La OEA logró importantes avances en asuntos comerciales y políticos y aprobó la Carta Democrática Interamericana, pese a que la reunión en la capital peruana estuvo signada por los atentados terroristas contra Estados Unidos,
La asamblea extraordinaria de la OEA (Organización de Estados Americanos) examinó el martes las relaciones multilaterales y la lucha antidrogas, la propuesta peruana de concertación en la compra de armas.
Así mismo, los cancilleres andinos comunicaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, su deseo de prórroga de las preferencias arancelarias que Washington concede a los países de esa área.
La Carta Democrática Interamericana, que encabezó la agenda de la reunión de los 34 cancilleres del continente (todos excepto Cuba), es considerada por analistas como un buen instrumento para afinar y optimizar los mecanismos de defensa de la democracia en la región.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno provisional peruano de Valentín Paniagua, surgido tras la destitución en noviembre de Alberto Fujimori, actualmente refugiado en Japón y acusado de actos de corrupción y delitos humanitarios ante la justicia de su país.
«La experiencia Fujimori demostró que gobiernos presuntamente constitucionales y con respaldo militar pueden convertirse en regímenes antidemocráticos», comentó el analista político y profesor universitario Cesar Arias Quincot.
La defensa de la democracia en la región es uno de los conceptos centrales de la OEA desde 1991, cuando se adoptó la Resolución 1080 y el posterior Protocolo de Washington.
Sin embargo, al momento de diseñar los instrumentos para ese fin sólo se consideraba hasta ahora a los golpes militares como la única amenaza a prevenir y sancionar.
«Pero esos instrumentos resultaron insuficientes y su aplicación ambigua, favoreciendo la existencia de una zona gris que facilitaba la legalización de regímenes antidemocráticos, como el de Fujimori a partir del llamado autogolpe de 1992», apuntó el ex vicecanciller peruano Manuel Rodríguez.
El secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, reconoció en la inauguración de la cita de cancilleres que la actuación del foro continental fue deficiente en 1992, cuando Fujimori disolvió el parlamento y sojuzgó el Poder Judicial.
«La OEA consideró suficiente que Fujimori se comprometiera a convocar a elecciones para conformar un Congreso Constituyente, y no hizo un seguimiento del proceso del que surgió un regimen que posteriormente utilizó los mecanismos democráticos para violar la legalidad constitucional», comentó Gaviria.
Por su parte, el canciller mexicano Jorge Castañeda indicó que la Carta Democrática será un freno «contra las tentaciones autoritarias que, por desgracia, no están ausentes en la región».
La Carta también fue votada por Venezuela, sin que esta vez objetara el texto de la propuesta ni insistiera en incluir el concepto de «democracia participativa», como lo había hecho en ocasiones anteriores.
El canciller Luis Alfonso Dávila explicó que las observaciones que había hecho en otras reuniones eran «más bien de tipo social».
«Creemos que debió incluirse una relación entre democracia y pobreza, pues sólo eliminándola se puede considerar democrática una sociedad. También es necesaria la inclusión de la participación igualitaria de la mujer, y para ello Venezuela presentará en una próxima reunión un proyecto de Carta Social», dijo.
Entre los aspectos más resaltantes de la Carta Democrática Interamericana figuran el artículo 21, que determina la suspensión de los derechos como miembro de la OEA de todo estado que se aparte del sistema de derecho.
En tanto, el artículo 25 establece que la OEA puede enviar misiones de observación a los países que entienda no existen condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La Carta también señala que los elementos que definen a la democracia representativa son el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto.
Preconiza, además, la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación de poderes, además de remarcar que la legitimidad de un gobierno requiere de la vigencia de mecanismos de participación de la ciudadanía en la vida democrática.
«La Carta abre camino a la posibilidad de que la comunidad interamericana pueda presionar diplomática y económicamente no sólo contra los regímenes de facto, sino también contra aquellos que pierden legitimidad por convertirse en dictaduras disfrazadas de democracias formales», dijo el congresista peruano Maurico Mulder.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, poco antes de que se perpetraran los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, participó en distintas conversaciones con cancilleres latinoamericanos, calificadas por éstos últimos de provechosas y prometedoras.
Powell examinó con los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) las posibilidades de que el Congreso estadounidense prorrogue y amplíe la ley que rige el Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), que beneficia a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por su lucha contra las drogas.
La CAN también pide que se incluya en este tratado a Venezuela, único miembro del bloque que no ha formado parte en los 10 años de vigencia.
Las conversaciones entre Chile y Perú para armonizar y reducir sus compras de materiales bélicos fue otro de los asuntos atendidos por Powell.
Powell se reunió con los cancilleres andinos el lunes por la noche, cuando nada hacía presagiar que el mundo sería conmocionado por los atentados terroristas perpetrados el martes contra el World Trade Center, de Nueva York, y el Pentágono, sede del Departamento (ministerio) de Defensa, en Washington.
La CAN entregó a Powell una declaración que reclama la renovación y ampliación del ATPA, que vence el 4 de diciembre.
Powell indicó al bloque que el presidente George W. Bush tratará de obtener del Congreso la aprobación del mecanismo llamado vía rápida, que permite al gobierno adoptar decisiones comerciales expeditivas.
En las conversaciones de los cancilleres de la región con Powell también estuvo presente el combate contra las drogas. Los países andinos han acordado un plan de cooperación regional para luchar contra el narcotráfico y los delitos conexos, como el lavado de dinero.
Los cancilleres andinos incluyeron en su documento conjunto sus consideraciones respecto de algunos productos, como textiles, confecciones y el atún enlatado, que están bajo la amenaza de ser excluidos del APTA como consecuencia de la presión de algunos sectores empresariales norteamericanos.
Powell y los representantes de la CAN habían acordado seguir conversando el viernes en Nueva York, en ocasión de la Asamblea General de la ONU, que debía comenzar esta semana. Pero horas después, los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono determinaron que la cita fuera postergada. (FIN/IPS/al/dm/ip/01
