NAIROBI – Defensoras de los derechos de las mujeres, jueces y abogados lanzaron una campaña coordinada para reformar las leyes de familia que discriminan a las mujeres y las niñas en África.
Si bien la última década trajo importantes avances jurídicos en algunos países, el progreso también estuvo marcado por el estancamiento y los retrocesos. Cada vez más actores influyentes contrarios a los derechos, que suelen contar con abundantes recursos y estar muy bien coordinados, promueven ideologías conservadoras regresivas que buscan derogar las protecciones legales existentes y obstaculizar las reformas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas.
El derecho de familia regula algunos de los aspectos más importantes de la vida cotidiana, como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y los derechos de propiedad. Aunque las constituciones nacionales y los tratados regionales de derechos humanos garantizan numerosas protecciones para las mujeres y las niñas, esas garantías suelen verse socavadas por leyes discriminatorias, contradicciones entre las normas consuetudinarias y las leyes escritas, y una aplicación deficiente.
Las defensoras de los derechos advierten que el derecho de familia se convirtió en un objetivo clave de campañas coordinadas contrarias a los derechos que promueven interpretaciones restrictivas de la familia, los roles de género y los «valores tradicionales», porque determinar quién tiene derechos dentro de la familia establece las bases para decidir qué derechos son finalmente reconocidos y protegidos en toda la sociedad.
«Entienden que, si controlan la familia, controlan la sociedad», afirmó Irene Mbengue, asesora jurídica principal de la oficina de la relatora especial de la Comisión Africana sobre los Derechos de las Mujeres en África, durante la conferencia inaugural de la Red Africana de Derecho de Familia, celebrada en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de agosto. Mbengue habló en representación de la comisionada Janet Ramatoulie Sallah-Njie.
«Si se define quién forma parte de una familia, quién tiene derechos dentro de ella y quién puede tomar decisiones en la familia, se modifica todo el orden social”, agregó.
Esta disputa se está desarrollando en Uganda, donde las defensoras de los derechos sostienen que las modificaciones propuestas a la legislación matrimonial podrían dejar a muchas mujeres divorciadas con escasos derechos sobre los bienes acumulados durante los años que dedicaron a criar a sus hijos, administrar sus hogares y sostener a sus familias.
Jackie Bless Pinyoloya, coordinadora nacional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (Siha, en inglés) en Uganda, explicó que el proyecto de ley no garantiza una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y obliga a las mujeres a demostrar el valor de su trabajo de cuidado no remunerado para poder reclamar su parte.
«En el momento del divorcio, a una mujer le dicen que solo se va con aquello a lo que contribuyó económicamente… Pero ¿quién tiene en cuenta los años que dedicó a cuidar a su familia?», señaló.
Pinyoloya afirmó que la débil aplicación de las protecciones existentes también dejaba a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Los casos de violencia doméstica suelen resolverse de manera informal por las familias o los líderes comunitarios, en lugar de llegar a los tribunales, mientras que las sanciones leves no logran disuadir a los agresores.
Un estudio regional de Igualdad Ahora de 2024 sobre las leyes de familia en 20 países africanos encontró que esta disputa en torno a los bienes matrimoniales se extiende más allá de Uganda. En países como Kenia, Nigeria y Tanzania, la insistencia de los tribunales en demostrar una contribución económica directa perjudica sistemáticamente a las amas de casa, mientras que los jueces tienen dificultades para asignar un valor económico al trabajo de cuidado no remunerado.
El estudio también determinó que muchos países mantienen leyes desiguales en materia de herencia y propiedad, permiten el matrimonio infantil mediante excepciones legales, no tipifican como delito la violación conyugal y siguen reconociendo normas consuetudinarias y religiosas que discriminan a las mujeres y las niñas.
Rehema Namukose, responsable regional sénior de programas para África subsahariana de Musawah, un movimiento mundial por la igualdad y la justicia en las leyes de familia musulmanas, señaló que expresiones como «valores familiares» suelen plantear interrogantes sobre a quiénes representan esos intereses y quiénes tienen la potestad de definirlos.
«Cuando utilizan estas palabras, también hay que preguntarse cuál es el parámetro para definir qué es una familia. ¿Cómo están definiendo palabras como familia? ¿Valores?», afirmó.
Para las defensoras de los derechos, la disputa no se limita a determinadas leyes, sino que también gira en torno a quién tiene el poder de definir la familia que esas leyes buscan proteger.
«Para los actores contrarios a los derechos, los valores familiares significan que el único tipo de familia que debería existir es una familia nuclear, patriarcal y heteronormativa, formada por un hombre, una mujer y sus hijos», sostuvo Deborah Nyokabi, gerenta asociada de Justicia Económica y Derecho de Familia de Igualdad Ahora, conocida en inglés como Equality Now.
