HAITI: OEA investiga presunto golpe de Estado

La Organización de Estados Americanos (OEA) nombró al primer miembro de un grupo de tres juristas que investigarán un presunto intento de golpe de Estado en Haití en diciembre, y recomendó medidas para frenar actos violentos de partidarios del gobierno.

El dominicano Nicholas Liverpool representará a los 15 Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) en ese grupo, aprobado por le bloque caribeño en su última cumbre semestral, realizada en Belice a comienzos de febrero.

La Caricom adoptó esa decisión tras recibir el informe de una misión enviada a Haití que recomendó investigar los hechos, para que la sociedad haitiana tuviera la oportunidad de cerrar un violento capítulo de su historia.

Liverpool integró cortes de apelaciones en Bahamas, Belice y la propia OEA. En la actualidad es profesor de leyes en la Universidad de las Indias Occidentales y dirige la comisión de revisión constitucional de Granada.

El grupo designado por la OEA actuará en forma simultánea con otra misión del mismo organismo internacional, cuyo mandato es colaborar en la reconstrucción de la democracia.

El secretario general de la OEA, César Gaviria, subrayó que el segundo equipo debe ayudar al presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide a implementar las recomendaciones del primero.

En la madrugada del 17 de diciembre, la casa de gobierno en Puerto Príncipe fue atacada, y Aristide aseguró que se había llevado a cabo un intento de derrocarlo.

Varias personas murieron en ese incidente, entre ellas algunos de los atacantes, que habrían llegado al país desde la vecina República Dominicana.

Luego simpatizantes del gobernante Partido Lavalas incendiaron viviendas de políticos y sedes de medios de prensa y partidos opositores, además de golpear a simpatizantes de la oposición.

La oleada de violencia incluyó asesinatos cuyos responsables no han sido identificados, y causó fuertes reacciones locales e internacionales.

«Una investigación creíble sobre los incidentes del 17 de diciembre de 2001 debe ser seguida por el juicio de las personas involucradas en la violencia, para crear confianza en el sistema judicial y reducir la incidencia de la violencia con motivos políticos», sostuvo la OEA en un documento la semana pasada.

«El pueblo de Haití necesita acceder a un sistema judicial políticamente imparcial, eficaz y eficiente», añadió.

En los últimos dos años, la OEA envió a Haití 17 misiones para intentar resolver problemas políticos.

Simpatizantes de Lavalas involucrados en varios episodios de violencia aún recorren las calles de Puerto Príncipe con total impunidad, afirman Convergencia Democrática, el principal partido opositor, activistas humanitarios, la Asociación de Periodistas Haitianos y otras organizaciones de la sociedad civil.

La debilidad del sistema judicial haitiano socava la democracia en el país según Julian Hunte, canciller de Santa Lucía y presidente de la misión de la Caricom enviada a Haití.

Aristide, ex sacerdote católico convertido en líder popular, fue desde 1991 el primer presidente del país elegido en forma democrática. Derrocado ese mismo año, fue repuesto en el gobierno en 1994 para terminar su mandato hasta 1995, debido a presiones internacionales.

Desde 2000 cumple su segundo mandato, tras elecciones que la oposición consideró fraudulentas.

El presidente ha sido criticado en muchas ocasiones por no adoptar medidas cuando sus seguidores agreden a opositores. La policía haitiana también ha sido acusada de acusada de no intervenir contra esos ataques.

También se reprocha a Aristide no detener a sospechosos de dos asesinatos de periodistas en los últimos dos años y de intentos de incendio de varias emisoras de radio en los últimos meses.

La policía debe contribuir a «un clima de paz y seguridad» en el país, sostuvo la OEA en su documento de la semana pasada, en el cual sugirió que el propio organismo interamericano desempeñe un papel en el reclutamiento y designación de los integrantes del cuerpo policial.

La duración del trabajo de las misiones de la OEA dependerá del respaldo económico que reciban de donantes internacionales, entre ellos Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-eng/bw/nl/lp-mp/ip hd/02

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