La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recogerá en una declaración las críticas del foro mundial y de las organizaciones no gubernamentales a las autoridades de Colombia por violaciones al derecho humanitario.
El documento, que será divulgado este miércoles por Leandro Despouy, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), contendrá juicios rigurosos sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en Colombia, adelantaron fuentes diplomáticas.
La Comisión, que concluirá el día 27 en Ginebra su período anual de sesiones de seis semanas, examinó el martes las violaciones en Colombia, derivadas por lo general de choques armados de guerrillas de izquierda contra fuerzas regulares y grupos paramilitares de derecha.
En la redacción del texto final de la declaración presidencial participan delegados de la Unión Europea y del gobierno de Colombia, informó Johan Molander, representante de Suecia, país que preside el bloque europeo durante el presente semestre.
El punto más controvertido del documento corresponde a la mención del papel del gobierno colombiano de Andrés Pastrana y de sus fuerzas armadas en relación con los grupos paramilitares, comentaron las fuentes allegadas a la negociación.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, se declaró preocupada por el aumento y la expansión del fenómeno del paramilitarismo y por el apoyo creciente que recibe de ciertos sectores de la sociedad civil de Colombia.
Robinson, que presentó el martes su informe sobre la situación en Colombia a la Comisión de Derechos Humanos, reclamó a Bogotá que afronte el problema paramilitar de una manera firme y transparente.
El vicepresidente de Colombia, Gustavo Bell Lemus, cuestionó el informe de Robinson que señala, dijo, «responsabilidad directa por parte del Estado» en la acción de grupos paramilitares o de autodefensas ilegales.
«Eso históricamente no es cierto», replicó Bell Lemus.
Robinson recordó en su presentación que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron la semana pasada una matanza en Alto de Naya, en el departamento de Cauca, suroeste del país, que dejó por lo menos 37 civiles fallecidos y unas 600 familias desplazadas del área.
Por su parte, el gobernador de Cauca, Floro Tunubalá, elevó a unos 100 la cantidad de víctimas dejadas por las AUC en su incursión.
También las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia asolaron el domingo pasado la población de La Caucana, en el noroccidental departamento de Antioquia, donde fueron muertos 13 personas y ocho resultaron heridos, según un portavoz militar.
Sin embargo, fuentes de la zona estimaron que el número de muerto era 28, la mayoría trabajadores rurales, aunque también habría algunas víctimas de la guerrilla.
La Unión Europea exhortó a las autoridades colombianas a continuar «sus esfuerzos por combatir de manera efectiva al paramilitarismo».
Pero Molander también apremió al gobierno de Pastrana para que interrumpa la colaboración y la aquiescencia de organismos oficiales y de miembros de las fuerzas armadas con los grupos paramilitares.
El representante europeo condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y reclamó la apertura de procesos judiciales en esos casos.
Sin embargo, Bell Lemus insistió en que existe una política decidida del gobierno para reprimir y perseguir a los paramilitares, «que vienen cometiendo las principales matanzas y las principales violaciones» al derecho internacional humanitario.
Durante los últimos 10 años fueron asesinados por razones políticas más de 35.000 colombianos, mientras que los desaparecidos suman 3.000 y los desplazados internos llegan a dos millones, describió Sophie Marsac, de la organización humanitaria Aministía Internacional, con sede en Londres.
En el campo sindical, el año pasado fueron asesinados en Colombia 129 dirigentes, otros 180 recibieron amenazas de muerte, 27 fueron secuestrados y 14 aún permanecen desaparecidos, refirió a su vez Anna Biondi, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.
Robinson se manifestó molesta por declaraciones de autoridades colombianas que cuestionan la objetividad y la imparcialidad del trabajo de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia.
Por su parte, el vicepresidente Bell Lemus dijo que los informes de esa oficina «tienen que ir más allá de la simple denuncia y alimentarse en un espíritu constructivo». (FIN/IPS/pc/dm/hd/01