Nyokabi agregó que estos argumentos se utilizan para justificar restricciones a la autonomía reproductiva de las mujeres y a sus derechos al divorcio, la herencia y la propiedad, al tiempo que se excluye a las minorías sexuales del reconocimiento legal.
Las personas que participaron de la conferencia de la Red Africana de Derecho de Familia dejaron en claro que defender los avances legales existentes requerirá una mayor coordinación regional, litigios estratégicos y una labor sostenida de promoción de derechos.
Anna Mutavati, directora regional de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional, habló sobre la necesidad de tomar la iniciativa y establecer la agenda. «No deberíamos estar tratando de ponernos al día ni tampoco deberíamos estar a la defensiva», explicó.
Mutavati instó a las defensoras de los derechos a coordinarse entre los distintos países para hacer frente a movimientos contrarios a los derechos cada vez más organizados y destacó la necesidad de «…seguir impulsando más derechos y ampliándolos, en lugar de limitarnos a proteger lo que ya tenemos», ya que defender los avances legales del pasado ya no es suficiente.
El mayor desafío ahora es garantizar que las protecciones legales lleguen a las mujeres a las que están destinadas, agregó.
Robert Eno, secretario del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, explicó que muchas de las protecciones legales más sólidas de África para las mujeres y los niños todavía no se traducen en la vida cotidiana, ya que las garantías constitucionales y los tratados regionales a menudo no consiguen modificar lo que sucede dentro de las familias.
«Existen importantes reformas consagradas en disposiciones constitucionales, leyes y compromisos regionales», afirmó Eno. «Sin embargo, en muchas comunidades, la distancia entre la ley y la realidad cotidiana sigue siendo considerable”.
Señaló como ejemplo el histórico fallo del Tribunal Africano contra Mali, que rechazó el argumento del Gobierno de que las leyes consuetudinarias o religiosas podían prevalecer sobre sus obligaciones en virtud del Protocolo de Maputo. El fallo confirmó que el matrimonio requiere el consentimiento libre de ambos cónyuges y que la igualdad dentro de la familia no puede separarse de la igualdad ante la ley.
Sin embargo, las sentencias judiciales por sí solas no podían desmantelar la discriminación arraigada, afirmó ante IPS Mumbi Ngugi, jueza del Tribunal de Apelaciones de Kenia.
«La legislación avanzó considerablemente. La jurisprudencia favorece los derechos de las mujeres y de los niños. El problema es la aplicación», señaló.
Muchas mujeres, particularmente en las comunidades rurales, desconocían que esos derechos existían o no podían afrontar los costos de hacerlos valer, explicó. Agregó que las garantías constitucionales tenían poco significado si las mujeres no podían acceder a los tribunales o ejercer los derechos que ya tenían.
Chikwangu Katana, un anciano de la aldea de la subdivisión de Digirikani, en el condado keniano de Kilifi, afirmó que muchas familias seguían resolviendo sus conflictos mediante sistemas consuetudinarios.
«Las personas tienen que entender por qué las cosas están cambiando. Si no lo entienden, no lo van a aceptar», sostuvo.
Nyokabi señaló que para convertir las protecciones legales en una realidad cotidiana será necesario que los gobiernos y la sociedad civil trabajen con líderes religiosos y tradicionales y, al mismo tiempo, fortalezcan las redes regionales, como la Red Africana de Derecho de Familia, que permite a las defensoras compartir estrategias jurídicas y promover leyes de familia más igualitarias y compatibles con las sociedades africanas.
Uno de estos esfuerzos ya está en marcha a través del Comité de Derecho de Familia de la East African Law Society. Abogados de ocho países están documentando desafíos jurídicos comunes, desde disputas transfronterizas por la custodia de los hijos y adopciones hasta tecnologías de reproducción asistida, mediación y arbitraje, con el objetivo de elaborar recomendaciones para los organismos de reforma legislativa de toda la región.
Patricia Mundia, presidenta del comité, señaló que el proceso también ayudará a los profesionales a desarrollar enfoques comunes frente a cuestiones de derecho de familia que cada vez trascienden más las fronteras nacionales.
Sin embargo, mantener estos esfuerzos requerirá recursos, en un contexto en el que las organizaciones de derechos de las mujeres compiten por fondos de donantes cada vez más escasos.
Rose Buabeng, responsable sénior de programas de financiamiento del Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres, afirmó que el financiamiento destinado a los derechos de las mujeres y al activismo feminista se estaba volviendo cada vez más limitado en medio de una creciente reacción contra estos avances. A
gregó que el AWDF adaptó sus procesos de financiamiento para responder con mayor rapidez a las necesidades de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
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