La llamada posición común, que desde hace seis años condiciona la cooperación de la Unión Europea con Cuba, no ha logrado las reformas políticas buscadas en la isla y le resta al bloque posibilidades de influencia, según experto cubano.
Nadie cree ya en la efectividad de esa postura, que se mantiene por inercia y con el respaldo real de sólo tres o cuatro de los 15 países miembros de la Unión Europea (UE), dijo a IPS, Eduardo Perera, investigador del Centro de Estudios Europeos (CEE).
La UE aprobó una resolución en 1996 en la que se toma nota del intento de apertura económica implementado en Cuba hasta ese momento, aunque también considera que la plena cooperación dependerá de los progresos en derechos humanos y libertad política en este país caribeño.
Además, a propuesta de España, el bloque europeo acordó intensificar el diálogo con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana, para promover el respeto a los derechos humanos y un progreso real hacia la democracia pluralista.
Al evaluar, cada seis meses, su posición hacia Cuba, la UE sigue insistiendo en su respaldo a un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático, como requisito para la cooperación.
Pero esas demandas son vistas como inaceptable injerencia en asuntos internos por el gobierno de Fidel Castro, que además no acepta condiciones previas para sentarse a dialogar.
La política europea cambiará cuando cambie la política cubana. No debería extrañar que no haya cambios en la posición común, comentó a IPS un diplomático europeo acreditado en La Habana.
Este diplomático precisó que ha dejado claro que cada programa de derechos humanos será determinante para permitir un cambio de la política de la UE que se exprese en la posición común.
En tanto, esa postura mantiene a Cuba imposibilitada de suscribir un convenio global con la UE, que le permitiría acceder a todos los instrumentos de cooperación aplicados por ese bloque con otros países.
La posición común constituye un punto de fricción fundamental entre ambas partes, que gravita de modo negativo sobre las posibilidades de diálogo bilateral, indicó Eduardo Perera, experto del CEE, institución cubana con personería jurídica propia.
Perera opinó que el comportamiento de la UE hacia Cuba es discriminatorio, al condicionar el desarrollo futuro de la cooperación bilateral a cambios políticos y económicos perceptibles.
Precisó al respecto, que todos los acuerdos firmados por el bloque europeo con naciones latinoamericanas, incluidos los últimos con México y Chile, son los llamados de tercera generación, que incluyen la denominada cláusula democrática.
Pero lo que se intentó condicionar a Cuba (a partir de la aprobación de la posición común) no es la cooperación, sino la negociación del acuerdo, explicó.
El especialista añadió que, pese a las reservas sobre la llamada cláusula democrática, la UE jamás supo si el gobierno cubano hubiera estado de acuerdo con disposiciones similares a las incluidas en los convenios con América Latina.
La razón es que la isla nunca tuvo la oportunidad de estar en la mesa de negociaciones como un socio igual de la UE, pues esta misma posibilidad fue condicionada a la satisfacción de prerrequisitos políticos, concluyó Perera.
Esa cláusula democrática obliga, entre otros aspectos, al reconocimiento total de los valores de la democracia y los derechos humanos, y la violación de cualquiera de ellos puede implicar la denuncia y fin del tratado.
En el ámbito internacional, la UE ha votado hasta ahora en la Organización de las Naciones Unidas en favor del cese del embargo estadounidense contra Cuba, pero también ha aprobado en bloque las resoluciones de condena respecto de la situación de los derechos humanos en la isla.
La Habana y las autoridades de la UE preparan actualmente la agenda de trabajo para las conversaciones que esperan sostener, probablemente en noviembre, para dar continuidad al descongelamiento del diálogo, iniciado en diciembre, cuando el bloque era presidido por Bélgica.
Lo que prima hoy internacionalmente es la vía negociada y en estos momentos hay disposición de ambas partes para conversar sobre innumerables temas, consideró Perera.
Según fuentes oficiales cubanas, en el primer semestre de 2002, cuando la presidencia del bloque estaba en manos de España, no hubo avances palpables en ese proceso.
El gobierno de Castro confía en los buenos resultados del diálogo, que debería proseguir en el primer semestre de 2003, periodo en que Grecia sucederá a Dinamarca en la presidencia de la UE.
Cuba mantiene relaciones diplomáticas bilaterales con los 15 países miembros de la UE, además de vínculos comerciales sin trabas e inclusive de creciente cooperación, una situación que Perera califica de gran paradoja.
Tanto en La Habana como desde Bruselas se confirmó oficialmente que la UE establecerá a principios de 2003 una representación con rango diplomático en la isla.
Precisamente, el experto consideró la ausencia de una delegación oficial de la UE como un factor que limita su presencia política y contrasta con el caso de Estados Unidos, que, pese a la falta de vínculos diplomáticos, tiene una Oficina de Intereses en la capital cubana.
La UE no ha logrado sus objetivos de reforma en Cuba. Más aún, su capacidad de influencia sobre el escenario interno de la isla se ha reducido en términos comparativos, señaló Perera.
El bloque comunitario, integrada hasta ahora por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia, concentra 34 por ciento del movimiento comercial cubano.
España es el mayor crítico del gobierno de Castro, pero también el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio que en 2000 sumó más de 893 millones de dólares, según datos oficiales.
El segundo mercado europeo en importancia para Cuba es Francia, cuyo intercambio alcanzó también en 2000 más de 332 millones de dólares, seguido de Italia, con 331 millones de dólares.
En el campo de las inversiones extranjeras, España marcha a la cabeza en cuanto a la cantidad de empresas con negocios en Cuba, con 25 por ciento del total, seguido de Canadá, con 19 por ciento, Italia, con 14 por ciento, Francia, con cuatro por ciento, y Gran Bretaña, con tres por ciento. (FIN/IPS/pg/dm/if/02
