Cuatro comandantes militares acusados de la autoría intelectual del genocidio de 1994 en Ruanda serán juzgados a partir del próximo 2 de abril en un tribunal de la ONU instalado en Arusha, una ciudad balnearia del norte de Tanzania.
Los acusados con el coronel Theoneste Bagosora, el teniente coronel Anatole Nsengiyumva, el mayor Aloys Ntabakuze y el brigadier general Gratien Kabiligi, quienes enfrentan cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Los cuatro están acusados de ser «los líderes, los cerebros de los actos que llevaron a este genocidio», en que murieron unos 800.000 tutsis y hutus moderados, destacó Bocar Sy, funcionario de información del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Según los cargos, «ellos planearon el genocidio al más alto nivel del ejército y junto a políticos extremistas hutus que estaban en el poder en ese entonces», explicó Kingsley Moghalu, asesor legal del tribunal.
Bagosora era el más alto comandante de los cuatro acusados y enfrenta 12 cargos, entre ellos conspiración para cometer genocidio, complicidad en genocidio, incitación pública y directa a cometer genocidio, y crímenes contra la humanidad (asesinato, violación, exterminación, persecución y otros actos inhumanos).
Además, está acusado de infringir el artículo 3 de la convención de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de guerra.
Bagosora era director de gabinete del Ministerio de Defensa, y tras el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana asumió el control oficial y de facto de todas las instituciones políticas y militares de Ruanda.
Durante los 100 días que duró el genocidio, entre abril y julio de 1994, Bagosora fue el hombre de más poder en ese país centroafricano.
Bagosora se opuso a un plan para compartir el poder en el marco de los acuerdos de paz de Arusha, de 1993, destinados a poner fin a una guerra civil de cuatro años en Ruanda.
Según ese plan, los tutsis, que forman 85 por ciento de la población ruandesa, debían compartir el gobierno con la minoría tutsi.
«El genocidio ocurrió por la resistencia de muchas personas a que los acuerdos de paz de Arusha se volvieran realidad», afirmó Moghalu.
Bagosora, quien integraba el equipo negociador del gobierno ruandés en Arusha, habría decidido en cambio exterminar a los tutsis.
«Trascendió que quedó muy contrariado por algunas concesiones hechas a los tutsis en Arusha y dijo que se iba a Ruanda a preparar el apocalipsis», señaló Moghalu.
«Está acusado de haber elaborado un 'plan maquiavélico' junto a otros altos oficiales y funcionarios civiles, porque creía que la única solución política para Ruanda era la aniquilación total de los tutsis», agregó.
El baño de sangre comenzó tras la muerte del presidente Habyarimana en un atentado con morteros contra el avión en que viajaba junto a su par de Burundi, Cyprien Nytaryamira, el 6 de abril de 1994.
Luego del asesinato de Habyarimana, Bagosora habría intentado tomar el gobierno por un golpe militar, pero su idea fracasó y el ejército decidió, en cambio, formar un gobierno interino.
Para ese fin, primero debía ser eliminada la primera ministra Agathe Uwilingiiyimana, una hutu moderada, y así fue. La mandataria fue asesinada mientras se dirigía a un canal de radio para hacer un anuncio a la nación.
El 7 de abril de 1994, la radio oficial ruandesa emitió un comunicado firmado por Bagosora que pedía a todos los ciudadanos permanecer en sus hogares y aguardar nuevas instrucciones.
«Este comunicado estuvo destinado a facilitar la implementación del plan de genocidio», afirmó Moghalu.
Bagosora fue detenido en Camerún el 9 de marzo de 1996 y procesado el 9 de agosto de ese año. El coronel se declaró inocente.
El segundo de los acusados, Nsengiyumva, fue en 1993 y 1994 comandante de las operaciones militares en la prefectura de Gisenyi, en el noroeste de Ruanda, donde residían Habyarimana y la mayor parte de los miembros del gobierno extremista hutu.
Nsengiyumva, quien había sido jefe de inteligencia militar, está acusado de haber preparado listas de personas a eliminar, guiado por Bagosora, y también de haber establecido un Fondo de Defensa Nacional para respaldar al ejército y a las milicias Interahamwe durante la guerra civil estallada en 1990.
«El dinero recaudado habría sido utilizado para importar los machetes con que se ejecutó el genocidio, así como uniformes y varias armas», dijo Moghalu.
Nsemgiyumva también fue arrestado en Camerún en 1996, y se declaró inocente.
Se prevé que el juicio conjunto durará dos años. Si son hallados culpables, los cuatro acusados serán condenados a cadena perpetua.
Sesenta de los 75 acusados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda han sido detenidos y permanecen bajo custodia.
Desde que el tribunal comenzó su tarea en 1995, nueve personas fueron juzgadas, ocho de ellas condenadas y una absuelta. El ex primer ministro ruandés Jean Kambanda es uno de los que cumplen sentencia de prisión perpetua en Mali.
El tribunal pidió a la ONU que duplique la cantidad de sus miembros de nueve a 18 jueces para acelerar el proceso, y advirtió que a menos que eso ocurra, los juicios no terminarán hasta el año 2017. (FIN/IPS/tra-en/ks/mlm/hd/02
