La derogación en Argentina de una ley que perseguía delitos financieros, tal como exigía el FMI, dejó sin efecto la amenaza de renuncia del presidente Eduardo Duhalde.
La ley de subversión económica fue derogada el jueves de noche por el Senado, tras un empate en que el voto calificado del presidente provisional de la cámara alta, Carlos Maqueda, fue decisivo.
Si esto no se aprobaba, yo renunciaba, admitió Duhalde al diario La Nación tras conocer el resultado. La verdad es que yo no me podía quedar ni un minuto más en el gobierno si el Senado no derogaba esta semana la ley, cuestionada por el FMI (Fondo Monetario Internacional), agregó.
Además, el presidente estaba preocupado de que un fracaso en el Congreso legislativo depreciara aun más el peso, la moneda nacional, en baja durante la semana. El dólar se vendió a 3,7 pesos en el mercado libre este viernes, luego de cotizarse a la par durante 11 años hasta la investidura de Duhalde, en enero.
La mayoría de los senadores del gobernante Partido Justicialista aprobaron la derogación, al igual que dos legisladores de partidos provinciales. El empate fue a 34, y con el voto doble del presidente del Senado se impuso la anulación de la ley.
La mayoría de los senadores votaron en contra de lo que habían argumentado en una sesión realizada hace dos semanas, cuando trabajaban en un proyecto de modificación y no de derogación de la ley, con el fin de evitar que quedaran impunes delitos con los que se perseguía a banqueros.
El propio Duhalde había advertido entonces que no quería la derogación, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, gestionó ante el FMI la modificación de la norma. No obstante, el riesgo de no obtener los votos suficientes para cambiar la ley derivó en la derogación total, una medida indeseada por casi todos.
Los que aceptaron la anulación aseguraron que el código penal ya contempla los delitos que perseguía la ley de subversión económica. En cambio, quienes querían mantener la norma sostenían que, si ésta fuera inocua, el FMI no estaría reclamando su derogación como requisito para un desembolso de ayuda financiera.
La ley de subversión económica, promulgada en 1974 y reformada parcialmente 10 años después, sirvió a jueces y fiscales para perseguir el vaciamiento de empresas, entre ellas bancos. Había caído en desuso en los últimos años, pero recobró interés a raíz de la crisis bancaria estallada en 2001.
El FMI consideraba que la vigencia de la norma ahuyentaba a los inversores.
La justicia federal esgrimió la ley para detener al presidente del Banco General de Negocios, Carlos Rohm, y para pedir la captura de José Rohm, su hermano prófugo. También era investigado el vicepresidente del Credit Suisse First Boston, David Muldford, integrante del directorio del Banco General de Negocios.
Por otra parte, se había iniciado proceso contra una docena de directivos de bancos argentinos y extranjeros por estafa en perjuicio de los ahorradores que tienen atrapados sus depósitos desde diciembre por las restricciones a los retiros denominadas corralito, ideadas para frenar la corrida bancaria.
Por esta causa habían sido citados a declarar presidentes de bancos como el Río-Santander, el BankBoston, el Galicia, el Scotiabank —suspendido desde hace casi dos meses y en proceso de venta— y el HSBC, entre otros directivos que hasta el momento habían logrado sortear la detención.
La derogación de la ley no tiene otro objetivo que el de liberar de proceso a personajes que hicieron mucho daño al país, protestó en la sesión el senador Carlos Maestro, de la tradicional Unión Cívica Radical.
La centroizquierdista diputada opositora Elisa Carrió, del movimiento Argentinos para una República de Iguales, consideró que la derogación consituye una autoamnistía dirigida a quienes saquearon al país y un suicidio de toda la clase dirigente argentina, que permitió esa impunidad.
La ley de subversión económica estaba en la agenda del FMI a petición de los banqueros que podían ser procesados, y su derogación significa la impunidad final para la fuga de dinero del país, dijo Carrió.
La legisladora pronosticó que la anulación de la ley dejará sin efecto muchos procesos e impedirá la investigación de otros.
Ahora, el gobierno estaría más cerca de obtener ayuda financiera del FMI. Esos fondos se utilizarán para cancelar deudas que vencen este año con organismos multilaterales de crédito, entre ellos el propio FMI. Otro requisito, la aprobación de una nueva ley de quiebras, ya se cumplió.
El gobierno considera que un acuerdo con el FMI también serviría para respaldar la gestión de Duhalde y destrabar otros convenios con el Banco Mundial y con gobiernos europeos. Esos fondos se emplearían para la financiación de exportaciones y en subsidios para desempleados.
Hubo extorsiones por carácter transitivo para derogar la ley de subversión económica, sostuvo el senador de la Unión Cívica Radical Rodolfo Terragno. El FMI extorsiona al presidente, el presidente a los gobernadores y los gobernadores a sus legisladores, obsrevó.
La necesidad de ayuda financiera para salir de la crisis se hizo cada vez más acuciante en los últimos meses. Con cuatro años de recesión, un desempleo superior a 23 por ciento y una deuda pública voluminosa, el gobierno concentró su estrategia en conseguir fondos en el exterior.
Duhalde apura ahora las negociaciones con los gobiernos provinciales para reducir 60 por ciento el déficit fiscal de esos distritos. Nueve provincias ya firmaron un acuerdo al respecto, y otras 11 aún negocian el ajuste a cambio de la entrega de fondos que les adeuda el gobierno.
Ese acuerdo es otro de los requisitos del FMI para un convenio de asistencia financiera, que, según el Ministerio de Economía, podría estar sellado antes del 30 de junio.
El Ministerio anunciaría este sábado una solución al corralito, que prevé el canje de depósitos por diversos bonos a mediano y largo plazo, en pesos y en dólares, y también los pasos a seguir por los ahorradores en caso de cierre de bancos en el futuro. (FIN/IPS/mv/mj/if/02
