El gobierno de Chile se disculpó este viernes con los padres de siete adolescentes violadas y asesinadas hace dos años por un psicópata, una trágica serie en que la investigación inicial fracasó por los prejuicios que despertaba en la policía la pobreza de las víctimas.
El caso del psicópata de Alto Hospicio, localidad minera 1.800 kilómetros al norte de Santiago, levantó una fuerte ola de críticas a la policía, que desde noviembre de 1999 manejó tesis equivocadas sobre la desaparición en serie, cuyas víctimas tenían entre 14 y 17 años.
Julio Pérez Silva, de 38 años, secuestró, violó y asesinó a las siete adolescentes y se mantuvo al margen de cualquier sospecha hasta que fue capturado la semana pasada, gracias a la denuncia de una niña de 13 años que logró escapar luego de ser también raptada y agredida.
Las siete asesinadas seguían cursos de enseñanza media en Alto Hospicio y pertenecían a familias pobres, lo cual influyó, según sus padres, en la falta de una investigación policial exhaustiva sobre sus desapariciones desde noviembre de 1999.
Por esa causa, los padres de las adolescentes anunciaron que iniciarán una demanda penal contra el Estado y la policía por discriminación social.
La Policía de Investigaciones trabajó siempre con la hipótesis de que las menores huyeron de sus hogares para eludir dificultades en la convivencia y el maltrato de sus padres.
Durante los casi dos años de las desapariciones, se manejaron las versiones más variadas, todas las cuales resultaron falsas.
Así, se llegó a decir que algunas de ellas habían sido reclutadas por proxenetas, y se hizo trascender extraoficialmente que incluso había pistas que las ubicaban en ciudades del centro o el sur del país.
Pérez, que usó un automóvil para secuestrar a las adolescentes, sepultó los siete cuerpos en un sitio abandonado de una explotación minera, desde donde fueron rescatados desde el martes para ser identificados por sus progenitores.
Este viernes se conoció un informe de la Policía de Investigaciones a la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados, donde se insistía en que las menores habían abandonado sus hogares por propia voluntad.
Los cuerpos fueron encontrados por indicación del propio Pérez Silva, quien confesó sus crímenes luego de ser capturado por la policía el pasado fin de semana.
Este es el mayor caso de asesinatos en serie de menores que registra la historia policial chilena.
Mientras se prolongaba la desaparición, los padres pidieron reiteradamente a los tribunales la designación de un juez especial de instrucción para investigar el caso, pero el pedido fue rechazado por los informes policiales.
El presidente Ricardo lagos visitó a comienzos de mes la ciudad de Iquique, cercana a Alto Hospicio, donde fue increpado en un acto público por los familiares de las menores, que tuvieron un áspero diálogo con el mandatario.
Una semana después, el caso del «psicópata de Alto Hospicio» puso al desnudo una negligencia policial que se atribuye a la discriminación social, basada sobre el nivel socioeconómico de las víctimas.
«Si las niñas hubieran sido hijas de algún diputado, político o uniformado, las cosas habrían sido distintas. El despliegue (policial y judicial) habría sido mayor», dijo indignada Gladys Castro, abuela de una de las asesinadas.
Claudio Huepe, ministro de la Secretaría General de Gobierno, presentó excusas este viernes por la descalificación de las víctimas y sus familias por parte de policías cuando se produjeron las desapariciones.
Castro recordó que el senador oficialista Sergio Bitar sugirió que una de las menores se había fugado de su casa tras quedar embarazada y perder la criatura.
«Yo recuerdo que (la policía de) Carabineros nos trató muy mal (en la investigación). Dijeron que éramos familias promiscuas, de mal vivir. Llegaron al extremo de investigar las casas y medir la distancia entre la cama del papá y la hija», agregó la mujer.
La comunidad de Alto Hospicio realizó esta semana manifestaciones callejeras diarias, en demanda de la pena de muerte para Pérez Silva.
La pena capital fue abolida en Chile este año, para ser reemplazada por lo que se denomina presidio perpetuo efectivo, según el cual se asegura que el sentenciado no podrá acogerse a la libertad provisional por buena conducta tras 20 años de cárcel.
El presidente Lagos calificó el caso de «muy triste» para todo Chile, pero defendió la abolición de la pena de muerte. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/01
