La organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno de México retirar de los tribunales militares todos los casos de violaciones a los derechos humanos, pues no existe garantía de que sus magistrados hagan justicia.
El reclamo de HRW, que se sumó a la de grupos humanitarios locales que desde hace décadas denuncian que la impunidad reina en la justicia militar, llega cuando las Fuerzas Armadas están en el centro de las investigaciones por casos vinculados a delitos contra las personas.
No se puede confiar en la justicia militar cuando se trata de casos de violaciones de los derechos humanos, sostiene un informe de HRW, organización con sede en Nueva York.
El documento titulado «Injusticia Militar: el fracaso de México en castigar los abusos del ejército», indica que una de las fallas principales de la justicia militar es su falta de transparencia, lo que inhibe e impide a los ciudadanos supervisar los procesos.
El informe detalla que en cinco casos investigados por esta organización en el meridional estado mexicano de Guerrero se concluyó que soldados han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra campesinos, pero que la justicia militar mantiene la impunidad.
Miles de militares fueron desplegados en los últimos años en Guerrero, uno de los estados más pobres del país, con el argumento de luchar contra el narcotráfico y grupos guerrilleros izquierdistas, como el Ejército Popular Revolucionario.
El presidente Vicente Fox prometió hace dos semanas la creación de una fiscalía especial para investigar 532 casos de personas detenidas-desparecidas en los años 70 y 80, en los que estarían involucrados militares y policías.
Para HRW, con esa medida, la impunidad de la justicia militar recibió reconocimiento oficial.
Similar opinión expresó el grupo humanitario al referirse al caso de los campesinos ecologistas también del estado de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes por orden de Fox fueron liberados en noviembre tras dos años de permanecer detenidos.
Cabrera y Montiel, que se oponían a la tala de bosques en su estado, fueron detenidos por militares y acusados de sembrar marihuana y de posesión de armas.
Los campesinos denunciaron, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, que sus captores los torturaron y «sembraron» (pusieron) pruebas para inculparlos.
«Nos alienta ver que Human Rights Watch llama la atención sobre la impunidad militar, tema que afortunadamente empieza a destaparse», dijo a IPS Francisco Puente, activista de un grupo humanitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió en noviembre al gobierno de Fox poner en libertad de manera inmediata al general Francisco Gallardo, preso desde hace ocho años.
El general Gallardo, quien aún sigue detenido, fue acusado por la justicia militar de practicar actos de corrupción, luego de que pidiera la creación de un defensor de derechos humanos en las Fuerzas Armadas.
Otra cuestión que puso sobre el tapete el accionar de los militares fue el asesinato en octubre de la abogada Digna Ochoa, quien defendía a personas acusadas de guerrilleras y a campesinos de Guerrero.
Ochoa había acusado a varios soldados de cometer abusos contra Montiel y Cabrera y había pedido a la justicia militar que actuara en consecuencia.
Organizaciones humanitarias y familiares de Ochoa, quien antes de ser asesinada recibió periódicas amenazas de muerte, sospechan que tras el crimen de la abogada y activista humanitaria estarían militares.
HRW mencionó en su informe el caso de Ochoa, tras apuntar que las personas que se atreven a denunciar a militares sufren generalmente represalias.
Las promesas de las autoridades para investigar los presuntos abusos cometidos por militares chocan con el «miedo generalizado» que tienen las víctimas a las Fuerzas Armadas, dijo HRW.
Los representantes del grupo humanitario aseguran que en sus visitas al estado de Guerrero era evidente que las personas tenían miedo a hablar de los militares.
El director del HWR, José Miguel Vivanco, sostuvo que Fox hace bien en investigar los abusos que habrían cometido los militares en los años 70 y 80, pero consideró necesario que el gobierno ataque además las fallas de los sistemas de justicia, que permitieron esos abusos y la impunidad.
«Ojalá el gobierno escuche atentamente a HWR, pues México ya no está para seguir soportando la impunidad de los militares», señaló Puente.
Fox, el primer presidente que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional en 71 años, ha prometido que nadie quedará fuera de la acción de la justicia, incluidos los militares.
Sin embargo, los grupos humanitarios locales dudan de esa promesa, pues al asumir su mandato, hace un año, Fox nombró como Procurador General al general Rafael Macedo de la Concha, quien durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se desempeñó como procurador militar.
Macedo de la Concha puntualizó que no se esconderá ni será cómplice de ninguna injusticia y que su compromiso es luchar contra la impunidad. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
