Representantes de 55 comunidades indígenas de Africa, América Latina y Asia solicitaron participación directa en el diseño y realización de proyectos de desarrollo financiados por la Unión Europea (UE) en sus territorios.
El reclamo fue formulado en una conferencia celebrada en Bruselas la semana pasada, organizada por la filial británica de la organización no gubernamental Rainforest Foundation, la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.
Delegados de 55 comunidades indígenas y de 46 organizaciones no gubernamentales, 33 altos funcionarios de la UE y 18 representantes de gobiernos asistieron a la reunión.
La conferencia recomendó a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, asegurarse de que las preocupaciones de los pueblos indígenas sean incorporadas a los proyectos de desarrollo en los territorios en que habitan y que el bloque financia.
El comisario de la UE de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, el danés Poul Nielson, coincidió en que garantizar el acceso a la tierra y a los recursos naturales es crucial para la supervivencia de los pueblos indígenas.
La Comisión respalda en Africa y en América Latina los procesos de reforma agraria que den un marco legal respetuoso de los derechos ancestrales sobre la tierra, dijo Nielson ante la conferencia.
La Comisión Europea tratará de incorporar en sus políticas las recomendaciones emitidas por la reunión en Bruselas, prometió Nielson. Espero que esta conferencia sea un paso en el proceso de establecer nuevos mecanismos de diálogo constructivo entre la UE y los pueblos indígenas, dijo.
Las comunidades indígenas son las más antiguas de los países, pero se convirtieron en minorías luego de siglos de migración. Su proporción dentro de la población total de un país es variable: en Brasil, por ejemplo, son menos de 0,1 por ciento del total, y en Perú, 40 por ciento.
Existen unos 250 millones de indígenas en todo el mundo, divididos en 5.000 grupos en alrededor de 70 países. Las selvas lluviosas son el hogar de unos 50 millones.
La conferencia pidió a la UE el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades políticas, como pueblos y actores con autoridad sobre su propio desarrollo.
La mayoría de las relaciones externas de la UE se desarrollan con estados, y deben forjarse iniciativas innovadoras para construir vínculos con pueblos indígenas, indicaron los participantes.
Representantes de pueblos indígenas de Camerún, Colombia, Filipinas, India, Indonesia, Panamá y Tailandia presentaron estudios sobre casos concretos que ilustran cómo proyectos financiados por la UE perjudicaron a sus comunidades.
El Programa Agrícola de la Cordillera Central, en Filipinas, que tuvo un costo de 30 millones de dólares, es una muestra de cómo proyectos de infraestructura bien intencionados pueden conducir a actos de corrupción en el nivel local, según participantes en la conferencia.
Por otra parte, un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, los servicios de salud y la actividad cultural de los indígenas adivasi, en la región india de Jharkhand, dio resultados muy positivos, según los participantes en la reunión en Bruselas.
Este proyecto, al que la UE asignó la mitad de los 114.000 dólares de su costo total, fue diseñado con participación de los beneficiarios, y se empleó para su desarrollo a profesionales de la etnia adivasi, explicó el activista de la Red de Pueblos Indígenas y Tribales Asiáticos Suhas Chakma.
Los participantes también mostraron las luces y las sombras de experiencias con organizaciones no gubernamentales, que, según concluyó la conferencia, nunca deberían proclamarse como representativas de los poueblos indígenas.
Las organizaciones no gubernamentales deberían asumir un papel facilitador más que ejecutivo, advirtieron. Nunca deberían iniciar proyectos sin el acuerdo de las comunidades, sostuvo la conferencia. (FIN/IPS/tra-eng/gh/ss/mj/dv/02
