Pérdida de credibilidad de gobernantes, acuerdos para acortar mandatos, pedidos de renuncia y ruptura de alianzas son muestras cada vez más frecuentes en América del Sur de la impotencia de muchos políticos frente a la crisis económica y las demandas de la sociedad empobrecida.
Las dificultades de los presidentes para terminar sus mandatos y la rápida caída en su popularidad responden a problemas de gobernabilidad, explicó a IPS el sociólogo argentino Ernesto López, profesor de la Universidad de Quilmes.
El más significativo de esos problemas es la tensión entre las exigencias de una economía globalizada y la capacidad de inclusión social, un desafío para el cual la política se muestra impotente, añadió.
La subordinación del mercado a la política devalúa el sistema democrático, provoca crisis de representación y causa escepticismo entre los ciudadanos, sostiene López en su libro Globalización y democracia.
Esa situación se manifiesta con matices en América del Sur. En un extremo se ubica Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva disfruta aún de gran popularidad tras haber asumido el poder el 1 de enero.
En el otro extremo aparece Paraguay, con su mandatario Luis González Macchi apenas con uno por ciento de popularidad.
González Macchi, quien a poco de asumir en 1999 llegó a contar con 80 por ciento de apoyo popular según la empresa Gabinete de Estudios de Opinión, superó con dificultades en febrero un juicio político del Senado, aunque no pudo refutar las acusaciones sobre diversos delitos de corrupción.
La cámara alta decidió mantener a González Macchi en el cargo sólo por la proximidad de las elecciones de abril.
Una encuesta realizada este mes por la misma firma indicó que para casi 64 por ciento de los paraguayos consultados el gobierno es muy malo, para 22 por ciento es apenas malo, para 12 por ciento es regular y sólo 1,2 por ciento lo considera bueno o muy bueno.
Argentina vivió una fuerte tensión institucional en diciembre de 2001, al desatarse un movimiento de protestas sociales por la falta de respuesta a sus necesidades del gobierno de Fernando de la Rúa, quien apuró su renuncia cuando apenas transitaba la mitad de su mandato de cuatro años.
El reemplazante nombrado por el Congreso legislativo, Adolfo Rodríguez Saá, sobrevivió en el cargo sólo 10 días, y quien le siguió el 1 de enero de 2002, el actual presidente Eduardo Duhalde, ya anunció el anticipo en siete meses de la entrega del gobierno a quien sea elegido en abril.
También el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, estuvo al borde de la renuncia en enero, cuando sólo cinco meses después de asumir el cargo debió enfrentar protestas campesinas que dejaron 19 muertos, seguidas en febrero de marchas callejeras de sectores medios y policías, con 33 víctimas fatales.
La incapacidad de satisfacer demandas sociales a la par de cumplir al pie de la letra con las exigencias de ajuste fiscal impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) pulverizaron la popularidad de Sánchez de Lozada, como antes ocurrió con De la Rúa.
El mandatario boliviano aún se mantiene en el cargo, pero su popularidad cayó de 46 a 21 por ciento en seis meses, según una investigación de la firma Apoyo, Opinión y Mercado.
Otro signo de los tiempos políticos actuales es la ruptura de las alianzas de gobierno ante las primeras dificultades en cumplir con las promesas electorales, como sucedió en Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay.
El pedido de renuncia anticipada de Sánchez de Lozada no sólo fue lanzado por su principal opositor, el izquierdista Movimiento al Socialismo del líder campesino Evo Morales, sino también por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Los votos del MIR en el parlamento permitieron a Sánchez de Lozada ganarle la presidencia a Morales, segundo candidato más votado en las elecciones de mediados del año pasado.
El presidente de Perú, Alejandro Toledo, debió afrontar un reclamo de renuncia anticipada similar a comienzos de 2002, cuando la crisis económica precipitó del firmamento la buena estrella con que inició su mandato.
Toledo comenzó su gobierno en julio de 2001 con una aprobación superior a 60 por ciento, pero su imagen se erosionó a medida que continuaba con el mismo programa económico neoliberal de Alberto Fujimori (1990-2000) y no implementaba nuevas formas de hacer política.
El aumento del precio de los combustibles, el freno a las rebajas de tarifas telefónicas, los amagues de privatización y el crecimiento del desempleo atentaron contra la popularidad de Toledo hasta bajar a 11 por ciento de los consultados en septiembre por el Instituto Apoyo, Opinión y Mercado.
