El intento de golpe de Estado que terminó por consolidar la democracia en España, restaurada tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, cumplirá este viernes su 20 aniversario sin que aún se conozca la identidad de todos sus impulsores.
El 23 de febrero de 1981 un grupo militar al mando del teniente coronel Antonio Tejero asaltó el parlamento y mantuvo allí secuestrados al gobierno en pleno, encabezado por su presidente, Adolfo Suárez, a todos los diputados y senadores, personalidades y a periodistas que cubrían la sesión.
Esa acción armada formaba parte de un movimiento más amplio, con militares y civiles complotados para imponer un nuevo gobierno inclinado hacia la derecha.
Los sectores más conservadores del país consideraron peligroso el accionar del gobierno de Suárez, que había legalizado el Partido Comunista y promulgado dos leyes de amnistía que liberaron incluso a miembros del grupo ilegal vasco ETA condenados por hechos violentos.
El parlamento estaba reunido en pleno ese 23 de febrero para votar la designación de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, en sustitución del renunciante Suárez, ambos de la Unión de Centro Democrático (UCD).
La renuncia de Suárez, según se supo años después, estuvo orientada precisamente a poner fin a una campaña en favor de un «golpe blando», que pretendía presionar para que se constituyera un gobierno de coalición, pero sin sacar las tropas a la calle.
Varios hechos se conjugaron para frustrar el intento de golpe de Estado militar y consolidar así el proceso de democratización iniciado tras la muerte del dictador Franco.
Uno de ellos fue la movilización de todas las fuerzas sociales y los mensajes recibidos del exterior advirtiendo que España quedaría aislada del resto de Europa si se alteraba el orden constitucional.
También fue clave la clara y decidida actividad del rey Juan Carlos en defensa de la Constitución y lograr, tras varias de horas de comunicación telefónica, la subordinación de los mandos militares a su condición de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El «golpe blando», que nunca llegó a concretarse, lo habían promovido, con mayor o menor implicación, jefes militares en actividad y personalidades de los partidos políticos más consolidados.
El periodista Javier Fernández López aseguró en un libro que entre esos políticos se encontraban Ramón Tamames, entonces dirigente del Partido Comunista, Enrique Múgica, del Partido Socialista Obrero Español y el fallecido Francisco Fernández Ordóñez, de la UCD.
Fracasado el «golpe blando», los promotores del 23 de febrero buscaban el mismo objetivo, que era obtener un respaldo claro y contundente del resto de los jefes militares para obligar al Rey a proponer al parlamento un candidato alternativo a Calvo Sotelo e instaurar un gobierno de coalición volcado a la derecha.
El nombre que más sonó entonces fue el del general Alfonso Armada, quien hasta cuatro años antes se había desempeñado como secretario general de la Casa del Rey.
Apenas asaltado el Congreso, el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada en la Casa Real, recibió una llamada del también general Juste Fernández, jefe de la división acorazada Brunete, con cuarteles en Madrid y considerada decisiva en cualquier enfrentamiento.
Juste Fernández preguntó si Armada estaba en la Zarzuela, residencia y oficina de trabajo del monarca y de su equipo. Pero Fernández Campo respondió con una frase que luego se haría famosa: «No está ni se le espera».
El jefe de la Brunete, quien había movilizado su división acorazada, a partir de esa conversación la mantuvo en estado de alerta, pero cumpliendo las órdenes del Rey, acatando los poderes constitucionales y manteniendo las tropas en sus cuarteles.
Juan Carlos, para evitar el vacío de poder producido tras el secuestro de las autoridades gubernamentales, dispuso también la formación de un gobierno provisional presidido por Francisco Laína, uno de los secretarios de Estado que no estaba en el Congreso cuando fue asaltado por Tejero.
Ese gobierno interino se mantuvo reunido en el hotel Palace, ubicado a escasos 50 metros de la sede parlamentaria y en comunicación permanente con La Zarzuela.
No obstante, la dudosa gestión de Armada y su pasada relación con el Rey, más la tardanza del mismo Juan Carlos en llegar con un mensaje a los ciudadanos despertó rumores e informaciones periodísticas que involucraban a éste en el intento golpista.
Uno de los argumentos más fuertes en favor de esa tesis fue la salida de los tanques a la calle en la ciudad de Valencia, que comandaba el teniente general Jaime Miláns del Bosch, un franquista de toda la vida y vinculado personalmente al Rey.
Esos tanques no regresaron a los cuarteles hasta que Juan Carlos dirigió un mensaje al país, reclamando la vuelta a la legalidad.
La ocupación del Congreso se produjo a las 18:25 hora local y sólo se anunció que se emitiría el mensaje del Rey a las 22:30, mientras Fernández Campo seguía hablando, por delegación del monarca, con los generales. Muchos de ellos insistían en la «solución Armada», refiriéndose al general Alfonso Armada.
Tras vencer varios inconvenientes técnicos, el mensaje real fue emitido a la 01:12 hora local del día siguiente, el 24 de febrero.
A esa misma hora, mientras toda la población estaba pendiente de las palabras de Juan Carlos, otra unidad de la policía militar llegaba a la sede del parlamento para apoyar al golpista Tejero.
Las dudas que podrían haber surgido sobre el rechazo del monarca a los golpistas se disiparon al escuchar su discurso.
«Para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente», dijo Juan Carlos en forma tajante.
Ocho minutos después de emitido este mensaje la unidad militar más fuerte de los golpistas, comandada por Miláns del Bosch, continuaba con sus tanques en las calles de Valencia. Entonces el Rey envió un télex personal al general rebelde.
Juan Carlos le notificó por esta vía su decisión de mantener el orden constitucional y le aclaró que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, (sino que) es contra el Rey».
También le ordenó a Miláns del Bosch que transmitiera instrucciones a Tejero para que depusiera de inmediato su actitud, ya que éste sólo obedecía las órdenes de ese teniente general.
El Rey juró en esa comunicación que «ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil».
No obstante, fueron necesarias muchas horas más, con el golpe ya abortado, para que Tejero se rindiera y liberara a los secuestrados.
Las cabezas visibles de ese golpe de Estado frustrado se sentaron en el banquillo de los acusados ante la justicia, pero las conclusiones del juicio no conformaron a todos.
Quedaron incógnitas sin despejar sobre quienes fueron los verdaderos cómplices de Tejero, Armada y Miláns del Bosch, tanto civiles como militares.
Sin embargo, eso no influyó en la honda reacción que el intento de golpe produjo en la sociedad española y que, paradójicamente, terminó consolidando la democracia.
Entre las cuestiones sospechosamente poco investigadas quedaron el papel que el servicio de inteligencia español CESID y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos jugaron en apoyo de Miláns del Bosh y de Tejero y que ahora comienza a ser divulgado. (FIN/IPS/td/dm/ip/01
