El combate global al terrorismo amenaza la labor de los activistas de derechos humanos que se han convertido en las nuevas víctimas de la represión estatal, advirtió una funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Algunos defensores de los derechos humanos han sido asesinados y otros han desaparecido o han sido detenidos arbitrariamente, dijo la representante especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani.
Aunque Jilani eludió identificar a los países donde se produjeron estos hechos, sostuvo que leyes de seguridad nacional que socavaron los derechos humanos en el pasado han sido endurecidas y aplicadas con mayor rigor luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.
Me temo que esas leyes y políticas afectan a los derechos humanos en general y conducen a gruesas violaciones de las libertades de los activistas, agregó Jilani.
En algunos casos también las familias de los activistas son blanco de intimidación y acoso. En consecuencia, muchos de ellos debieron huir de sus países, dijo Jilani a la prensa la semana pasada.
En un informe de 15 páginas divulgado en la sede de la ONU en Nueva York, Jilani relató que 14 países no respondieron a su pedido para efectuar visitas locales: Bután, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Túnez y Uzbekistán.
Tampoco Belarus, Chad, Nigeria, Togo, Turquía ni Zimbabwe contestaron las últimas y reiteradas solicitudes para visitar sus territorios.
Las condiciones más graves que Jilani constató en sus viajes por el mundo se registraon en América Latina, donde existe un marcado aumento de las amenazas a la seguridad de los activistas, sostuvo.
La militarización de la seguridad pública ha crecido notablemente en la región. Esto ha promovido la predominancia de la lógica, la legislación y las prácticas militares en el abordaje del control social, afirma el estudio redactado por Jilani.
Por otra parte, en muchos países africanos hay una clara tendencia de persecución a quienes defienden las libertades civiles, critican las prácticas antidemocráticas o exponen la corrupción y el abuso de poder.
Los gobiernos africanos tienden a utilizar el sistema judicial para acosar y castigar a los activistas de derechos humanos, según el informe.
En varios países de Asia, las leyes de seguridad nacional han adoptado las formas más severas.
Aunque ya existían leyes represivas o antiterroristas en la región antes del 11 de septiembre de 2001, gobiernos (asiáticos) utilizan la coyuntura internacional para justificar esas prácticas. Las leyes se aplican de tal modo que erosionan tanto el debido proceso como el estado de derecho, sostuvo el estudio.
La ex comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, reclamó en junio un nuevo organismo o experto internacional para controlar el impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos.
El nuevo Comité Antiterrorista creado por el Consejo de Seguridad de la ONU a fines del año pasado no considera que tiene el mandato para fiscalizar esos excesos, dijo Robinson.
Alemania, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Uzbekistán, entre otras naciones, introdujeron medidas antiterroristas de gran alcance, algunas de las cuales han sido acusadas de violar principios básicos de derechos humanos.
Por ejemplo, la detención de ciudadanos extranjeros, el ajuste de las leyes de inmigración, la vigilancia electrónica sin orden judicial, la deportación de personas sin visas y el control de la correspondencia y comunicaciones entre un detenido y su abogado.
Jilani también manifestó su preocupación por que los gobiernos utilizan la guerra contra el terrorismo para justificar la política de detenciones contra los solicitantes de asilo.
La funcionaria del foro mundial añadió que muchos gobiernos están formulando nuevas leyes para considerar formas comunes de desobediencia civil como terrorismo, creando nuevos delitos vinculados a la incitación, restringir el derecho de reunión o suspender garantías básicas como el periodo legal de detención sin juicio.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió también a los estados que no deberían producirse transacciones entre el combate al terrorismo y la protección a los derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, cuestionó en su informe de este año a Estados Unidos y Gran Bretaña por minar los derechos humanos.
AI describió varios significativos fracasos de los derechos humanos en Estados Unidos.
Por ejemplo, la autorización de tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, la aplicación selectiva de la Convención de Ginebra a presuntos integrantes de la red Al Qaeda y el movimiento islámico Talibán, prisioneros en la base cubana de Guantánamo, y la detención indefinida de extranjeros sin cargos ni acceso a defensa legal. (FIN/IPS/tra-enn/td/dcl/hd/02