Los compromisos con el FMI no le permiten a Toledo cumplir con sus promesas electorales, comentó el economista peruano Hugo Aquino, del privado Instituto Avance Económico.
El drama de las democracias representativas en países con bajo nivel político es que se favorece a los candidatos que hacen promesas espectaculares porque el electorado no está en condiciones de advertir que no son posibles de cumplir, sostuvo Aquino.
Un desgaste parecido al de Toledo sufre Lucio Gutiérrez en Ecuador. La crisis económica que se precipitó apenas llegó al gobierno en enero llevó su popularidad inicial de 65 a 50 por ciento en marzo, según la encuestadora Spectrum, mientras sus socios políticos amenazan con abandonar el barco gubernamental.
El principal aliado de Gutiérrez, el movimiento indigenista, considera que el presidente no cumple con las promesas electorales y ha apostado al continuismo de la política neoliberal de sus antecesores, con aumentos en el precio de los combustibles, de las tarifas y del transporte.
Otro gobierno en apuros es el de Jorge Batlle en Uruguay, quien pasó de una aprobación inicial en marzo de 2000 de 57 por ciento a 15 por ciento de los consultados por la firma Factum, mientras el rechazo a su gestión creció de 15 a 63 por ciento.
Batlle, del tradicional Partido Colorado, también fue abandonado por su aliado electoral, el otro grupo político tradicional, Partido Nacional (blanco), a poco de que el país se sumiera en una profunda crisis económica.
Los partidos tradicionales perdieron la articulación con la sociedad civil y no lograron adaptarse a los nuevos tiempos, comentó a IPS Gerardo Caetano, director del Instituto de Ciencias Políticas de la estatal Universidad de la República. Esto trae un debilitamiento institucional, remarcó.
Los políticos comienzan a acusar dificultades para mediar, para representar intereses diversos y sintetizar esas demandas en sus programas debido a que siguen apelando a instrumentos viejos ante problemas nuevos, interpretó Caetano.
En ese sentido, el experto concluyó que las democracias de la región enfrentan hoy una encrucijada institucional, con un horizonte de fuerte inestabilidad económica y grandes desigualdades sociales.
Esa drástica combinación sólo permitirá salir airosas a las naciones que tengan instituciones más sólidas, como es el caso de Brasil, Chile y Uruguay, agregó.
El sociólogo argentino Ernesto López coincidió en que Chile mantiene trabajosamente un modelo de apertura a la globalización y es el único caso exitoso de América del Sur, si se entiende por exitoso un país cuyo gobierno no se ve fuertemente afectado en su gobernabilidad, explicó.
Para López, Colombia y Venezuela son casos aparte. El primero de esos países porque tiene una situación política que está sobredeterminada por la guerra interna contra la insurgencia y el narcotráfico, y el segundo por la polarización que existe entre los partidarios del presidente Hugo Chávez y la oposición.
La encuestadora Datanálisis indicó que Chávez asumió el gobierno en 1999 con el apoyo de 80 por ciento de los entrevistados en ese entonces, pero en la actualidad sólo recoge 35 por ciento de apoyo ciudadano.
El director de Datanálisis, Luis León, aseguró que 64 por ciento de los venezolanos votaría en contra de la permanencia de Chávez si se realizara un plebiscito en estos días.
En este panorama, la clave del futuro de la democracia en América Latina está en lo que ocurra en Brasil, según analistas. Lula asumió el gobierno en enero con la evaluación positiva de casi 57 por ciento de los consultados por la firma encuestadora Sensus, para caer en marzo a 45 por ciento.
El desgaste político de los oficialismos es moneda corriente, minimizó López.
En el caso de Brasil, el experto destacó que Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) dejó un país gobernable y que Lula hizo una opción inteligente al mantener ese esquema heredado, procurando mejorar la gestión del Estado en el área social.
Me da la impresión de que, si no tiene tropiezos económicos mayores, Lula estará en condiciones de sortear los problemas de gobernabilidad que tienen algunos de sus vecinos, apuntó.
De hecho, en medio de las dificultades económicas de los primeros meses, el nuevo gobierno brasileño mantiene aún una reconocida popularidad.
* Con aportes de Marcelo Jelen (Uruguay), Mario Osava (Brasil), Kintto Lucas (Ecuador), Abraham Lama (Perú) y Humberto Márquez (Venezuela)
