La decisión del Senado estadounidense de aumentar las restricciones al ingreso de vehículos de carga mexicanos a Estados Unidos pone a prueba la capacidad del presidente George W. Bush para encabezar la apertura comercial en toda América.
El proyecto de ley aprobado el miércoles por el Senado impide el ingreso de los transportistas mexicanos hasta que sus empresas obtengan el visto bueno de inspecciones técnicas e impositivas realizadas por funcionarios estadounidenses y adquieran pólizas de seguros en Estados Unidos.
Luego de esas inspecciones, sólo se admitirán los camiones que superen controles de seguridad en la frontera.
Actualmente, los camiones mexicanos no pueden adentrarse más de 32 kilómetros en territorio estadounidense, pese a que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —al que pertenecen ambos países junto con Canadá— autorizó el ingreso del transporte pesado mexicano a partir de diciembre de 1995.
Estados Unidos no cumplió con esa apertura aduciendo el mal estado de los vehículos procedentes de México. Pero tras años de alegatos bilaterales, un grupo de resolución de controversias del TLCAN falló en febrero que Washington debía abrir su frontera al transporte mexicano.
Bush se comprometió a cumplir esta cláusula a partir del 1 de enero de 2002, y a otorgar a los transportistas mexicanos un plazo de 18 meses para someterse a las inspecciones.
Por su parte el presidente de México, Vicente Fox, amenazó con impedir el ingreso de los camiones estadounidenses a territorio mexicano.
La mayoría de los senadores del gobernante Partido Republicano que defendieron el pedido de Bush para autorizar el ingreso de los camiones, y las compañías transportistas de Estados Unidos, creen que la votación del Senado daña las relaciones bilaterales e ignora el TLCAN.
Por otra parte, el opositor Partido Demócrata, el influyente Sindicato de Trabajadores del Transporte y las organizaciones civiles contrarias al libre comercio se congratulan de haber evitado el ingreso de vehículos defectuosos que amenazarían la seguridad de la población.
La votación del Senado se suma a otro proyecto votado en la Cámara de Representantes que prorroga la limitación del ingreso de camiones mexicanos a 32 kilómetros de la frontera.
Esta derrota parlamentaria de Bush fortalece a quienes se oponen a su agenda liberalizadora del comercio, incluso a su intento de aprobar la «vía rápida» para negociar acuerdos comerciales internacionales.
Según este mecanismo, el Congreso no podría realizar modificaciones a los términos acordados por el presidente y debería limitarse a aprobar o rechazar esos tratados.
Ante la necesidad de victorias, los republicanos y los funcionarios de la Casa Blanca se han dedicado a subrayar los logros presidenciales de esta semana: un compromiso favorable para aprobar la política energética de Bush y las propuestas de regular el mercado de los seguros de salud.
La cuestión de los camiones mexicanos, aunque relativamente menor, pone a prueba el compromiso de Bush con sus metas comerciales y de política exterior, y su capacidad para comandar a Estados Unidos en la creación del Area de Libre Comercio de las Américas.
En septiembre, cuando finalice el receso parlamentario del verano boreal, los legisladores deberán armonizar los proyectos aprobados por la cámara baja y el Senado y es improbable que el resultado coincida con los deseos de Bush.
El presidente ya amenazó con un veto, si bien el mismo podría exponerlo a las acusaciones de sacrificar empleos y la seguridad pública de su país, además de atropellar a los representantes elegidos por el pueblo.
Pero si Bush no logra mantener el veto en el Senado, su debilidad quedará en evidencia. El senador republicano John McCain dijo que está «completamente confiado» en que el Senado mantendrá el veto presidencial, y el jefe de la minoría en el cuerpo, el también republicano Trent Lott, dijo que podía «garantizarlo».
Los senadores enfrentan una gran presión por lograr un acuerdo negociado del proyecto sobre el transporte, pues el mismo prevé más de 2.000 millones de dólares en obras para sus distritos electorales.
Si bien los defensores de la limitación al transporte mexicano niegan tener sentimientos antimexicanos, admiten que las exigencias del proyecto son mayores que las que rigen para los transportistas estadounidenses o canadienses.
Los contrarios a la norma aseguran que algunas de sus disposiciones, como prohibir la transferencia de inspectores estadounidenses al lado mexicano de la frontera, están destinadas a impedir la entrada de los camiones mexicanos durante años.
El plan de Bush «es una receta para el desastre», dijo ante el Congreso James Hoffa, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte.
El año pasado, 36 por ciento de los camiones mexicanos inspeccionados en la frontera estadounidense fueron declarados inseguros, dijo Hoffa.
Hoffa manejó cifras del Departamento de Transporte, según las cuales 4,5 millones de camiones mexicanos ingresaron a Estados Unidos en 1999. Si las cifras de 2000 son similares, 1,6 millones de camiones defectuosos entraron al país en dos años, sostuvo.
Pero el Departamento del Transporte revisó sus datos y sostiene que sólo 63.000 camiones cruzaron la frontera desde México en 1999, cada uno realizando varios viajes.
Esta revisión favorece a Bush, así como algunos informes que señalan las fallas del propio transporte pesado estadounidense.
Si bien Hoffa dijo que 25 por ciento de los camiones estadounidenses no aprobaron las inspecciones contra 36 por ciento mexicanos, el porcentaje estadounidense corresponde a camiones de larga distancia, más nuevos, mientras el mexicano es de camiones de corta distancia, más viejos.
Pero el transporte estadounidense tampoco se salva. Según la policía de Kansas, 45 por ciento de los camiones de corta distancia que operan en esa ciudad del estado de Missouri no aprobaron las inspecciones.
«Cuando se abra la frontera para el tránsito de larga distancia, la cantidad y el porcentaje de camiones mexicanos seguros crecerán enormemente, porque éstos están en mejores condiciones que los de corta distancia», dice un comunicado del Departamento del Transporte enviado al Congreso.
Además, aun cuando los camiones mexicanos de larga distancia fueran autorizados a ingresar a Estados Unidos, las empresas transportistas mexicanas deberán cumplir complicadas exigencias legales e impositivas para trabajar en Estados Unidos.
Eso desalentará a muchas empresas mexicanas y generará oportunidades nuevas para que las empresas estadounidenses expandan su actividad a México.
Por otra parte, si bien «el grupo de solución de controversias del TLCAN decidió que la frontera debe quedar abierta, también sostuvo que Estados Unidos tiene derecho a aplicar sus normas de seguridad», dijo Joan Claybrook, de la organización de consumidores Public Citizen.
El TLCAN «no fue concebido como un pacto suicida», dijo Claybrook, apelando a un concepto reiterado durante este debate, y que seguramente volverá a ser repetido en septiembre, cuando el Congreso retome el asunto. (FIN/IPS/tra-en/aa/dc/aq/tr/01
