El esfuerzo de austeridad que aplicará el nuevo gobierno de Brasil, superior al acordado por su antecesor con el FMI, no afectará los programas sociales, aseguró este lunes en reunión de gabinete el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades económicas decidieron aumentar la meta del superávit primario de este año, es decir la diferencia entre ingresos y gastos públicos no financieros, a 4,25 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En el acuerdo firmado en septiembre por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) con el FMI (Fondo Monetario Internacional), para obtener un préstamo de 30.000 millones de dólares, la meta fijada para el superávit había sido de 3,75 por ciento del producto.
Este incremento previsto por el gobierno de Lula busca mantener la deuda pública en el nivel de diciembre, de 55,9 por ciento del PIB, con el fin de neutralizar los efectos de la crisis financiera de 2002, como la devaluación de la moneda y el alza de las tasas de interés.
Además de ese ahorro adicional, el presupuesto elaborado por el gobierno anterior y aprobado en diciembre por el Congreso subestimó gastos por 8.900 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares), informó el vocero presidencial, André Singer.
Así, los recortes presupuestarios de este año tendrán que alcanzar los 14.000 millones de reales (3.900 millones de dólares), según los datos presentados a sus pares este lunes por el ministro de Planificación y Presupuesto, Guido Mantega.
Sin embargo, ese esfuerzo no afectará los programas sociales, como el Hambre Cero, que pretende beneficiar este año a un millón de familias, el Primer Empleo, destinado a abrir oportunidades de trabajo a jóvenes, y la legalización de las viviendas de los numerosos barrios marginados y hacinados, denominados favelas.
El área social tiene prioridad absoluta, sentenció Lula, tras indicar a sus ministros la necesidad de reducir gastos no esenciales, principalmente mejorando la eficiencia administrativa.
La confirmación de que los proyectos sociales no serán afectados por el ajuste fue una clara respuesta a las críticas de los sectores más izquierdistas del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula y la mayoría de sus ministros, que acusan el gobierno de seguir la política económica neoliberal de Cardoso.
Algunos dirigentes radicales del PT, como el diputado Joao Batista Araujo, entienden que la profundización del recorte del gasto público, más allá incluso de lo exigido por el FMI, pondrá en juego el crecimiento económico y acentuará los sacrificios de la población.
La reunión ministerial de este lunes, la segunda desde que Lula asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero, sirvió también para definir metas de cada cartera para este año, así como informar detalles de dos decenas de medidas específicas que favorecerán algunos sectores económicos y sociales.
El 21 de marzo, Día Internacional del Combate contra el Racismo, será creada la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial, que tendrá como misión impulsar acciones afirmativas en favor de los negros y de los indígenas.
Singer también anunció la implementación de estímulos al cooperativismo y a las instituciones de microcrédito, que beneficiarán a dos millones de pequeñas empresas, al igual que la adopción de precios mínimos para la leche, en favor de un millón de productores.
El gobierno busca con el incremento de los créditos, en especial para la pequeña agricultura familiar, estimular la producción de maíz y sorgo en el próximo invierno boreal, para evitar de ese modo la escasez y la importación de esos granos.
En la reunión de gabinete, además, se resolvió aumentar nueve por ciento los recursos del gobierno central para el desarrollo científico y tecnológico, una medida que representará casi 4.000 nuevas becas para maestría y doctorado, con preferencia para las regiones del país más rezagadas en esa actividad.
Entre otras medidas de efecto social, aunque limitado, se crearon o ampliaron seis reservas indígenas y fueron expropiadas 203.000 hectáreas para el asentamiento de 5.500 familias de campesinos sin tierra.
Además se determinó la instalación de 4.200 terminales informatizados en las oficinas de correos de casi 4.000 municipios, donde la población tendrá derecho a usar la comunicación electrónica, con 10 minutos de acceso gratis a Internet, como forma de promover la inclusión digital.
Todas las resoluciones tomadas este lunes son relativamente pequeñas para un país de 175 millones de habitantes, con un tercio de pobres y alrededor de 4,8 millones de familias campesinas carentes de tierra para trabajar.
Su anuncio difícilmente ablandará las críticas de opositores y también de partidarios del gobierno a la política económica, que no se distingue de la anterior, según expertos.
El gobierno, además de tratar de encauzar la economía para superar la crisis cambiaria heredada, tiene que prepararse para enfrentar las dificultades adicionales que causará la posible guerra en Iraq, dijo el ministro José Dirceu, responsable de la coordinación política como Jefe de la Casa Civil de la Presidencia.
Un ataque contra Iraq, encabezado por Estados Unidos, ampliaría las presiones inflacionarias por el alza del precio del petróleo y reduciría el flujo de capitales a Brasil, forzando al gobierno a elevar las tasas de interés en desmedro del crecimiento económico, señalan los observadores. (
