La presencia de jefes del ejército de Indonesia en la reanudación del juicio a militares y paramilitares de ese país por crímenes contra la humanidad en Timor Oriental creó un aire de intimidación y escepticismo.
Los oficiales dijeron haberse presentado en la audiencia el martes para dar apoyo moral a los tres subordinados que figuran entre los 18 acusados de violaciones a los derechos humanos en Timor Oriental, una antigua provincia indonesia, pero los activistas mantienen sus reservas.
La mayoría de los timorenses orientales se pronunciaron por la independencia en un referendo de autodeterminación patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en agosto de 1999.
Indonesia había ocupado el territorio en forma sangrienta en 1975, tras la retirada de las tropas coloniales portuguesas.
Antes y después del referendo, paramilitares proindonesios, con el supuesto respaldo del ejército de Indonesia, perpetraron una serie de matanzas, saqueos e incendios que obligaron a unos 100.000 timorenses orientales a huir del territorio.
En enero de 2000, la Comisión Internacional de Investigaciones sobre Timor Oriental de la ONU y la propia comisión de derechos humanos de Indonesia hallaron culpables al ejército indonesio de los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental en 1999.
La comisión de la ONU exhortó a la creación de un tribunal internacional, pero Yakarta se negó alegando interferencia con sus asuntos internos.
A modo de arreglo, y bajo presión de la comunidad internacional – principalmente de Estados Unidos, que le suspendió toda ayuda militar-, Yakarta prometió establecer su propio Tribunal Ad Hoc de Derechos Humanos para Timor Oriental.
La presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri designó los jueces a mediados de enero de este año, luego de varios meses de inacción política. El juicio comenzó el pasado jueves 14 y ese mismo día se postergaron las audiencias hasta el martes 19.
Los críticos advierten que los jueces temen llevar adelante su tarea porque la presidencia no les ofreció seguridad, aunque un magistrado de la Corte Suprema fue asesinado el año pasado cuando investigaba casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La presencia de los generales en la sala del tribunal confirmó las dudas de los activistas de derechos humanos sobre la credibilidad del sistema judicial y la potencial del tribunal designado para hacer justicia.
El tribunal de derechos humanos para Timor Oriental no sólo representa mucho para la imagen internacional de Indonesia, sino también para su desarrollo político.
Sin embargo, los activistas advierten que no se debe esperar demasiado del juicio, y citan como principales obstáculos la falta de transparencia y la presencia de varias rendijas en el sistema legal indonesio, que ha funcionado muchas décadas bajo regímenes autoritarios.
«Todo el mundo en Indonesia tiene dudas sobre la credibilidad del juicio», declaró Nursyabani Katjasungkana, secretaria general de la Coalición de Mujeres Indonesias por la Justicia y la Democracia.
El escepticismo es la actitud dominante entre la mayoría de los activistas indonesios.
Ellos señalan que un sistema judicial corrupto, junto con jueces y fiscales inexperientes, son obstáculos potenciales para el primer tribunal de derechos humanos del país, para no mencionar la falta de comprensión popular del tema en cuestión.
Las autoridades indonesias demoraron dos años y medio en establecer un triunal ad hoc, aprobar una ley de derechos humanos y establecer otros instrumentos legales necesarios.
Sin embargo, estas medidas no parecen ser la respuesta adecuada para los activistas.
Grupos como la Asociación Indonesia de Asistencia Legal y Derechos Humanos (PBHI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) coinciden en que las rendijas de la ley son muchas y en que falta transparencia.
«Es mejor no ser demasiado optimista», dijo Asmara Nababan, secretario general de Komnas HAM.
La ley 26/2000 de derechos humanos, que constituye la base legal del juicio, excluye la posibilidad de basarse en otras normas que el código penal indonesio.
Pero el código, señalaron expertos, adolece de debilidades fundamentales, como la ausencia de reglas internacionales sobre pruebas admisibles.
Los activistas también temen que se descarte el cargo de genocidio y el desplazamiento forzado de personas, por estar estos conceptos jurídicos muy limitados.
Así mismo, existen dudas sobre los 17 jueces designados, dado que la selección se realizó casi en secreto y el público no pudo conocer sus antecedentes ni sus filiaciones.
Según Nusryabani, la mayoría de los jueces son profesores universitarios desconocidos en el círculo de derechos humanos y sin experiencia en este tema. «No sabemos quiénes son», declaró.
Entre los 24 fiscales ad hoc designado por la Oficina del Fiscal General hay dos oficiales militares en actividad. (FIN/IPS/tra-en/pd/js/mlm/ip-hd/02
