La comunidad awas tingni, de Nicaragua, ganó la primera demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los derechos territoriales de un grupo indígena.
La Corte Interamericana falló a favor de los awas tingni y ordenó al gobierno nicaragüense que proteja los derechos territoriales de los demandantes.
Se trata de una «victoria histórica» para los pueblos indígenas de América, afirmaron los abogados de los awas tingni.
La Corte de siete jueces, que tiene sede en Costa Rica, ordenó al gobierno nicaragüense que delimite las tierras tradicionales de los indígenas. Compañías madereras codician el territorio que los awas tingni, reducidos ahora a 650 individuos, ocupan desde hace generaciones en la costa atlántica.
Los jueces también ordenaron al gobierno que pague 50.000 dólares en compensación y 30.000 dólares por costos legales a los demandantes.
El fallo, decidido el 31 de agosto pero divulgado el último lunes, señala que Nicaragua violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1979 al negar a la comunidad sus derechos sobre la propiedad e igualdad de protección ante la ley.
El tribunal vigilará que Nicaragua cumpla con su fallo y exigirá al gobierno que entregue informes sobre su aplicación cada seis meses.
Nicaragua debe adoptar leyes y medidas administrativas «para crear un mecanismo efectivo para la delimitación y demarcación oficial de las propiedades» de los indígenas, «en concordancia con el derecho consuetudinario, valores, uso y costumbres de estas comunidades», señaló el fallo.
«Este fallo requiere que todos los países de América reconsideren la forma en que tratan a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras», dijo Armstrong Wiggins, del Centro de Recursos de Derecho Indígena, organización con sede en Estados Unidos que representó a los awas tingni.
Los awas tingni solicitaban desde los años 50 al Estado nicaragüense que demarcara su territorio tradicional. Ante el temor de que compañías madereras diezmaran sus recursos naturales, intentaron obtener el título de propiedad sobre esas tierras.
Nicaragua otorgó en 1996 una concesión de 30 años a la compañía maderera coreana Sol de Caribe S.A., o Solcarsa, para aserrar las 62.000 hectáreas de selva tropical en los territorios reclamados por los awas tingni.
La comunidad no fue consultada sobre el contrato de explotación maderera, al que rechazaban enérgicamente. Una extensa pelea ante los tribunales nicaragüenses terminó en la decisión de la Corte Suprema de anular la concesión otorgada por el Estado. Pero los awas tingni sostuvieron que el gobierno no puso fin a la explotación de la empresa en su territorio.
«Agotamos todos los recursos que teníamos en Nicaragua. Mientras, las tierras y recursos de los pueblos indígenas siguen sin protección», dijo Wiggins.
Los indígenas recurrieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos.
La Comisión falló a favor de los awas tingni y en 1998 refirió el caso a la Corte Interamericana porque Nicaragua no había delimitado el territorio de la comunidad ni la había indemnizado por la pérdida de sus recursos, como se le había solicitado.
«Nicaragua no definió las tierras comunales de los awas tingni, ni las tierras de otras comunidades indígenas en el país», dijo Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana, quien también representó a la comunidad durante el proceso ante la Corte el año pasado.
James Anaya, abogado del Centro de Recursos de Derecho Indígena, dijo que el fallo «vindica» los derechos que los awas tingni luchaban hace décadas por proteger.
«La comunidad ha luchado durante décadas para proteger su tierra y recursos contra la indiferencia del gobierno y la invasión de los madereros», declaró Anaya, profesor de derecho de la Universidad de Arizona.
La victoria de la comunidad brinda esperanza a otros grupos indígenas de que puedan plantear sus disputas territoriales ante el sistema interamericano.
El fallo también es importante porque prueba la fuerza y relevancia que tienen las instituciones interamericanas jurídicas y de derechos humanos, comentó Grossman. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/hd/01
