El programa de sustitución de plantaciones de coca por cultivos alternativos puesto en práctica en Perú en los últimos 10 años fracasó por su incapacidad para solucionar la pobreza de los agricultores, coinciden el gobierno y expertos.
Las hectáreas sembradas con coca, arbusto de cuyas hojas se extrae la cocaína, se redujeron de 115.300 en 1995 a 34.000 en 2001, es decir 70,5 por ciento, pero apenas 6.400 hectáreas fueron erradicadas el año pasado, según el último informe del gobierno de Estados Unidos.
Perú, que era hasta 1992 el principal productor mundial de coca, pasó al segundo lugar detrás de Bolivia mediante una intensa y costosa represión del narcotráfico y una campaña de promoción de cultivos alternativos destinada a promover la siembra de otros productos.
Pero el ritmo de reducción del área sembrada parece enlentecerse y existe riesgo de un incremento de los cultivos ilegales, advirtieron funcionarios del gobierno, entre ellos el principal asesor del presidente Alejandro Toledo en materia de lucha contra el narcotráfico, Ricardo Vega Llona.
Este enlentecimiento es atribuido al escaso avance en la lucha contra la pobreza rural, según Vega Llona y expertos como el ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas sobre asuntos sociales y económicos de la selva amazónica Roger Rumrrill y el sociólogo especializado en drogadicción Raúl Serrano.
La reducción de la superficie cultivada fue de 25 por ciento en 1998, de 24 por ciento en 1999, de 11 por ciento en 2000 y de apenas 0,2 por ciento en 2001, según la Oficina para el Cumplimiento de la Ley en la Lucha Internacional Antidrogas del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Se estima que unos 400.000 campesinos de Perú subsisten directamente o indirectamente de la producción ilegal de coca.
La coordinación internacional para combatir el narcotráfico integra la agenda de la reunión que mantendrá el 23 de este mes en Lima el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con sus pares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países andinos productores de coca y cocaína, entre otras drogas.
En esa ocasión se considerará la prórroga del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas, cuya vigencia venció en diciembre y que facilita el ingreso de productos de esos países en el mercado estadounidense como retribución por sus esfuerzos en la lucha contra las drogas.
Washington ha priorizado la destrucción de las plantaciones ilegales de coca escondidas en la selva mediante acciones policiales o la fumigación de herbicidas químicos, pero los países andinos proponen un enfoque social basado sobre la promoción de cultivos alternativos.
«Los campesinos de la Amazonia peruana no siembran coca porque sean partidarios de la drogas, sino porque aún no existe otro producto agrario» cuya rentabilidad sea constante «después de una década de promoción de cultivos alternativos», explicó Rumrrill.
«Se ha promovido el café, el cacao, la palma aceitera, algunos frutos exóticos como el camu camu, pero esos productos no solo tienen menor rentabilidad, sino que sus precios son inestables y sus mercados muy difíciles», afirmó el experto.
Por su parte, Serrano sostuvo que «los campesinos de la selva seguirán sembrando coca, a pesar de toda la represión que despliegue el Estado peruano, mientras ningún otro cultivo les pueda proporcionar el ingreso necesario para sostener a sus familias».
El experto, quien integra Cedro, una organización no gubernamental dedicada al estudio de la drogadicción, indicó que «algunos programas focalizados han tenido éxito o están en camino de tenerlo», pero aclaró que se trata de «resultados aislados, casi experiencias piloto».
«Hace falta una política nacional de más envergadura» contra la pobreza rural, señaló.
Indígenas y colonos de la selva del río Apurimac negocian exportaciones de cacao a Alemania, Italia y España, informó el conductor de una de las experiencias exitosas de sustitución de cultivos, el asesor del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Organización de las Naciones Unidas Jochen Wiese.
Unas 12.000 hecáreas de esa zona, antes dominada por las plantaciones de coca, fueron cubiertas en los últimos cinco años con cultivos de cacao orgánicos, es decir sin empleo de fertilizantes químicos ni pesticidas, explicó Wiese.
«El primer embarque a Europa de cacao orgánico procedente de los valles del río Apurimac, de 600 toneladas, se efectuará entre abril y diciembre», agregó.
Pero los éxitos pueden desvanecerse debido al descenso «dramático» de los precios internacionales del café y del cacao, mientras el de la hoja de coca se cuadruplicó desde fines de 1999 hasta alcanzar los cinco dólares por kilogramo, advirtió Vega Llona. «Estamos en una etapa crítica», alertó el funcionario.
«La rentabilidad de las actividades agrarias legales de la selva peruana no es solamente un problema de mercados, pues entonces sería suficiente promover cultivos exportables o con demanda en Lima, sino también de costos de transporte», muy elevados desde esa zona, explicó.
«Los campesinos necesitan carreteras para sacar sus cosechas a costos competitivos. Es absurdo que sea más barato transportar carga Lima desde Nueva York que desde Tocache, zona de la selva norcentral que está a 850 kilómetros de distancia», agregó.
Estas circunstancias impiden que los productos selváticos alternativos a la coca «tengan éxito comercial mundial», advirtió Vega Llona, para quien «la falta de planes integrales a nivel nacional» convierte a «la pobreza campesina» en el principal fertilizante de las plantaciones ilegales.
«Los recursos para erradicar definitivamente y sin problemas sociales los cultivos ilegales de coca son insuficientes. Agradecemos los 175 millones de dólares aportados por Estados Unidos, pero es muy poco. A pesar de su crítica situación fiscal, el Estado peruano gasta casi 500 millones de dólares», dijo.
Ese dinero apenas «alcanza para reprimir el trafico de drogas y para poner en práctica programas focales de sustitución de cultivos», pues sólo el comienzo de la construcción de «las carreteras necesarias para una agricultura rentable» requiere de al menos 1.400 millones de dólares, afirmó el funcionario.
Perú pide «1.200 millones de dólares para financiar un ambicioso plan vial como parte del desarrollo alternativo en las zonas de influencia de la coca», y recurrirá para eso a Estados Unidos y Europa, los principales consumidores de cocaína, indicó Vega Llona. (FIN/IPS/al/mj/ip/02
