El primer jucio político público realizado en Siria en décadas tuvo un dramático final, cuando un legislador disidente fue sentenciado a cinco años de prisión por demandar libertad política.
«No estaría parado aquí si hubiera democracia en Siria», declaró Ma'moun Al Homsi desde su celda en el tribunal al recibir el miércoles la sentencia, y afirmó que iba a prisión «por la causa de la libertad».
«La sentencia es un galardón que decora mi pecho», añadió este diputado independiente de Damasco y representante de una firma automovilística surcoreana, mientras se conmovía al escuchar el himno nacional de Siria y al ver a su pequeño hijo llorar al final del proceso.
Homsi fue acusado de pretender «cambiar la Constitución de manera ilegal», y condenado a cinco años de cárcel.
Entre los presentes había unos pocos periodistas, activistas de derechos humanos, diplomáticos y partidiarios del legislador. La prensa, controlada en su mayoría por el gobierno, sólo hizo publicó breves pequeños informes al comienzo del juicio, pero desde entonces guarda silencio.
Homsi fue sentenciado además a tres años de prisión por obstaculizar la acción de la justicia, a seis meses por «insultar a la judicatura y a la asamblea legislativa», y a otros seis meses por «difamar a las autoridades».
Pero como las sentencias se cumplen en Siria de manera simultánea, el tiempo de prisión quedará determinado por la condena principal, a cinco años.
«El veredicto es ilegal. Demuestra cómo el sistema judicial está controlado por el gobierno», dijo a periodistas extranjeros Anwar Al Buni, uno de los abogados defensores de Homsi. A Buni no se le permitió asistir al anuncio del fallo.
Homsi fue detenido el 9 de agosto tras realizar una huelga de hambre en protesta por la negativa del gobierno a abolir una arcaica ley matrimonial y a permitir inspecciones en los servicios de seguridad.
«No es sencillo defender a un prisionero político en la nueva Siria. El jurado al principio se resistió incluso a darme una copia de las acusaciones contra mi cliente e ignoró los pedidos para liberarlo bajo fianza mientras se realizaba el juicio», afirmó Haitham Al Maleh, otro abogado defensor.
Homsi es uno de los 10 diputados de la Asamblea del Pueblo detenidos en los últimos días. Otro de ellos es Riyad Seif, quien deberá afrontar un juicio la próxima semana por haber organizado una reunión política de más de 200 personas en su vivienda de Damasco sin autorización expresa del gobierno.
«Creo que es el tiempo de que se hagan reformas, pero eso requiere un gran esfuerzo de la oposición y del mismo régimen», afirmó Hasan Abdul Azeem, representante legal de Seif.
Seif, al igual que Homsi, será sometido a proceso civil público, con derecho a apelar el veredicto. Pero los otros ocho diputados, entre ellos el líder comunista Riyad Turk y el economista Aref Dalila, serán juzgados por un alto tribunal de seguridad nacional.
Turk, líder de una facción proscrpita del Partido Comunista Sirio, ya había sido confinado a prisión solitaria por 17 años y ahora, con 71 años y problemas cardiovasculares, fue detenido por «difamar a la presidencia».
El día anterior a la sentencia contra Homsi, los ocho diputados opositores iniciaron una huelga de hambre. «Esta protesta es por la salud de Dalila, que sufre de flebitis, y por el hecho de que no se les permitió hablar con sus abogados y fueron detenidos sin que se le presentaran cargos formales», afirmó Buni.
Las reuniones políticas entre abogados, profesionales e intelectuales abundaron en todo el país el año pasado, hasta que el gobierno exigió que se le informe el nombre de los oradores y participantes antes de cada encuentro y se le entregue copia de los discursos.
Las autoridades acusan a los opositores de dar una imagen negativa del país y de estimular el sectarismo.
La oposición reclama elecciones libres, la abolición de la ley matrimonial, la liberación de todos los prisioneros políticos y el final del monopolio del poder que mantiene desde 1963 el Partido Baath.
Algunos analistas sostienen que la supresión de la libertad de expresión es parte de un plan del grupo de políticos que rodeaban al ahora fallecido presidente Hafez al Assad (1971-2000), padre del actual mandatario Bashar Al Assad, que pretenden conservar el poder.
Pero otros reconocen algunos avances. En épocas de Hafez al Assad, los disidentes eran detenidos e incomunicados por los servicios militares de seguridad o simplemente «desaparecían», pero ahora son llevados a la prisión civil de Adra y se les permite tener abogados.
Tras suceder a su padre en julio, Bashar Al Assad inició con cautela un proceso de ampliación de las libertades.
El gobierno clausuró al menos una de las más importantes cárceles, permitió la publicación de prensa de propiedad privada y habilitó la actividad de grupos defensores de los derechos humanos. Cientos de prisioneros políticos recobraron la libertad y muchos exiliados pudieron regresar.
Pero ni aún el más optimista afirma que todo ha mejorado en Siria y todos saben que, tras 40 años de severo régimen, ninguna transformación será fácil. (FIN/IPS/tra-eng/gb/ss/rp/hd/02
