Comunidades del norte de Colombia, englobadas en la zona de distensión propuesta por el gobierno para negociar la paz con el insurgente ELN, iniciaron hoy una huelga de 48 horas en rechazo de la desmilitarización de una parte de su territorio.
En el paro convocado por los movimientos de «No al despeje» y «Asocipaz» (Asociación Civica para la Paz) participan habitantes de los municipios de Cantagallo y San Pablo, en los que estaría localizada la zona de distensión, y de las localidades periféricas de Simití, Santa Rosa, Puerto Wilches y Santa Ana.
Se trata de «una protesta pacífica, por parte de una comunidad que no acepta que se entregue una zona para que sea dominada por la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), puntualizó Celso Martínez, líder de Asocipaz.
Los organizadores del paro temen que se repitan en su territorio hechos denunciados en la zona sudoriental desmilitarizada desde 1999 para las negociaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Organismos de seguridad aseguran que los rebeldes han utilizado la ausencia del ejército del área de distensión del sudeste para fortelecerse militarmente, violar los derechos humanos de los civiles y colaborar con el narcotráfico.
Las comunidades del norte saben que «el proceso de paz que es lo que más le conviene al país, pero también piden que se les escuche, que haya comunicación y que se les reconozca como interlocutores», dijo Martínez.
La protesta contra el eventual retiro del ejército se produjo luego de que el gobierno presentara a los portavoces del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, una propuesta para reducir la zona de distensión a dos municipios.
El ELN pretendía disponer de cinco municipios desmilitarizados para organizar una convención nacional con participación de la sociedad civil y para identificar los temas que luego discutirá con el gobierno.
El procurador Jaime Bernal, miembro de la Comisión Facilitadora (compuesta por civiles que gestionan el acercamiento entre el gobierno y el ELN), afirmó que la intención del Poder Ejecutivo al reducir el área desmilitarizada es garantizar «la seguridad de las personas que participarían en los diálogos».
La protesta comenzada este lunes es la segunda que realizan este año las comunidades del norte del departamento de Bolivar. Portavoces del gobierno afirman que la población local está presionada por paramilitares de derecha que pretenden controlar una región en la que practican el narcotráfico.
Los participantes en la protesta «no están dispuestos a permitir que se cree la zona neutral para el ELN y ese punto obstaculiza cualquier posibilidad de entendimiento con el gobierno», señaló a IPS Ligia Galvis, analista de la estatal Universidad Nacional.
Los paramilitares se oponen a las negociaciones del gobierno con el ELN, una organización a la que combaten. Así mismo, la fumigación de cultivos ilegales ha afectado a las comunidades del departamento de Bolívar, observó Galvis.
El gobierno de Andrés Pastrana debe presentar a los habitantes de Bolívar «una oferta clara de desarrollo, una política social y de presencia real del Estado».
El ministro del Interior, Humberto Estrada, exhortó este lunes a las comunidades en huelga a evitar todo apresuramiento y colaborar con «el esfuerzo que esta haciendo el gobierno para poner fin al conflicto armado», que persiste hace más de cuatro décadas.
El ELN comunicó en marzo su acuerdo con la propuesta de habilitación de una zona desmilitarizada a plazo fijo, subordinada al respeto de todos los derechos de la población y con las autoridades civiles y judiciales ordinarias.
Los rebeldes aceptaron también la creación de una comisión para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, de la que participarían dos delegados del ELN y dos del gobierno junto a representantes de países dispuestos a acompañar el proceso de paz y de organismos internacionales. (FIN/IPS/yf/ff/ip/01
