones de Venezuela devolvieron al primer plano el viejo drama carcelario de un país que sólo tuvo ojos y oídos para la política en el último año y medio.
Pero el hambre de los presos no se debe sólo al ayuno de protesta por sus condiciones de reclusión y la falta de atención judicial, sino también a la pura y simple carencia de alimentos en las 30 cárceles del país, residencia forzosa de 19.500 reclusos, 48 por ciento de ellos procesados sin sentencia.
”Mire: comemos perros y gatos”, dijo a periodistas un preso semidesnudo en la tórrida cárcel de Tocuyito, 120 kilómetros al suroeste de Caracas, mientras mostraba los restos de un gato escaldado.
”Somos presos, pero también somos seres humanos y tenemos derecho a comer”, remarcó.
La medida de protesta fue iniciada el fin de semana por cientos de presos en Tocuyito, en la sudoriental cárcel de Ciudad Bolívar, en la central de San Juan de los Morros, en la caraqueña de La Planta, y en las de Los Teques y Yare, unos 30 kilómetros al este y al sur de la capital, respectivamente.
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En Yare estuvo recluido de 1992 a 1994 el actual presidente Hugo Chávez, por dirigir en febrero de 1992 una cruenta sublevación militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
Los detenidos en La Planta suspendieron la huelga de hambre el martes, después de ser visitados por el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón, y este miércoles cedieron los de Tocuyito, pero se sumaron al movimiento los presos en la occidental cárcel de Maracaibo.
”Tratamos de llamar la atención ahora que la televisión le pone algo de interés a cosas distintas de la política”, dijo a IPS Carmen Ramírez, familiar de un detenido en La Planta.
Grupos de familiares de presos en distintas cárceles tratarán de crear una organización nacional a partir del actual conflicto, anunció.
Desde hace más de un año, los medios de comunicación se han dedicado en forma casi exclusiva al conflicto entre el presidente Hugo Chávez y sus opositores, en especial durante la huelga contra el mandatario en diciembre de 2002 y enero de 2003.
La crisis política, y la económica acentuada por la huelga, mellaron los ingresos del Estado, en perjuicio del pago de deudas y el cumplimiento de programas y otros compromisos.
Eso mermó los recursos previstos en el presupuesto para brindar a las cárceles alimentos, servicios médicos y refacción de instalaciones, e incluso para el transporte de presos a tribunales.
”En muchas prisiones las despensas llevan semanas desabastecidas y, aunque cause asombro, la conducta de muchos funcionarios es que, ya que no hay alimentos, pues simplemente no se da comida a los presos”, dijo a IPS el abogado Eddie Salazar, del programa de extensión a las cárceles de la Universidad Central de Caracas.
Directores de prisiones ”optaron por aumentar los días de visita, de dos a cuatro por semana, para que los familiares lleven comida a los detenidos, pero el problema son los presos desatendidos o recluidos en ciudades donde no tienen parientes”, explicó.
”Unos cazan perros, gatos y hasta ratas en los patios de las prisiones, pero otros roban comida a los detenidos que la poseen, lo que desata situaciones de violencia que han llegado hasta la muerte, aunque esos casos son ocultados”, añadió Salazar.
En algunas cárceles ”los presos no reciben ni siquiera agua. Es una falta de respeto y un desdén absoluto por el derecho a la vida”, enfatizó Humberto Prado, de la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Nacional de Prisiones.
Rincón dijo al visitar La Planta que del Ministerio de Finanzas partieron ya órdenes de pago de unos 625.000 dólares a proveedores de prisiones, lo que permitiría cubrir las necesidades alimentarias, y propuso un plan de emergencia coordinado con el Poder Judicial para acelerar los procesos de miles de detenidos que aguardan sentencia.
”Es la misma casete que oímos desde hace cuatro años (cuando Chávez asumió el gobierno), con el paso de cinco ministros y nueve directores del área de prisiones”, se quejó Prado.
”Desde hace seis meses tratamos con el Ministerio del Interior y Justicia para que se atienda este problema, pero no hemos tenido éxito y cuanto muestran los presos es verdad: lo que está a la vista no necesita anteojos”, dijo a IPS una responsable del área carcelaria de la Defensoría del Pueblo, bajo condición de anonimato.
”El problema es semejante al de otros entes de la administración pública, que esperan por recursos demorados por el Ministerio de Finanzas. En el caso de las prisiones, el dinero llega con cuentagotas desde hace 14 meses”, aseguró.
”Sin embargo, durante nuestras inspecciones a los presos que protestan comprobamos que lo que menos piden es comida”, y que ”su objetivo principal es acceder a los beneficios de libertad condicionada previstos en el Código Procesal Penal”.
Esos beneficios permiten a los presos abandonar temporalmente la cárcel o conmutar su pena cuando cumplen parte de ella, pero en la mayoría de los casos no es posible otorgarlos, debido a tardanza en la administración de justicia.
Según Salazar, 85 de cada 100 presos son afectados por demoras en los tribunales que consideran sus casos.
La dilación procesal ha sido la principal causa de protestas en las prisiones, según el informe 2001-2002 de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que además registró pésimas condiciones de la infraestructura carcelaria.
En los años 90, las cárceles venezolanas fueron escenario de motines, reyertas y asesinatos masivos por parte de gendarmes, en algunos casos con más de 100 muertos en un solo día.
Esos problemas han disminuido pero persisten, y Provea contabilizó un promedio de 25 muertes violentas cada mes en las cárceles durante 2002.
El hacinamiento, una de las causas de la violencia, se redujo luego de que el nuevo Código Procesal Penal permitió liberar en el periodo 1998-2000 a varios miles de los 25.000 detenidos que había en el país en los años 90.
