El gobierno de Colombia, grupos no gubernamentales locales e internacionales y la ONU condenaron las amenazas de muerte contra activistas humanitarios y académicos, que arreciaron en los últimos días.
El hostigamiento contra dirigentes sociales y de distintas organizaciones no gubernamentales en Colombia, donde en promedio es asesinado uno de ellos por mes, es atribuido por los denunciantes a grupos vinculados a las fuerzas de seguridad.
La Corporación Colectivo de Abogados denunció «amenazas de muerte» contra su presidente, Alirio Uribe, y contra otro de sus miembros, Reinaldo Villalba.
«No hay duda de que las amenazas y diversas formas de persecución y hostigamiento provienen de miembros de la fuerza pública y de organismos de seguridad del Estado», aseguró esa organización no gubernamental en un comunicado.
Uribe narró a IPS que en los archivos de una persona vinculada a los servicios de inteligencia militar se hallaron evidencias de un posible atentado contra su vida.
El propio Ministerio del Interior señaló que también Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, era víctima de presiones de parte de «grupos al margen de la ley».
Vargas es, además, uno de los dirigentes del Frente Social, que nuclea a fuerzas sindicales y de izquierda en busca de abrir una alternativa política independiente de los tradicionales partidos Liberal y Conservador, con miras a las elecciones de 2002.
«El gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, rechaza las presiones y amenazas contra caracterizados defensores de los derechos humanos y líderes sociales, por parte de grupos al margen de la ley», señala un comunicado oficial divulgado la semana pasada.
A su vez, altos funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) exhortaron al gobierno de Andrés Pastrana a prestar «atención urgente» a las denuncias de persecución contra defensores de los derechos humanos.
El mensaje, enviado la semana pasada al canciller Guillermo Fernández, está firmado por Hina Jilani, representante especial ante los defensores de los derechos humanos del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y por Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Uribe aseguró que una foto suya «a color, con los datos de mi casa y oficina», fue hallada en un allanamiento efectuado el 3 de marzo en la casa de un detenido, vinculado a la investigación por el intento de asesinato contra el dirigente sindical Wilson Borja, ocurrido el 15 de diciembre.
El presidente de la Corporación Colectivo de Abogados agregó que los documentos estaban «en el archivo de la computadora de esa persona, quien trabaja con los organismos de inteligencia militar, lo cual hace pensar que había, seguramente, una orden de producir algún atentado».
En cuanto a las amenazas contra Villalba, el activista relató que se empezaron a evidenciar hace un mes, luego de que fuera asesinado el dirigente sindical Jorge Hoyos, en el municipio de Fusagasuga, en el central departamento de Cundinamarca.
Hoyos, una semana antes de su muerte, había informado a otros dirigentes sindicales que conocía una lista de personas a ejecutar por parte del Estado, en la que aparecían su nombre y el de Villalba, afirmó.
Al explicar el contexto de violencia selectiva que afronta el país, Uribe recordó a IPS que el año pasado «fueron asesinados más de 130 dirigentes sociales y sindicales y 32 en lo que va de este año».
«El ataque contra el Colectivo es sistemático: tenemos tres abogados en el exilio», y las medidas de protección que ofrece el Estado «son más formales que reales», añadió.
Además, indicó que su nombre aparece vinculado a informes de inteligencia militar desde 1996, pese a que su actividad «es totalmente legal, reconocida por la Constitución, y a que el Colectivo trabaja desde hace 20 años en la defensa de los derechos humanos».
Desde entonces «mi nombre se incluyó en un informe de la Brigada 13 del Ejército con un listado de personas, muchas ya asesinadas, desaparecidas o exiliadas».
El nombre de Uribe también apareció en 1999 y el año pasado en listas de futuras víctimas atribuidas a grupos paramilitares, que él no vacila en señalar como en connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado.
«El Colectivo de Abogados siente que hay un vínculo entre grupos paramilitares y la fuerza pública, ya que hay evidencias de operaciones conjuntas y eso ha sido denunciado. No hay un deslinde claro entre la fuerza pública y los paramilitares», indicó.
Uribe agrega que, por su experiencia como abogado de la contraparte civil en casos que involucran a miembros de la fuerza pública, «los informes de inteligencia son el preludio de la guerra sucia».
Lo normal sería que, si un organismo de inteligencia del Estado tiene sospechas sobre determinada persona, solicite una investigación a la justicia, explicó.
Sin embargo, cuando se trata de defensores de los derechos humanos o dirigentes sindicales y sociales, lo habitual es que «se traduzca en atentados y amenazas».
«Que Carlos Castaño (líder de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia) reivindique los atentados y masacres no le quita responsabilidad a las Fuerzas Armadas», puntualizó el presidente de la Corporación Colectivo de Abogados.
Sostuvo, además, que «el paramilitarismo en Colombia ha sido una manera de privatizar la guerra sucia, de desviar la responsabilidad directa (del Estado), que en muchos casos existe».
Por eso, «de cualquier ataque al colectivo de abogados, responsabilizaremos de manera directa a las autoridades, a la fuerza pública, al estado mayor conjunto del ejército, (porque) sentimos que de algunos de sus miembros provienen las órdenes» de los atentados y amenazas, enfatizó. (FIN/IPS/mig/dm/hd/01
