La justicia de Guatemala deberá determinar la constitucionalidad del aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de 10 a 12 por ciento, al que se oponen tanto sindicatos y organizaciones de la sociedad civil como empresarios.
En los últimos tres días se realizaron protestas públicas contra las medidas tributarias dispuestas por el Congreso legislativo, y la actividad de las empresas fue detenida por sus propietarios el jueves, lo que ocasionó pérdidas por unos 30 millones de dólares.
Más de 200 personas fueron detenidas en las manifestaciones, que concluyeron con unos 50 heridos entre opositores y policías. El estado de sitio fue declarado en el departamento de Totonicapán, 200 kilómetros al oeste de la capital. Esta medida regirá durante todo el mes.
«Le puedo asegurar que de aquí a 10 días habrá no menos de 10 recursos de inconstitucionalidad» contra la subida de impuestos, dijo a IPS Pablo Rodas, economista de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
El primer recurso fue interpuesto el jueves por el dirigente estudiantil Jorge García. Según el estudiante, la Constitución señala que la carga tributaria debe fijarse de acuerdo con el ingreso de los contribuyentes.
El aumento del IVA viola la Constitución porque más de 60 por ciento de los 11 millones de habitantes de Guatemala viven en la pobreza, afirmó el estudiante.
La inminente batalla jurídica fue anunciada también por sindicalistas como José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala, y por organizaciones de empresarios.
Estas acciones pondrán a prueba la nueva Corte de Constitucionalidad, integrada por cinco jueces nombrados hace tres meses, según Rodas.
«Da la impresión de que es una corte débil, debido a que los magistrados no son juristas reconocidos y muchos de ellos fueron cuestionados por acciones personales poco honorables», dijo.
Más allá de los recursos de inconstitucionalidad, el movimiento civil parece tener pocas salidas frente al gobierno de Alfonso Portillo, quien este viernes ratificó su decisión de mantener los impuestos y las reformas legales con las cuales se castigará con cárcel a los evasores de impuestos.
Para diferentes sectores, es muy difícil que la sociedad civil y el empresariado logren una convocatoria como la alcanzada el jueves. El antecedente más cercano a esta movilización ocurrió en 1987, también en una protesta por proyectos tributarios.
Rodas consideró que Portillo asumió un discurso populista al atribuir la oposición al aumento de los tributos al deseo de los empresarios de no pagar más impuestos.
«La verdad no es esa. La verdad es que la sociedad civil no quiere entregarle más recursos al gobierno de Portillo para que desaparezcan», dijo.
El gobierno acordó el año pasado junto a las organizaciones empresariales y las de la sociedad civil una serie de medidas impositivas, al coincidir en que la carga tributaria en ese país es muy baja, recordó Rodas.
El Estado requiere recursos para mejorar los servicios y cumplir los proyectos incluidos en los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil en 1996.
El «pacto fiscal» era muy similar al aprobado esta semana, pero el gobierno de Portillo perdió este año su credibilidad debido a las constantes denuncias de corrupción contra funcionarios de su gobierno, dijo Rodas.
«Aunque se le sirvió en bandeja de plata, en ese momento el gobierno no quiso aplicarlo, porque no quería asumir el costo político. Este año, semana tras semana, la prensa escrita trae denuncias de corrupción en casi todas las instituciones de gobierno», sostuvo.
«Esto cambió el clima. El gobierno dice que es el gran capital el que no quiere pagar, cuando en realidad es un impuesto que va a pagar toda la población», afirmó el experto.
El diario La Prensa Libre recordó las acusaciones de corrupción este viernes en un editorial para rebatir los argumentos de Portillo.
«Alega el presidente que (la ejecución de los proyectos includos en) los acuerdos de paz cuestan 4.000 millones de quetzales (más de 500 millones de dólares), pero no recuerda el presidente que casi la mitad de esa cifra fue tirada a la basura para salvar a los bancos», sostuvo La Prensa Libre.
Los empresarios lanzaron una fuerte campaña para que Portillo deje el poder. «Por inepto, corrupto e incapaz y por estar llevando al país al colapso», debe renunciar, dijo el jueves Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio.
«Antes de aumentar los impuestos, la propuesta de la sociedad civil es que el gobierno rinda cuentas, que demuestre que está usando en forma eficiente los recursos, porque tal y como están las cosas en este momento, el gobierno de Portillo perdió toda autoridad moral», dijo Rodas. (FIN/IPS/mso/mj/ip if/01
