La sombra de una mezquita medieval demolida en India hace 10 años por fundamentalistas hindúes se cierne sobre el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) y amenaza la coalición encabezada por ese grupo nacionalista hindú.
El primer ministro Atal Bihari Vajpayee fracasó en la promoción de un arreglo extrajudicial sobre la propiedad del terreno en que se erigía hasta 1992 la mezquita de Babri, en la localidad de Ayodhya, del septentrional estado de Uttar Pradesh.
En ese terreno de 26,8 hectáreas, expropiado por el gobierno en 1993 en virtud de una ley especial, grupos hinduístas proyectan iniciar el viernes 15 las obras de construcción de un templo al dios Rama.
Líderes musulmanes informaron el domingo a Vajpayee que preferían aguardar a una solución judicial de la disputa y le urgieron a garantizar que el terreno permanezca libre por ahora, de acuerdo con una orden de la justicia.
Bajo presión de aliados clave de la Alianza Nacional Democrática, la coalición de gobierno que agrupa a 21 partidos, Vajpayee aseguró este lunes al parlamento que impediría la celebración de ritos ceremoniales hindúes -para marcar el comienzo de las obras- a la espera de una sentencia judicial.
Varios partidos regionales expresaron consternación por los disturbios producidos en el estado occidental de Gujarat en las últimas semanas, que dejaron más de 1.000 muertos, y por el desafío a las decisiones de la justicia por parte del Foro Mundial Hindú (VHP), que encabeza la campaña por la construcción del templo y está estrechamente ligado al BJP.
Entre esos partidos regionales se cuentan Telugu Desam, que gobierna el sureño estado de Andhra Pradesh, y Biju Janata Dal, que gobierna el oriental Orissa.
El líder de Telugu Desam, Yerran Naidu, dijo que no debe haber «ambigüedad» por parte del gobierno en la cuestión del templo.
Mamta Banerjee, líder del partido del Congreso Trinamul, otro aliado clave del BJP, dijo que «se debe mantener el status quo y el primer ministro debe tomar fuertes medidas contra las organizaciones religiosas» que intenten lo contrario.
La destrucción de la mezquita de Babri en 1992 se realizó con el apoyo de militantes del BJP y de varias organizaciones radicales hindúes, en presencia del actual primer ministro Vajpayee y del actual ministro del Interior, Lal Krishna Advani.
Además, fue Vajpayee, el supuesto «moderado» hindú, el que promovió la demanda de construcción del templo el año pasado al afirmar que ella representa el «sentimiento nacional».
Sin embargo, el primer ministro aseguró esta semana al parlamento que «el gobierno está determinado a mantener la paz», y consideró una «vergüenza nacional» los enfrentamientos comunales producidos a raíz de este tema en Gujarat.
Luego del incendio de un tren que transportaba a cientos de activistas hindúes de Ayodhya el 27 de febrero, supuestamente por grupos islámicos, estalló la violencia en Gujarat contra la minoría musulmana y sus propiedades.
Vajpayee está ahora bajo presión del parlamento para destituir al ministro jefe de Gujarat, Narendra Modi, del BJP, quien no hizo nada por detener los ataques contra musulmanes e incluso los justificó como una reacción natural ante el atentado al tren, que dejó 52 muertos.
Líderes opositores como Mulayam Singh Yadav, jefe del poderoso Partido Samajwadi (socialista) de Uttar Pradesh, también exigieron medidas contra el Foro Mundial Hindú.
«Reclamamos medidas contra los líderes del VHP, la dispersión de las muchedumbres que están reuniendo en Ayodhya y la entrega de esa localidad al ejército», exigió Singh, ex ministro jefe de Uttar Pradesh, quien acusó al gobierno de Vajpayee de complicidad con el VHP.
Singh calificó de «explosiva» la situación en Ayodhya, en especial porque el gobierno cedió a la presión del VHP para levantar las restricciones a los «voluntarios» hindúes que viajan en masa hacia esa ciudad en vísperas del viernes 15, cuando se proponen empezar la construcción del templo.
En 1992, miembros del VHP entraron en la mezquita de Babri Masjid y la demolieron, en un acto de desafío a órdenes judiciales que provocó de inmediato una ola de violencia comunal en todo el país. Más de 3.000 personas, en su mayoría musulmanas, murieron en esos enfrentamientos.
Los defensores del atentado alegaron que la mezquita había sido construida por invasores islámicos en el lugar donde, según la religión hindú, nació la deidad guerrera Rama, a la cual estaría dedicado el nuevo templo.
La campaña por la demolición posibilitó un explosivo crecimiento electoral del BJP, pero desde 1998, el apoyo popular al partido disminuyó en la mayor parte de India y en especial en el norteño Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, donde se encuentra Ayodhya.
La reanudación de la campaña del templo el año pasado fue interpretada por la oposición como una táctica desesperada del BJP para evitar una derrota en las elecciones del pasado febrero en cuatro estados, incluido Uttar Pradesh.
Pero el BJP perdió los estados norteños de Punjab y Uttaranchal y el nororiental Manipur frente al opositor partido del Congreso, y cayó al tercer lugar en Uttar Pradesh, donde todavía no se formó un nuevo gobierno a la espera de un veredicto judicial.
Además de los cálculos electorales del BJP, otro factor detrás de la campaña del templo fue el fortalecimiento de los sectores derechistas y antiseculares en India en base a la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
Los grupos hinduistas de derecha esperan que la plataforma antiterrorista del gobierno les permita atacar a la minoría musulmana en aras de la «seguridad nacional».
Pero la decisión de Vajpayee de acumular soldados junto a la frontera con Pakistán y mantenerlos hasta que ese país rival y vecino detenga su apoyo a los separatistas islámicos de Cachemira complicó los problemas del primer ministro con sus aliados y con la oposición.
Líderes opositores afirmaron que el despliegue militar fue otra estrategia de Vajpayee para aumentar su apoyo electoral en las pasadas elecciones estaduales. (FIN/IPS/tra-en/rdr/js/mlm/ip-cr/02
