Cinco activistas de derechos humanos de México amenazados de muerte son protegidos desde este viernes por la policía, como ya ocurre hace varios años con muchos empresarios, artistas y religiosos.
La procuraduría del gobierno de Vicente Fox otorgó la protección debido a las amenazas anónimas de que eran objeto los activistas, similares a las que recibía de forma periódica a la abogada de organizaciones de derechos humanos Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre.
Los activistas tienen en común su labor en la investigación y denuncia de violaciones de derechos humanos, como torturas, cometidos por fuerzas policiales y militares contra personas acusadas de actividades subversivas.
Pero las amenazas de muerte y agresiones son comunes también en otros sectores de México, que ocupa el primer lugar de América Latina en número de secuestros, detrás de Colombia y de Brasil.
La procuraduría federal tiene decenas de agentes encargados de cuidar a empresarios, religiosos, artistas y hasta periodistas. El temor a los robos, asesinatos y secuestros se acentúa por la impunidad, que deja en las sombras la responsabilidad de 80 por ciento de los delitos.
Para el escritor, académico y activista Sergio Aguayo, objeto de una de las condenas de muerte anónimas, el asesinato de la abogada Ochoa y las nuevas amenazas serían parte de una estrategia planificada para obtaculizar la democratización del país.
Según observadores, detrás del asesinato de Ochoa y de las amenazas estarían grupos de seguridad del Estado, gestados durante los 72 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que concluyeron en diciembre de 200 con la investidura del presidente Fox, del Partido Acción Nacional.
Fox ha asegurado que extirpará la corrupción de los sistemas de seguridad y que investigará y castigará a quienes abusaron del poder en los gobiernos del PRI, pero aún no cumplió su promesa.
Los observadores atribuyen la ausencia de estrategias claras para investigar el pasado a la necesidad que tiene Fox de recibir apoyo del PRI en el Congreso legislativo, donde es la principal fuerza política. Además, ese partido controla la mayoría de las gobernaciones de estados y de las alcaldías.
Otros amenazados tras la muerte de Ochoa son Miguel Sarré, del Comité para la Humanización de las Prácticas Incriminatorias, Fernando Ruiz, del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, y Juan Antonio Vega, de la organización Todos los Derechos para Todos.
Tambien figura entre los amenazados el sacerdote católico Edgar Cortés, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización con la que colaboró la abogada Ochoa.
La protección policial para los activistas no basta, señaló el columnista del diario Reforma Miguel Angel Granados. La única garantía para los amenazados de muerte es que se detenga y procese a quienes pretenden intimidarlos, apuntó.
Familiares de Ochoa y activistas de derechos humanos señalaron a militares como sospechosos del crimen, que generó una ola de condenas en varios países y en organizaciones de derechos humanos.
A raíz del asesinato de la abogada, el gobierno de Fox reanudó sus propuestas de trabajar en una agenda de derechos humanos con activistas e instaló una mesa de trabajo en la materia. (FIN/IPS/dc/mj/hd/01
