El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 132 millones de dólares para un polémico gasoducto que construirán en Bolivia las filiales de las empresas Shell y Enron Corporation, protagonista del mayor escándalo financiero de la historia.
Se trata de Yabog II, paralelo a un viejo gasoducto que une Bolivia y Argentina.
El nuevo proyecto tiende a agilizar la explotación de las abundantes reservas de gas del sur boliviano y provocó fuertes objeciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas e indígenas.
Según el BID, el proyecto impulsará las exportaciones de gas de Bolivia a la vez que satisfará la demanda interna. La Corporación Andina para el Desarrollo aportará 88 millones de dólares adicionales.
Yabog fue construido hace 30 años y se extiende por 440 kilómetros desde la frontera entre Bolivia y Argentina hasta la estación de compresión de Río Grande, situada unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
Yabog II duplicará la capacidad del actual gasoducto y transportará 28.300 metros cúbicos de gas por día a partir de 2004, mediante la adición de sectores paralelos y la modernización y expansión de las estaciones de compresión a lo largo de la ruta del tubo.
La aprobación del crédito el miércoles enojó a grupos ambientalistas que durante meses habían exhortado al BID a rechazar nuevas solicitudes de fondos.
Los dólares de los contribuyentes de Estados Unidos no deben usarse para destruir bosques tropicales prístinos, dijo Atossi Soltani, director ejecutivo del grupo Amazon Watch, con sede en California.
La negación de este crédito por el BID era crucial para indicar a Enron y otras empresas que ya no pueden contar con las arcas públicas para devastar ecosistemas atesorados por todo el mundo. Obviamente, el Banco no está interesado en enviar ese mensaje, lamentó Soltani.
Antes de la votación, Amazon Watch, Amigos de la Tierra y el Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington, publicaron un informe y un vídeo sobre el impacto ambiental de los gasoductos entre Bolivia y Brasil construidos por Enron y Shell.
El gasoducto Bolivia-Brasil es una red de ductos que atraviesa los estados brasileños de Mato Grosso do Sul, San Pablo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
El ducto San Miguel-Cuiabá es un ramal de ese gasoducto principal y atraviesa el bosque Chiquitano, el último bosque tropical seco intacto del mundo.
El estudio de las ONG concluyó que las medidas de prevención y mitigación prometidas por las dos gigantes de la industria energética no aliviaron el atroz impacto social y ambiental que persiste hasta ahora, y en muchos casos, se intensifica.
La decisión de construir los gasoductos a través del bosque Chiquitano provocó graves daños que fueron agravados por un fallido programa de conservación, según el informe.
Además, pese a las promesas de las compañías involucradas, no se logró impedir la caza y la tala ilegales a lo largo de la ruta del gasoducto, lo que provocó una rápida desforestación del área.
El proyecto fue respaldado por un crédito de 200 millones de dólares de la estadounidense Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar (OPIC).
Poco después de que Enron se presentara en quiebra hace un año producto de malas prácticas contables, dejando en la ruina a miles de sus empleados, la OPIC, el mayor financiador público de la compañía, canceló el préstamo.
El informe de los grupos ambientalistas reveló también que las empresas involucradas no proveyeron a las 38 comunidades indígenas chiquitanas y ayoreo, residentes a lo largo de la ruta, títulos de tierra ni compensaciones a largo plazo por la pérdida de sustento a causa del proyecto.
Asimismo, la recién reinaugurada Don Mario Gold Mine, situada en el bosque Chiquitano y en parte propiedad del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, extrae gas del caño para su propio uso, pese al compromiso específico de la compañía en contrario, señaló el informe.
Sánchez de Lozada promovió personalmente la financiación del nuevo proyecto durante una visita al BID el mes pasado.
El mandatario ha sido un ardiente defensor de la explotación de las reservas de gas de Bolivia y de su exportación a países necesitados de energía, como México y Estados Unidos.
El informe también señaló que los gasoductos exacerbaron la desigualdad y los conflictos sociales en la región.
Dado que las mismas empresas están detrás del proyecto de Yabog, las ONG advirtieron que el BID sería negligente si aprobara los fondos solicitados para el plan.
Pero un portavoz del BID dijo a IPS antes de la votación en el directorio del Banco que un desempeño inadecuado en el pasado no significa que las compañías involucradas no sean capaces de rectificar esas deficiencias.
Todos los proyectos de desarrollo tienen su impacto. La cuestión es si las medidas de mitigación son suficientes para proteger las comunidades y el ambiente, agregó el portavoz.
Los grupos ambientalistas e indígenas también se oponen a la construcción de un gasoducto en Perú, el Proyecto Camisea, al que consideran tan deficiente como el de Yabog y los otros dos estudiados en el informe.
Tanto el BID como el Export-Import Bank de Estados Unidos consideran solicitudes de crédito para ese proyecto. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/en/02
