México escribió un histórico precedente en la justicia universal al conceder la extradición a España del ex represor argentino Miguel Cavallo, medida que Gran Bretaña no quiso adoptar con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, pero el acusado aún tiene esperanzas de evitar su traslado.
El gobierno mexicano, con la decisión de ratificar lo recomendado en enero por un juez local, envió al mundo el mensaje de que aun en tiempos de paz la justicia de un país ajeno al de un acusado de crímenes contra la humanidad puede procesarlo, señalaron grupos humanitarios.
La cancillería del gobierno de Vicente Fox informó el viernes por la noche que, según lo establecido en un acuerdo bilateral al respecto con España, extraditará a Cavallo a ese país, donde lo reclama el juez Baltazar Garzón, el mismo que quiso juzgar a Pinochet, pero sin éxito.
Los abogados de Cavallo, un ex militar de la dictadura argentina (1976-1983) devenido en exitoso empresario, señalaron que pedirán un amparo ante cortes superiores para evitar la extradición, lo que podría alargar el proceso hasta noviembre.
Sin embargo, son escasas las esperanzas del acusado de seguir en México, donde fue detenido en agosto, o de regresar a Argentina, donde leyes de amnistía lo protegen de los tribunales, coinciden en apuntar expertos en materia legal.
La decisión del gobierno de México es histórica, pues constituye un ejercicio de jurisdicción interna de un estado para hacer valer la universalidad de los derechos humanos, dijo Oscar González, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Además, este será el primer caso en que se juzgará a una personas por crímenes contra la humanidad en tiempos de paz y a petición de un juez civil, y en contra del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito y menos aún en un país extranjero al del inculpado, agregó.
González sostuvo que, gracias a México, hoy está claro que cuando se trata de delitos imprescriptibles, como son los que atentan contra la humanidad, no hay ni puede haber leyes o fórmulas de autoamnistía que pasen por encima del juicio justo y del proceso debido.
La justicia y el gobierno de México se convirtieron con el caso Cavallo en los primeros del mundo que deciden con hechos que se puede aplicar la ley de forma extraterritorial y entregar a un acusado a un país donde no tuvieron lugar los hechos que se le imputan.
Este país, hasta el fin del gobierno de Ernesto Zedillo (1994- 2000), el último del Partido Revolucionario Institucional en 71 años, siempre se había opuesto a la aplicación extraterritorial de la ley.
Con Fox, en funciones desde diciembre, el país escribió otra historia.
Gran Bretaña tuvo en sus manos la posibilidad de anticiparse a México, aunque respecto de Pinochet, acusado también de crímenes contra la humanidad, pero lo dejó ir a su país en marzo de 2000.
No obstante, el ex dictador es procesado ahora y cumple arresto domiciliario por sus presuntos delitos cometidos durante la dictadura que encabezó en Chile entre 1973 y 1990.
Queda claro de que aquí en adelante ni la usurpación del poder ni el golpe de Estado ni la ruptura del orden constitucional ni el abuso de la fuerza ni la violación sistemática de los derechos humanos ni los fueros ni las autoamnistías pueden escapar al brazo de la justicia, opinó González.
Cavallo, quien durante la dictadura de Argentina participó en un grupo de represión y persecución contra disidentes, fue detenido en México, donde se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos, luego de que el diario Reforma lo identificó.
Desde su detención en agosto, Cavallo negó haber sido un represor, pero las investigaciones demostraron que era la misma persona llamada Sérpico o Marcelo, capitán de corbeta de la Armada argentina y miembro del desaparecido Grupo de Tareas GT 3.3.2, integrado por elementos de inteligencia de la dictadura.
Los policías mexicanos que detuvieron al ex represor le dijeron ese día que tenía derecho a realizar una llamada telefónica, pero éste no se comunicó con su familia o abogados, sino que llamó a los servicios de inteligencia de la armada argentina, indicaron versiones de prensa.
El ministro de Defensa de Argentina, Ricardo López, cuestionó días atrás la posible extradición a España del ex militar, ahora resuelta. Sin embargo, Buenos Aires no ha reclamado en forma oficial a México por su actitud en el caso.
«El gobierno argentino reivindica el principio de territorialidad de la ley penal (…), el concepto de cosa juzgada y también el criterio de no reconocer a ningún país de la Tierra la capacidad de ser corte de apelaciones de las decisiones adoptadas por la justicia argentina», declaró López.
El juez Garzón, de España, instruyó un sumario en contra de 99 militares argentinos por delitos de genocidio, terrorismo y tortura, con base a documentación aportada por familiares y sobrevivientes de la represión en la que habría participado Cavallo.
Garzón recurrió al principio de justicia universal para pedir a México la extradición del ex militar. En España, las penas que podrían imputarse al acusado, en caso de ser declarado culpable, son de más de 25 años de prisión por genocidio, 30 por terrorismo y hasta ocho año por tortura.
Esos delitos son imprescriptibles y obligatorios para todos los países, apuntan grupos humanitarios, quienes citan para el caso al Tribunal de la Haya, el Estatuto de Nuremberg y los Convenios de Ginebra.
El grupo militar al que perteneció Cavallo, quien parece estar a las puertas de ir a España, se dedicaba entre otros cosas a torturar, secuestras, robar y falsificar documentos. Los testigos sostienen que el acusado era uno de los más duros represores. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
