El ministro de Defensa de Canadá, Arthur Eggleton, ocultó durante cuatro días la entrega a Estados Unidos de tres prisioneros capturados en el sur de Afganistán por soldados canadienses, contraviniendo las leyes de este país y el derecho internacional.
Eggleton admitió que fue informado el viernes de la operación, que tuvo lugar el 21 de este mes, y la comunicó al primer ministro Jean Chrétien el martes.
«Sí, hemos participado en la captura de prisioneros. Esto involucra a (la unidad antiterrorista) JTF2, así que no puedo dar más detalles que reiterar que fueron entregados al ejército de Estados Unidos», dijo Eggleton a la prensa el martes, después de una reunión del gabinete.
El ministro confirmó la veracidad de una fotografía de la agencia de noticias Associated Press, publicada por diarios canadienses y estadounidenses, que muestra a soldados canadienses empujando fuera de un avión a tres barbados prisioneros, en el aeropuerto de la meridional ciudad de Kandahar.
Chrétien defendió la decisión de Eggleton de guardar silencio sobre la entrega de prisioneros. Pero el hecho reveló diferencias entre las carteras de Defensa y de Asuntos Exteriores y provocó un encendido debate sobre el papel de Canadá en la «guerra contra el terrorismo» que lleva adelante Estados Unidos.
El reconocimiento de Eggleton sorprendió, en primer lugar, al ministro de Asuntos Exteriores, Bill Graham.
«Creo que el gobierno dejó en claro que todos los detenidos, cuando sean capturados por fuerzas canadienses, serán tratados de acuerdo al derecho internacional y a las convenciones de Ginebra» que protegen a los prisioneros de guerra, dijo Graham durante un debate en el parlamento la noche anterior a las revelaciones de Eggleton.
La discusión parlamentaria se centró en lo que según Chrétien no era más que «una cuestión hipotética»: si las tropas deben proceder con los prisioneros según el derecho canadiense e internacional, y sujetar su conducta a la revisión de la justicia nacional, o si deben limitarse a entregarlos a Estados Unidos.
Grupos de derechos humanos, gobiernos europeos y la Cruz Roja Internacional cuestionaron la negativa de Washington a reconocer como prisioneros de guerra a cientos de miembros de la red Al- Qaeda y del movimiento Talibán, capturados en Afganistán y parcialmente trasladados a su base naval en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Estados Unidos alega que se trata de «combatientes ilegales». Como como prisioneros de guerra, los detenidos sólo podrían ser interrogados por nombre, fecha de nacimiento, rango y número de serie.
El gobierno de George W. Bush aprobó la creación de comisiones militares secretas para juzgar a ciudadanos extranjeros acusados de terrorismo, que podrían ser condenados a muerte sin derecho de apelación.
Canadá envió a Afganistán 800 efectivos, 50 comandos y 750 infantes para colaborar con las fuerzas de Estados Unidos y Gran Bretaña en la búsqueda de combatientes de Talibán y Al Qaeda en Afganistán, pero no forma parte de la fuerza internacional de mantenimiento de paz desplegada en Kabul bajo el mando británico.
Chrétien aseguró que la entrega de «esos detenidos a Estados Unidos se llevó a cabo según el derecho internacional. Ellos son los que deben determinar, mediante un tribunal competente, la condición de esos detenidos en particular. Ellos son los que establecen las comisiones militares».
«Todo esto requiere y se hará de un modo justo y humano y se entendió así desde el comienzo», agregó Chrétien.
«La posición del gobierno sobre los prisioneros en Afganistán no es sólo legalmente indefendible, sino moralmente insolvente», afirmó el parlamentario opositor Svend Robinson, del Partido Nueva Democracia.
«Si Canadá no está dispuesto a aceptar que los prisioneros sean ejecutados, ¿por qué está dispuesto a entregarlos a Estados Unidos, para que sean juzgados por tribunales militares y casi seguramente sentenciados a muerte? ¿Acaso no es ésta la última renuncia a nuestras obligaciones morales?», cuestionó Robinson.
La situación de los prisioneros toca puntos sensibles. En 1991, soldados canadienses torturaron hasta la muerte a un civil somalí en un campamento de la fuerza canadiense de mantenimiento de paz, cerca de la capital de Somalia, Mogadiscio.
La muerte causó un escándalo político cuando el ejército intentó ocultar las pruebas del crimen. Más tarde, el gobierno de Chrétien disolvió una comisión investigadora sobre el hecho, antes de que presentara su informe.
Por otra parte, mientras Ottawa asiste a Washington en su campaña en Afganistán, Estados Unidos mantiene, desde los atentados del 11 de septiembre, 1.500 soldados y efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera común.
Los controles permanentes a camiones y trenes que ingresan desde Canadá enlentecieron las exportaciones a Estados Unidos, que representan 40 por ciento del producto interno bruto nacional.
«Tribunales secretos decidiendo la pena de muerte no forman parte de los valores candienses. Este gobierno puede elegir cerrar los ojos, pero los canadienses otorgan gran importancia a lo que defendemos en casa y en el exterior», sostuvo la líder del Partido Nueva Democracia, Alexa McDonough.
«Está claro desde el primer día que Canadá no está preparado para asumir el papel independiente y de principios al que está llamado como nación soberana. Las respuestas a cuestiones realmente serias han sido 'aún no sabemos porque no hemos recibido instrucciones de Washington'», dijo McDonough.
«Estamos cada vez más bajo la influencia económica de Estados Unidos. Y la gente está comprensiblemente preocupada y decepcionada por las consecuencias del 11 de septiembre. Es muy fácil en esta atmósfera cargada olvidar los valores y principios fundamentales. Allí es donde cuenta el liderazgo, y no lo tenemos», sentenció.
Eggleton justificó las penosas medidas de seguridad impuestas a los detenidos en la base de Guantánamo, alegando que los mismos «son personas violentas y querían matar a sus captores».
«¿Qué clase de policías manejan este gobierno?», se preguntó el ex primer ministro y líder del Partido Conservador Joe Clark. (FIN/IPS/tra-eng/mb/aa/dc/hd ip/02
