Activistas humanitarios de Malasia criticaron la deportación de inmigrantes indocumentados que se realiza desde fines de 2001 con el propósito declarado de evitar actos terroristas.
La oleada de deportaciones marca la política más hostil a los inmigrantes desde la crisis económica de 1997, y la policía arguye que uno de sus principales objetivos es erradicar a grupos armados islámicos, particularmente filipinos, que intentaban establecer bases en el país.
A comienzos de este mes, fueron enviados de regreso a su país un millar de filipinos que residían en el oriental estado de Sabah, incluyendo a personas casadas con otros inmigrantes o con ciudadanos malasios, y a hijos de inmgrantes indocumentados que nacieron en el país pero no poseen documentos de identidad malasios.
Un integrante del Consejo de Ministros de Sabah informó que las autoridades investigan la situación legal de hijos y nietos de inmigrantes indocumentados, y que también indagan si los certificados de nacimiento malasios de algunos niños fueron falsificados hace años.
«Los indocumentados deberían regresar al lugar del cual provienen. No debería haber lugar para ellos en Sabah», dijo a periodistas el primer ministro de ese estado, Chong Kah Khiat, cuando se le preguntó cuál es la posición oficial sobre los hijos de inmigrantes.
«No perdamos de vista lo más importante: aprovechar una oportunidad de deshacernos de todos los inmigrantes ilegales que mo se había presentado en los últimos 20 años. Hagámoslo ahora», añadió.
Según un periódico local, 4.447 filipinos que residían en Sabah fueron deportados desde comienzos de este año.
En Malasia hay unos 700.000 trabajadores inmigrantes legales, y otros cientos de miles de inmigrantes ilegales, y la mayoría de los que residen en Sabah provienen de Filipinas e Indonesia, países desde los cuales se llega a ese estado mediante pocas horas de viaje en bote.
Los deportados a comienzos de este mes fueron enviados a la meridional ciudad filipina de Zamboanga en un simple transbordador que partió de Sandakan, la capital de Sabah.
La fase más reciente de la campaña de expulsión, que incluye la investigación de extranjeros y la demolición de casas ocupadas por inmigrantes ilegales, comenzó el 26 de febrero y se lleva a cabo en forma «integrada» según funcionarios, con participación de policías, militares y personal civil de defensa.
Hasta ahora se ha indagado la situación de más de 11.000 extranjeros y se han demolido más de 4.500 viviendas ocupadas.
La semana pasada, un incendio por causas no aclaradas destruyó más de 1.000 viviendas ocupadas por más de 5.000 personas en Kampong Baru, una colonia de inmigrantes en Labuan, una isla cercana a las costas de Sabah cuyas normas sobre depósitos bancarios la convierten en un paraíso fiscal para extranjeros.
La policía investiga si se trató de un incendio causado en forma intencional para expulsar a indocumentados.
Muchos inmigrantes que residían en Sabah han regresado a sus países de origen por sus propios medios, y otros se ocultan en áreas rurales o en casas de parientes.
Según informes periodístocos, las principales ciudades de Sabah muestran una inusual quietud debido a la ausencia de vendedores callejeros, que eran en su mayoría inmigrantes.
«Los inmigrantes que han residido en Sabah durante un periodo relativamente largo deberían ser tratados en forma más justa, con criterios más liberales», dijo a IPS un trabajador voluntario que asiste a inmigrantes filipinos en la noroccidental ciudad de Penang.
«Quizá la operación busque ganar la simpatía de quienes conducen la lucha mundial contra el terrorismo», comentó Joseph Paul, activista de Kuala Lumpur por los derechos humanos, en referencia a la campaña lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Especialistas extranjeros en política internacional han afirmado que Malasia, cuya población es en su mayoría musulmana, puede convertirse en escenario de ataques de grupos terroristas islámicos a los cuales Washington considera responsables de los atentados de septiembre.
Sin embargo, analistas de Filipinas consideran irónico que la policía malasia hable de intentos de penetración terrorista en la colonia de inmigrantes de Sabah, en especial por parte de grupos islámicos filipinos, ya que se sospecha desde hace años que esos grupos reciben apoyo económico y logístico de Malasia.
Otros activistas malasios señalan que las fuerzas de seguridad del país han utilizado durante décadas a los inmigrantes como chivos expiatorios, al culparlos de problemas que incluyen aumento de la criminalidad, insuficiencia del presupuesto para salud y educación, epidemias e incluso contaminación ambiental.
La nueva política contra los inmigrantes ha creado tensión con Indonesia, porque Kuala Lumpur prohibió el ingreso de nuevos trabajadores provenientes de ese país, y ahora complica las relaciones con Filipinas.
A fines de 2001, antes de que comenzaran las deportaciones, Manila elogió mucho al gobierno malasio por arrestar y deportar a Filipinas a Nur Misuari, dirigente del más antiguo grupo insurgente musulmán de la meridional región filipina de Mindanao, quien es juzgado en la actualidad en su país. (FIN/IPS/tra- eng/an/ccb/js/mp/pr ip/02
