Una central sindical y un abogado constitucionalista exigieron revisar los vínculos de España con el Vaticano, preocupados por la influencia de la Iglesia Católica en la enseñanza religiosa de los colegios públicos, que derivó en el cese de una profesora por casarse con un divorciado.
El jurista Gregorio Peces-Barba, uno de los siete redactores de la Constitución española, expresó sorpresa por el hecho de que el Estado pague a los profesores de religión y la Iglesia sea la que los despide.
Por eso, dijo, ya es hora de que el Tribunal Constitucional considere la inconstitucionalidad de muchos aspectos de los acuerdos del Estado con el Vaticano.
Mientras, el cuestionamiento eclesiástico a un teólogo por sus opiniones en materia sexual y la oposición de la jerarquía católica al uso de preservativos despiertan en España nuevas críticas a la Iglesia.
Resurrección Galera, profesora de religión en un colegio público, dijo a IPS que aguarda una comunicación formal de no renovación de su contrato anual por parte del obispado, para actuar en consecuencia y sin excluir acciones judiciales por despido.
Galera trabaja en la localidad meridional de Los Llanos de la Calzada, en la provincia andaluza de Almería, donde reside junto a su esposo, el periodista alemán Johannes Romes, con quien contrajo matrimonio civil en abril.
Ambos cónyuges son católicos y para casarse de acuerdo con su rito esperan que concluya el proceso de nulidad del primer matrimonio de Romes, quien se casó en 1968 y se separó siete años más tarde.
Galera fue citada el día 10 por el delegado del Episcopado para la enseñanza, Antonio Rueda, quien se dio por enterado de su casamiento civil y le dio a elegir entre la renuncia y la no renovación del contrato, que equivale a un despido.
Rueda, además, señaló a Galera que esta situación no debía hacerse pública, advertencia que el obispado reiteró por teléfono a familiares de la educadora, según ella misma aseguró.
«Yo no daño a nadie, hago una vida normal, no he introducido cambios en la enseñanza que imparto desde hace años y ningún padre, ni el director del colegio (ni) nadie se ha quejado en ningún momento de mi trabajo», puntualizó Galera.
El obispado de Almería reconoció que la profesora fue llamada por Rueda y que éste «le hizo saber las noticias llegadas a la delegación por su situación dentro de la Iglesia, situación que fue aceptada por ella».
«¿Y por qué tendría que ocultar mi amor por una persona a la que amo y me ama?», se preguntó Galera.
Pero el obispado, tras reconocer que le asiste el derecho de casarse con quien y como quiera, sostuvo que la vida de los profesores de religión debe guardar coherencia con las normas y el espíritu de la Iglesia, y que «derechos y deberes no deben separarse».
Aunque el colegio es público, es gestionado por el obispado. En toda España la Iglesia propone a los profesores de religión de todos los centros de enseñanza, sean o no gestionados por el obispado, si bien la designación corresponde al Estado.
Los 13.000 profesores de religión de España son contratados todos los años por la Iglesia. Al finalizar su vigencia, esos convenios quedan pendientes de renovación.
La central sindical prosocialista Unión General de Trabajadores considera que esta modalidad de contratación está al margen de la legislación española. Para solucionar esta situación debe revisarse el acuerdo firmado con el Vaticano, sostuvo el sindicalista Jesús Ramón Copa.
Ese acuerdo rige todos los aspectos de la relación bilateral, y también la forma en que se imparte la enseñanza religiosa en España.
La otra central sindical mayoritaria, la procomunista Comisiones Obreras, calificó el caso de absolutamente inaceptable pues atenta contra los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen propia y al trabajo, entre otros. Ambas centrales se comprometieron a apoyar a Galera hasta las últimas instancias.
La Conferencia Episcopal, máximo órgano de dirección de la Iglesia Católica en España, reivindicó el 24 de abril su potestad de «ejercer un seguimiento sobre todos los profesores de religión de los centros públicos y privados, sean confesionales o no».
Al mismo tiempo que ocurría esto en Almería, el teólogo Marciano Vidal recibió en Madrid una notificación oficial del Vaticano con objeciones a «importantes errores que pueden dañar la fe del pueblo de Dios», referidas a su prédica a favor de flexibilizar las normas sexuales.
La nota le fue enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, organización de la Iglesia Católica a cargo de «promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral» y que, con su nombre original de Sagrada Congregación de la Universal Inquisición, combatió las herejías desde 1542.
Vidal, un teólogo católico reconocido por sus propios colegas, no se pronunció públicamente sobre los cuestionamientos, pero pronunció luego una conferencia sobre moral, sexualidad y fecundación in vitro en la capital española.
En esa conferencia, abogó por una ética de la debilidad y del fracaso, dada la frágil condición del ser humano, y reclamó que se aplique el principio cristiano de la gradualidad en la comprensión y vivencia de los valores morales.
Además, dijo que se debe aplicar la benignidad pastoral cristiana en vez del rigor moral, al que no rechaza, pero considera que debe aplicarse de manera gradual.
En Barcelona, ciudad situada en la margen norte del mar Mediterráneo, la organización católica Jóvenes Cristianos de Cataluña pidieron el domingo «una Iglesia joven, abierta al presente y al futuro».
En un comunicado, el grupo reclamó que las relaciones sexuales se entiendan como símbolo de entrega y estimación de la pareja y que se contemple la posibilidad de utilizar anticonceptivos no naturales.
Mientras, el Tribunal Constitucional anunció que en los próximos días se pronunciará sobre el recurso de amparo interpuesto por un profesor de religión de un colegio de Murcia, sudeste de España, despedido por el obispo de Cartagena tras conocerse su condición de sacerdote casado. (FIN/IPS/td/mj/cr ed/01
