La hecatombe de Argentina está asociada al hundimiento del régimen de acumulación financiera que se implementó durante la dictadura militar (1976-1983) y se hizo «más profundo» en los años 90, según el economista Claudio Lozano, vinculado al movimiento sindical.
«Una acumulación financiera que se hizo sobre el Estado, que fue una permanente fuga de recursos al exterior y permitió a los agentes económicos -bancos, grupos empresariales- obtener grandes ganancias», dijo a IPS Lozano, director del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos.
También Raúl Bernal Meza, profesor de la Universidad de Buenos Aires, se remonta al golpe de Estado de 1976 para analizar el colapso social y económico de Argentina.
Veinticinco años de neoliberalismo extremado explican como un país que fue tan rico como Argentina pudo llegar al caos que vive desde diciembre, señaló Bernal Meza a IPS.
Y Eric Toussaint, presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, de Bruselas, sostuvo que, «contrariamente a una idea proclamada por algunos sectores, no hubo una verdadera ruptura en la política económica (argentina) después de la ductadura».
Argentina «ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica y hoy, la mayoría de la población vive peor que hace 30 años», afirmó Toussaint, miembro del consejo internacional preparatorio del segundo Foro Social Mundial, que se celebrará desde este jueves al 5 de febrero en la ciudad brasileña de Porto Alegre.
«Los pagos de la deuda argentina (suspendidos a fines de diciembre) han sido «un formidable mecanismo de transferencia de la riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital», sean éstos «argentinos o residentes en los países industrializados, comenzando por Estados Unidos y Europa occidental», agregó.
En Argentina, «la pobreza por ingresos supera a la estructural. Más de 70 por ciento de los pobres son pobres por sus ingresos», advirtió Lozano.
«El sistema financiero actuó como marco para acumular deuda contra el Estado», mientras se verificaba «un proceso sistemático de desigualdades, que fue incrementándose en los últimos 25 años», indicó.
La deuda pública argentina suma 147.000 millones de dólares, según información extraoficial. El último informe público del Banco Central se remonta a junio, cuando el monto era de 132.000 millones, o 45 por ciento del producto interno bruto.
«En 1975, la población de Argentina era de 23 millones y había dos millones de pobres». En 2001, la población creció a 36 millones, según el censo, «y los pobres son casi 15 millones», observó Lozano.
«La crisis es política, económica y social. Hay un colapso político, porque el sistema político tradicional carece de una oferta creíble» frente a la población, agregó.
El modelo aplicado en Argentina tuvo la forma de un «capitalismo salvaje», distinguiéndose del brasileño, más blando, y del chileno, donde «el Estado ejerce fuerte regulación», dijo por su parte Bernal Meza.
El contraste se nota especialmente en la deuda externa. En Brasil, 80 por ciento del endeudamiento se convirtió en «obras civiles concretas», como infraestructura de energía y telecomunicaciones e industrias, y «20 por ciento se perdió en fuga de capitales y corrupción», comentó el investigador.
Mientras, en Argentina, casi nada se construyó con los préstamos externos y se fugaron cerca de 150.000 millones de dólares en menos de tres décadas, destacó.
El llamado «corralito», la retención de los depósitos bancarios, es perverso, porque incauta el dinero de los pequeños ahorristas, de «las familias, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios», dijo Bernal Meza.
Su objetivo es proteger a los bancos, que no tienen dinero disponible porque liberaron créditos a «1.500 empresas pertenecientes a los mismos grupos propietarios de los bancos y que pudieron así hacer la fuga de capitales al exterior».
Todo eso ocurrió gracias a «una alianza de los partidos políticos con el gran capital financiero que permitió en Argentina el modelo neoliberal, la convertibilidad (el régimen de cambio fijo eliminado a principios de este año), la fuga de divisas y ahora el corralito», según Bernal Meza.
Se asiste a «una crisis de hegemonía», pues «no hay quien conduzca la nueva etapa», expresó Lozano. «No hay una salida que integre a todos los poderosos. Los bancos y las empresas privatizadas, por un lado, los grupos exportadores, por el otro, no logran sintetizar su propio interés».
«Hay un conflicto de interés entre los poderosos, que no se ponen de acuerdo, y por otro lado, crece el movimiento social, que hoy se expresa con autonomía respecto del poder político y económico», dijo.
Así mismo, «la capacidad de control de los partidos políticos tradicionales ha disminuido y, en síntesis, hay una crisis espectacular de hegemonía», afirmó el economista.
«Se está terminando un régimen, pero nadie sabe cuál es el que le sigue. Las clases dominantes no tienen propuestas, y quienes se están movilizando en las calles no tienen todavía opciones para presentar», concluyó Lozano.
En opinión de Toussaint, «haría falta que la presión ciudadana» llevara al gobierno de Eduardo Duhalde «a adoptar una posición firme de manera prolongada» frente a los acreedores. También sería necesario realizar «reformas económicas que favorzcan un reparto progresista del ingreso nacional, con una política fiscal redistributiva».
Es preciso «organizar la vuelta al dominio público de las empresas privatizadas y dar primacía a los acuerdos Sur-Sur respecto de la relación comercial con Estados Unidos vía el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas)», recomendó.
Y romper los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. «Esta ruptura no entrañaría ningún daño, al contrario, podría ser beneficiosa para Argentina». Para la población y los movimientos en que ésta se organiza, «podría ser una oportunidad», a juicio de Toussaint. (FIN/IPS/mo va/ff/ip if/02
