Un ministro del primer gabinete de José María Aznar y el líder de la principal fuerza opositora de España consideraron hoy inconstitucional la Ley de Extranjería que regula desde este año el ingreso y permanencia de inmigrantes.
Manuel Pimentel, ministro de Trabajo del primer gobierno del centroderechista Aznar (1996-2000), dijo que el debate promovido por miembros del gobernante Partido Popular (PP) sobre esa ley «ha alentado, sin duda ninguna, el racismo».
Además, esa ley «tiene puntos inconstitucionales», añadió Pimentel, quien se había negado a integrar el actual gabinete.
Por otro lado, el secretario general del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este lunes que su partido presentará un recurso contra artículos de la Ley ante el Tribunal Constitucional.
La norma viola derechos fundamentales consagrados por la Constitución, afirmó Rodríguez Zapatero tras la finalización de una reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE en Mérida, a 300 kilómetros de Madrid.
Estos anuncios se realizaron mientras el gobierno insiste en que no aceptará modificaciones a la Ley y cuando todavía resuenan los ecos de una manifestación celebrada el domingo en Madrid por miles de inmigrantes contra esa norma.
El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el pintor y escultor Fernando Botero y los escritores Alvaro Mutis, Fernando Vallejo, Willian Ospina, Darío Jaramillo y Héctor Abad, entre otros intelectuales colombianos, enviaron una carta a Aznar para reclamar modificaciones a la Ley de Extranjería.
«Con la dignidad que aprendimos de España, no volveremos a ella mientras se nos someta a la humillación de presentar un permiso para poder visitar lo que nunca hemos considerado ajeno», observaron los intelectuales.
«Los hispanoamericanos no podemos ser tratados por España como unos forasteros más. Aquí hay brazos y cerebros que ustedes necesitan», agregaron.
«La rueda de la riqueza de las naciones se parece a la rueda de la fortuna. No es conveniente que en los días de opulencia se les cierre en las narices la puerta a los parientes pobres. Quizá un día nosotros tengamos también que abrirles a los hijos de España las puertas, como tantas otras veces ha ocurrido en el pasado», dijeron.
Dos aspectos dividen al gobierno de la oposición y las organizaciones humanitarias: el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los inmigrantes y la regularización de aquellos que ya están en España y que carecen de permiso de residencia y de trabajo.
Un número indeterminado de inmigrantes, en una cifra que según las fuentes consultadas oscila entre 100.000 y 200.000 personas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia lo que, a su vez, les impide tener autorización para ser contratados para trabajar.
La Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Enrique Múgica, las dos centrales sindicales mayoritarias y decenas de organizaciones humanitarias, exhortaron al gobierno a conceder permiso de residencia a quienes ya están en España, de modo de renunciar a devolverlos a sus países de origen.
Pero el gobierno de Aznar se muestra reacio a acceder a esa solicitud y cree que las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia entorpecen la política migratoria y fomentan el tráfico ilegal de personas al manifestar su posición.
El gobierno manifestó por escrito que, si bien la ayuda a los inmigrantes prestada por esas instituciones es «bienintencionada», puede facilitar «nuevos argumentos a las mafias dedicadas al tráfico de personas» para «la captación de posibles candidatos al tráfico y explotación».
Rodríguez Zapatero admitió que el trámite ante el Tribunal Constitucional puede tardar años, como ocurrió con otros casos. No obstante, consideró importante que esa instancia se pronuncie.
Eso no impide, según el dirigente socialista, que su partido negocie con el gobierno salidas concretas para los inmigrantes y que, en concreto, impidan la expulsión de los «sin papeles» y se regularice su situación, con permisos de residencia y de trabajo. (FIN/IPS/td/mj/pr hd/01
