El parlamento de Brasil se dispone a aprobar una enmienda constitucional que persigue objetivos aparentemente contradictorios: admitir el ingreso de capital extranjero en los medios de comunicación, en especial la televisión, para aumentar su contenido nacional.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y su votación está pendiente en el Senado, pero un acuerdo al que adhieren la mayoría de los legisladores opositores asegura una tranquila aprobación, prevista para abril.
El acuerdo establece «salvaguardias», como la exigencia de que el control editorial de los medios, la selección de los programas de televisión y otras responsabilidades podrán ser ejercidos sólo por ciudadanos brasileños, explicó a IPS el diputado Walter Pinheiro, del opositor Partido de los Trabajadores (PT).
Además, los parlamentarios oficialistas aceptaron aprobar medidas siempre postergadas, como la instalación de un Consejo de Comunicación Social que definirá normas y criterios en la materia, previsto en una ley de 1991 pero aún inexistente.
El voto favorable del PT y otros partidos opositores sorprendió al Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación y al Congreso Brasileño del Cine, que agrupan a centenares de organizaciones y se oponían a la «desnacionalización de un sector estratégico».
Antes, afirmaron esas organizaciones, debió ordenarse institucionalmente un área «caótica», que carece de reglas para la adopción de nuevas tecnologías.
Pero un movimiento formado entre los profesionales del cine identificó en este proceso la oportunidad de luchar por una mayor presencia de la producción audiovisual nacional en la televisión.
Una de las propuestas, defendida por la cadena televisiva Globo, es exigir un mínimo de 60 por ciento de contenidos nacionales para que los medios puedan recibir capital extranjero. Globo, conocida por sus telenovelas exportadas a todo el mundo, es la única red que cumpliría con ese requisito.
En algunas cadenas, la producción nacional representa menos de 20 por ciento de las emisiones, según el periodista y productor de televisión Nelson Hoineff.
La reglamentación en debate abre la posibilidad de ampliar esa proporción con producciones independientes y nacionales, un viejo reclamo de los realizadores brasileños.
Los recursos extranjeros fomentarían así una mayor nacionalización de la programación televisiva, actualmente dominada por producciones estadounidenses.
Pero esas exigencias, además de depender de una legislación posterior sin garantía de aprobación, son «una ilusión», según el investigador James Görgen, del Instituto de Estudios y Pesquisas de Comunicación de la meridional ciudad de Porto Alegre y del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación.
El hecho de que brasileños estén a cargo de la dirección o de los contenidos no asegura el carácter nacional de sus productos, ya que «el estilo y la visión dominantes tienden a seguir los patrones del audiovisual estadounidense», argumentó.
El capital brasileño mayoritario tampoco da seguridad de una mayor producción nacional, pues el inversionista extranjero no aportaría recursos sin influir en las decisiones. Su poder aumenta a medida que su aporte es vital para la recuperación de medios vulnerables, observó el investigador.
La Constitución brasileña de 1988, tal como las anteriores, prohíbe la participación de extranjeros en el capital de los medios de comunicación. La enmienda en trámite los admite como socios minoritarios, limitados a un máximo de 30 por ciento de las acciones.
El sector afronta hoy una grave crisis, con diarios al borde de la quiebra y las cadenas televisivas arrastrando pesadas pérdidas. El aporte de capital extranjero surgió como una solución.
Por eso la enmienda, propuesta en 1995, fue tramitada con sorpresiva rapidez en los últimos meses, venciendo la resistencia de partidos de izquierda, sindicatos e investigadores de la comunicación. El PT decidió, ante la derrota inminente, canjear su apoyo por las garantías de control nacional sobre los medios.
«Pero la guerra aún no está perdida», dijo a IPS la presidenta del Congreso Brasileño de Cine, Assunçao Hernandes, quien confía en que el Senado rechazará la enmienda constitucional.
En cualquier hipótesis, esta organización, creada con el objetivo de consolidar el renacimiento de una cinematografía casi extinta en los primeros años 90, seguirá luchando por la democratización de los medios de comunicación y por la diversidad de la producción audiovisual ofrecida a la población, señaló.
Es necesaria más producción nacional, que genere más empleo y ponga fin al «chaleco de fuerza» según el cual 93 por ciento del mercado cinematográfico nacional está ocupado por películas estadounidenses, lo cual excluye tanto al cine nacional como al de otros países, afirmó Hernandes.
Una propuesta, por ejemplo, es obligar las cadenas de televisión exhibir al menos un largometraje brasileño por semana, un reclamo tímido pero que representaría «casi una revolución», comentó la productora y líder del movimiento de los cineastas. (FIN/IPS/mo/mj/ic/02
