La Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) decidirán en mayo el régimen que regulará sus relaciones comerciales después de 2004, al vencimiento de un sistema arancelario preferencial para incentivar el combate a la producción de drogas en América del Sur.
Andinos y europeos tomarán la decisión durante la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE y de América Latina y el Caribe —la primera tuvo lugar hace tres años en Río de Janeiro—, que se realizará en Madrid en mayo.
El Sistema de Preferencias Generalizas (SPG) europeo, vigente desde 1994 y por 10 años, permite que prácticamente todos los productos industriales y agrícolas exportados por los países de la CAN —6.000 partidas arancelarias— ingresen libres de aranceles a la UE.
El régimen beneficia a exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los cinco miembros de la CAN, y a los de países de América Central. Su equivalente estadounidense, el Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), sólo cubre a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El ATPA expiró en diciembre de 2001. Su renovación depende de una votación en el Congreso legislativo estadounidense y del resultado de la reunión que los presidentes de los cuatro países andinos contemplados en el acuerdo sostendrán el 23 de marzo con su homólogo George W. Bush en Lima.
Las exportaciones de los países de la CAN a la UE ascendieron a 5.763 millones de dólares en 2001, según cálculos del bloque andino. Es una cifra incluso ligeramente superior a los 5.680 millones de dólares que suma el comercio entre los cinco países de la CAN.
La cita madrileña es precedida por una serie de reuniones técnicas que evalúan dos opciones ante el próximo vencimiento del SPG, dijo a IPS el jefe de la delegación de la Comisión Europea en Caracas, Cesare de Montis, de nacionalidad italiana.
La primera es prolongar el convenio de preferencias de la UE, y la segunda, abrir un proceso de negociaciones para crear una zona de libre comercio como la que ya existe entre México y el bloque europeo.
El actual sistema afronta cada vez mayores críticas por parte de otros países o bloques emergentes excluidos del beneficio, que se consideran discriminados por los europeos y que señalan supuestas incompatibilidades con normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El asunto estuvo a punto de ser llevado ante los órganos arbitrales de la OMC el año pasado por Brasil, que se consideraba perjudicado por los beneficios que el SPG brindaba al café soluble producido por los países contemplados en el acuerdo.
En ese caso, la UE hizo una negociación bilateral para evitar la introducción de la demanda (en definitiva pagando a los brasileños, recordó De Montis), pero teme que las objeciones se multipliquen, haciendo inviable el mecanismo preferencial.
De Montis destacó que los acuerdos especiales del SPG para combatir el narcotráfico responden también a «una voluntad política de compromiso con América Latina», al punto que sólo benefician a los andinos y los centroamericanos y no a otros importantes productores de drogas, como Tailandia.
Como muestra del carácter político de ese instrumento, De Montis resaltó que Pakistán fue incluido en ese mecanismo desde el 11 de septiembre pasado, siendo el único país beneficiado por el sistema fuera de América Latina y el Caribe.
Ante esas dificultades, la UE desea incluir el SPG en la próxima ronda de negociaciones de la OMC, de manera que el instrumento quede consolidado y se garantice su perdurabilidad.
«La CAN es un grupo, uno entre muchos. Lo ideal para nosotros sería una negociación horizontal con todos los bloques emergentes, compatible con las normas de la OMC. Por eso, buscamos incluir a todos los grupos de países emergentes» en la próxima ronda de negociaciones comerciales multilaterales, dijo De Montis.
Pero la CAN propuso también iniciar negociaciones para la creación de una zona de libre comercio con la UE, similar a la ya vigente con México y a las que el bloque europeo negocia con Chile y con el Mercado Común del Sur (Mercosur), recordó.
Según De Montis, esa alternativa plantea una serie de problemas que los andinos no podrán resolver fácilmente, pues tienen economías pequeñas y medianas que sufrirán un fuerte impacto con la eliminación de aranceles comerciales a los productos europeos.
«Es cierto que un acuerdo de libre intercambio contemplaría normas de salvaguarda y periodos de gracia, pero en algún momento tienen que ser levantados. Las excepciones no pueden durar 50 años, se aplicarán por dos, cinco, máximo siete años», apuntó.
«Además, un acuerdo de ese tipo implica el factor político. La respuesta de la UE será directamente proporcional al mensaje de integración que dé el bloque», añadió.
Pero en caso de lograrse, una negociación incluiría el tratamiento de ventajas adicionales para los andinos. El más inmediato y directo sería contar con un sistema de preferencias comerciales más duradero y seguro.
Los andinos también hacen notar que en pocos años habrá acuerdos de libre comercio entre la UE y los países más ricos del hemisferio (México, Chile, y Mercosur), que por ello tendrán un arancel cero para sus exportaciones a Europa.
Mientras, los más pobres (los de la CAN y de América Central) tendrían otra vez obstáculos arancelarios, en caso de que el instrumento no pueda ser prorrogado por incompatibilidades con las normas de la OMC.
De Montis opinó que las eventuales negociaciones de libre comercio entre la CAN y la UE fortalecerían la posición del bloque andino en las tratativas para el Area de Libre Comercio de las Américas y también en los acercamientos con el Mercosur. (FIN/IPS/jz/mj/if/02
