La muerte de 17 personas, unos 25 heridos y la desaparición de 22 soldados es en Colombia el saldo de una escalada de violencia atribuida por las autoridades a las insurgentes FARC, que negocian paralelamente con el gobierno para restar intensidad al conflicto armado.
El último de los ataques, que no causó muertes, fue el estallido este miércoles en Bogotá de una carga de 30 kilogramos de dinamita oculta en un vehículo cerca de la televisora privada Caracol y cuyo robo se había denunciado el año pasado. El explosivo fue detonado a distancia, informó la policía.
El coronel Rubén Carrillo, de la policía de Bogotá, descartó que se trate de un atentado específico contra Caracol o contra otros medios de comunicación de la zona. No obstante, indicó que «algunos (medios) han sido objeto de amenazas por grupos violentos para atemorizar y darse publicidad».
Carrillo atribuyó el ataque, que causó daños al edificio de la televisora y a viviendas vecinas, a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Los informes oficiales adjudicaron también a la misma organización otros dos ataques registrados el martes en los sudorientales departamentos de Meta y Caquetá, que causaron 17 muertos, entre civiles y militares, cerca de 25 heridos y la desaparición de otros 22 soldados.
La Agencia de Noticias del Ejército indicó que el hecho más grave ocurrió en la noche del martes en la localidad rural de El Dorado, en Meta, donde murieron siete soldados, cinco resultaron heridos y 22 están desaparecidos, al estallar un centro de almacenamiento de explosivos.
Según el informe, el ejército mató a cuatro guerrilleros antes de que llegaran al arsenal. Por su parte, RCN informó que las dificultades para transitar por la zona han impedido aclarar el paradero de los 22 soldados desaparecidos, que podrían haber muerto por la explosión.
En la ciudad de Florencia, Caquetá, estalló otro coche bomba al paso de una caravana militar en la noche del martes. La explosión dejó seis muertos, entre ellos dos menores de edad y un militar, y una veintena de heridos entre militares, civiles y policías.
Un portavoz del ejército afirmó que la explosión, también atribuida a las FARC, destruyó al menos siete edificios y dejó sin servicio de electricidad una amplia zona de la ciudad.
Otras dos bombas estallaron este miércoles cerca de una guarnición militar en la oriental ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, capital del departamento de Santander, pero no causaron víctimas.
El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, condenó el ataque de este miércoles en la capital, registrado en medio de una escalada de acciones violentas por parte de las FARC iniciada hace tres semanas.
Mockus dijo a la televisora privada RCN que las FARC deben aclarar si fueron las autoras del atentado.
Según el alcalde, los últimos ataques cometidos la semana pasada en Bogotá, que afectaron el sistema de agua potable y el de transmisión de electricidad, fueron obra de «grupos enloquecidos» que pretenden alcanzar el poder mediante la violencia.
Esa es «una forma censurable de atacar a la ciudadanía para causar terror», agregó. Mockus había denunciado el lunes a las FARC ante la Ficalía por «violación del derecho internacional humanitario», normas que protegen a la población civil en conflictos armados, y por «uso de métodos de guerra ilícita».
Este mismo miércoles, en los 29 municipios del departamento de Meta se realizó una jornada de protesta «para decirle a todo el país y sobre todo a la guerrilla» que no quieren más violencia, dijo el gobernador Luis Torres.
Meta, donde están localizados tres de los cinco municipios que el gobierno desmilitarizó aceptando las condiciones de las FARC para iniciar negociaciones de paz, no quiere seguir atemorizado por los grupos armados, afirmó Torres.
«Los campesinos y hacendados no quieren ir a sus haciendas, las amas de casa se preocupan cuando sus esposos o sus hijos salen a trabajar y el departamento esta paralizado por el temor», agregó.
Pobladores de Meta salieron a las calles durante 15 minutos a la calle a las 6:45 hora local (1100 GMT) haciendo ruidos con cacerolas, pitos y campanas.
El ministro de Defensa, Gustavo Bell, condenó los ataques y dijo que el país «no se puede arrodillar ante las pretensiones de ese grupo guerrillero (las FARC) que pretende desafiar con sus actos al pueblo colombiano».
Según Bell, las FARC no están escuchando razones «ni planteando al pueblo colombiano alternativas diferentes a someterlo mediante el terror».
Las FARC firmaron el 22 de enero un compromiso con el gobierno para procurar antes del 7 de abril un acuerdo que reduzca la intensidad de la guerra civil, pero anunciaron que mantendrán sus ataques contra el ejército mientras éste mantenga también las operaciones en su contra.
Tras la firma del acuerdo, se registraron al menos 20 atentados con explosivos contra torres transmisoras de electricidad que obligaron a racionar el servicio, así como contra varios puentes en el sur del país.
Estos atentados fueron considerados por el presidente Andrés Pastrana como perjudiciales para la población civil.
Así mismo, el comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Anders Kompas, en un comunicado divulgado el martes, manifestó su «consternación por los atentados y masacres» de los últimos días, «que cobraron la vida de colombianos y colombianas».
Kompas también lamentó los ataques contra «el agua, las torres de energía y otras estructuras», que «afectan la vida y bienes de los civiles».
El representante de la ONU hizo un urgente llamado a las FARC y al gobierno para que firmen de inmediato un acuerdo que deje a la población civil al margen del conflicto. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
