El gobierno de George W. Bush formuló su plan de energía apoyándose exclusivamente en recomendaciones de empresas energéticas, muchas de las cuales financiaron la campaña electoral del Partido Republicano, revelaron documentos oficiales.
Casi 11.000 páginas de documentos del Departamento (ministerio) de Energía publicados el lunes por la noche señalan que el secretario de Energía Spencer Abraham se reunió con más de cien representantes de compañías de energía y asociaciones corporativas entre enero y mayo del año pasado.
Según los documentos, entregados a organizaciones civiles poco antes de que expirara el plazo impuesto por una orden judicial, los encuentros fueron parte de la labor del grupo de tareas del vicepresidente Dick Cheney, encargado de redactar el plan de energía presentado al Congreso legislativo en mayo.
Dieciocho de las empresas e individuos que asesoraron a Abraham aportaron más de 16 millones de dólares al Partido Republicano desde 1999, casi el triple de lo que donaron al Partido Demócrata, según el Centro por una Política Responsable, un grupo independiente que controla los aportes financieros a los partidos.
En la lista de entrevistados se encuentran la quebrada Enron, ChevronTexaco, ExxonMobil, British Petroleum, Edison Electric Institute, el Instituto Petrolero Estadounidense, el Instituto de Energía Nuclear, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Asociación Petrolera Independiente.
En cambio, Abraham no mantuvo una sola reunión con organizaciones ambientalistas o de consumidores.
Una coalición de 30 grupos ecologistas solicitaron reunirse con Abraham en febrero del año pasado para discutir la política energética, pero el secretario se disculpó, alegando su agitada agenda de compromisos.
Estas revelaciones refuerzan las denuncias de ambientalistas y de los legisladores demócratas Henry Waxman y John Dingell, para quienes el grupo de trabajo gubernamental favoreció a la industria petrolera.
Dingell aseveró que la Ley Federal sobre Comités Consultivos requiere que las audiencias con asesores no gubernamentales sean públicas para evitar sospechas de parcialidad.
Los documentos muestran gran deferencia para los ejecutivos de la industria de la energía y casi ninguna atención a las preocupaciones de los consumidores, sostuvo Larry Klayman, presidente de Judicial Watch, una de las organizaciones que litigaron al gobierno para obtener los documentos.
Tanto Cheney como Bush se negaron en repetidas ocasiones a dar a conocer los detalles de los encuentros del grupo de trabajo.
El proyecto energético prevé la construcción de 1.300 centrales de generación eléctrica a carbón, el incremento de la prospección petrolera incluso en áreas vírgenes y protegidas y la reducción de las normas ambientales para la industria.
La información liberada confirmará que fue en efecto un plan equilibrado que no sólo buscó incluir todos los puntos de vista, sino asegurar al pueblo estadounidense que se trató de un proceso abierto y apropiado, dijo Abraham.
De las 25 recomendaciones presentadas por el Instituto Petrolero Estadounidense, por ejemplo, el proyecto final sólo recogió cuatro, sostuvo un comunicado de prensa del Departamento de Energía.
Los documentos incluyen estudios de representantes industriales sobre cuestiones ambientales como el consumo de combustibles fósiles y la contaminación del aire.
El gobierno subrayó que la Asociación Nacional de Minería solicitó modificaciones a la Ley de Aire Limpio, que impone límites a las emisiones de gases de centrales de energía, refinerías de petróleo y otras industrias.
El plan de Bush reclama una revisión de esas previsiones legales, un punto que encendió la polémica entre el Departamento de Energía y la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Las organizaciones de la sociedad civil que reclamaron ante la justicia la entrega de los documentos aseguran que la información no está completa y que continuarán presionando para obtener todos los registros.
Ha desaparecido mucha información, dijo la abogada Sharon Buccino, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con sede en Nueva York.
Grandes porciones de los documentos fueron borradas, la mayoría de los apéndices desaparecieron, en muchos casos sólo se entregó el título de los informes, mientras miles de otros documentos fueron retenidos, aseveró Buccino.
Según Judicial Watch desaparecieron unos 15.000 documentos del Departamento de Energía, junto con 10.000 de la EPA, mientras no se entregó ninguno de los solicitados al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio.
El gobierno alega que tiene derecho a mantener en secreto la documentación para preservar la confidencialidad de los encuentros de la Casa Blanca con expertos no gubernamentales.
La Oficina General de Controlaría del Congreso inició su propio litigio para forzar al gobierno a entregar a los legisladores cualquier documento relativo al grupo de trabajo sobre energía.
La información que perseguimos está claramente dentro de nuestras facultades de contralor y acceso, dijo David Walker, director de la Contraloría. (FIN/IPS/tra-eng/dk/ml/dc/ip en/02
