Los consumidores de Cuba deberán esperar al menos hasta 2005 para la aprobación de una ley que los ampare de engaños y otras violaciones de sus derechos, mientras se consolida un plan de protección puesto en marcha por el gobierno.
«Estamos creando condiciones de carácter material, institucional y subjetivas, antes de hablar de una ley», explicó Manuel Santos, director del programa implementado por el Ministerio de Comercio Interior, al hablar en un seminario sobre consumo y ambiente realizado en La Habana.
Esa preparación incluye el estudio comparado de legislaciones de otros países y de la norma modelo de Consumer International (CI), organización que reúne a grupos de consumidores en más de 100 naciones, informó Santos en el foro de tres días que finalizó el 28 de abril.
Sin embargo, algunos expertos creen que bastaría con actualizar y unificar en un solo texto diversas disposiciones que ya están vigentes en Cuba.
«Existen leyes y disposiciones jurídicas que protegen los derechos del consumidor. El asunto está en que se cumplan y en hacerlas cumplir», dijo el abogado cubano Santiago Cuba.
El especialista mencionó, entre otras, resoluciones gubernamentales sobre precios y el capítulo VIII del Código Penal, dedicado a la infracción de las normas de protección de los consumidores.
Esa norma penal sanciona con privación de libertad, de seis meses a dos años, a quien ponga a la venta artículos incompletos en su composición o peso, deteriorados o en mal estado de conservación, cobre precios o tarifas por encima de lo estipulado oficialmente u oculte mercancías al público.
No obstante, el rosario de quejas por infracciones de ese tipo aumentó considerablemente en los últimos años entre los consumidores, que dicen sentirse «indefensos» porque no saben a quién acudir con sus reclamos.
Estadísticas del Ministerio de Comercio Interior reflejan que en 556.000 inspecciones realizadas en los locales de venta de alimentos y de servicios en 1999 fueron comprobadas 1.700.000 deficiencias, sancionadas con multas de casi 70.000 dólares.
«Te roban en el peso, te ponen productos en mal estado entre los buenos y si pueden se quedan con parte del vuelto», dijo Manuel Jardines, jubilado de 60 años, consultado por IPS a la salida de uno de los establecimientos comerciales instalados a raíz de la crisis económicas de los años 90.
En estos locales, conocidos como agromercados, se encuentra desde carnes hasta vegetales de todo tipo, aunque a precios prácticamente prohibitivos para un salario medio de 249 pesos cubanos, que equivale a menos de 12 dólares según la cotización de las casas oficiales de cambio.
Jardines se confesó escéptico respecto de la eficacia del programa ministerial de protección a consumidores, que prevé la creación de oficinas encargadas de hacer cumplir a los proveedores la política de protección a los usuarios de bienes y servicios.
Esos organismos deberán difundir «los derechos y deberes» de los consumidores y representar a éstos ante cualquier infracción cometida, además de informar sobre las ofertas del mercado.
El plan establece que terminada esa etapa, en 2002, comenzará un proceso de capacitación de técnicos y especialistas y se crearían órganos de arbitraje de protección al consumidor, los cuales actuarán gratuitamente y a solicitud de las partes en litigio.
Las autoridades esperan que entre 2003 y 2004 se abra una fase de consolidación y ajuste de todas las medidas estructurales y organizativas adoptadas hasta ese momento. «Se trata de que el proceso sea lo más equilibrado posible», comentó Santos.
A partir de 2005, tras el gradual «perfeccionamiento y desarrollo del sistema», podría comenzar el trabajo encaminado a la elaboración de una ley de protección al consumidor, estimó.
En tanto eso llega, medios estatales de prensa parecen enfrascados en la tarea de crear conciencia entre los consumidores de que los primeros defensores de sus derechos son ellos mismos, exista o no una ley.
«El país puede hacer mucho respecto de la protección al consumidor, pero a su vez éste tiene que desempeñar un papel mucho más activo en defensa de su bolsillo y de sus intereses», resaltó el diario Trabajadores.
Algunos compradores cubanos han entendido al pie de la letra esa exhortación. «Si alguien intenta venderme con menos peso o me atiende mal, tiene que escucharme. Yo me defiendo solito», comentó a IPS Efrenio Valle, antiguo trabajador azucarero.
Consumidores menos beligerantes piensan que la solución no está en discutir y confían en una legislación que los proteja. Mientras, en muchos establecimientos comerciales hay funcionarios encargados de recibir y dar solución a las quejas.
Además, se han colocado carteles en lugares visibles que instruyen sobre la relación de derechos y deberes del consumidor, a quien, entre otras cosas, se le recomienda informarse de las características de los productos y servicios antes de la compra. (FIN/IPS/pg/dm/dv/01)
