El asesinato en México de Digna Ochoa, una abogada que apoyó a grupos de derechos humanos, quedará impune si lo investiga la procuraduría federal, aseguraron activistas que también recibieron amenazas de muerte.
«No confiamos en la Procuraduría General, pues antes archivaron nuestras denuncias de persecución y amenazas», señaló el lunes pasado el sacerdote católico Edgar Cortés, director del centro humanitario Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó Ochoa.
La abogada, de 37 años y que había defendido a personas acusadas de subversión y denunciado casos de torturas, fue muerta a balazos en su oficina de la capital mexicana.
Los asesinos dejaron junto a su cuerpo, encontrado el viernes por la noche, una hoja que indicaba: «Pros (grupo Agustín Pro Juárez): hijos de puta, si siguen, a otro también se lo cargará su madre. Sobre aviso no hay engaño».
Las investigaciones fueron asumidas por la procuraduría de la ciudad de México, cuyo gobierno es encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López, pero la Procuraduría General anunció que podría encargarse del caso.
Agustín Pro Juárez, grupo dirigido por la orden católica de la Compañía de Jesús, se declaró indignado por el crimen y pidió una investigación imparcial, así como un pronunciamiento de condena de parte del presidente Vicente Fox, que aún no se ha dado.
Cortés precisó que el grupo comenzó a recibir amenazas anónimas de muerte en 1995, vía telefónica y por correo, en las que en tono soez se les pedía olvidar sus denuncias.
El último mensaje fue recibido en enero del año pasado, momento en el cual la organización humanitaria pidió por enésima vez a la Procuraduría General que investigara esas amenazas.
Sin embargo, la Procuraduría indicó en mayo que había archivado las denuncias por falta de elementos.
«No confiamos en la procuraduría federal. Si toma el caso estaríamos en total desacuerdo», señaló Cortés.
Ochoa había sido secuestrada por desconocidos en noviembre de 1999 y, según su propio relato, durante ese cautiverio dos personas la interrogaron por nueve horas sobre sus presuntas relaciones con grupos guerrilleros.
Tras esos hechos, la abogada decidió viajar a Estados Unidos a cumplir un proyecto académico y regresó a México en abril para trabajar de manera independiente del grupo Miguel Agustín Pro Juárez.
Centenares de personas, entre ellas activistas de derechos humanos, se congregaron el domingo en el sepelio de la abogada, mientras gritaban !justicia, justicia!.
La organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, condenó el asesinato de Ochoa y pidió al gobierno de Fox que realiza una investigación expedita.
«Este asesinato se podría haber evitado si las autoridades mexicanas hubieran cumplido con sus responsabilidades de investigar las amenazas y los ataques contra Ochoa y el grupo Miguel Agustín Pro Juárez», señaló Amnistía.
Este es el primer crimen cometido contra un activista y defensor de los derechos humanos durante la gestión de Fox, iniciada en diciembre del 2000.
El asesinato de Ochoa ensombrece la oferta del gobierno de garantizar el respeto de los derechos humanos, expresó Cortés.
Pero la muerte de la colaboradora del centro Agustín Pro Juárez, no detiene ni amedrenta nuestra lucha en la defensa de los derechos humanos en México, añadió.
El presidente de la estatal Comisión de Derechos Humanos de la capital, Emilio Alvarez, declaró que el asesinato de Ochoa es una «afrenta a la lucha y la defensa de los derechos humanos».
«Hay indicios de que el homicidio de Digna (Ochoa) viene del ejército. Muchos de los casos que ella llevaba involucraba a militares», comentó Alvarez. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
